Con los pelos de punta

Los empresarios del turismo vuelven a sudar la gota gorda ante la presencia de ómicron, la nueva variante del COVID -19 que avanza, imparable, por el sur de África y Europa, y se despliega por el continente americano donde a diario se reportan casos de contagios. La cepa, detectada el mes pasado en Sudáfrica, está asociada con una mayor transmisión y riesgo de reinfección, lo que ha comprometido a varios gobiernos a restablecer medidas restrictivas, como las de exigir pruebas de vacunación y, en algunos casos, prohibir el acceso a viajeros provenientes de países donde se agudizan los repuntes.

Las alarmas se han encendido, pese a que hasta el momento no se reportan muertes relacionadas con el nuevo virus, ni se conoce su poder de contagio como, tampoco, su capacidad para soslayar la efectividad de las actuales vacunas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que dentro de un par de semanas se conocerá el nivel de exposición del cuadro clínico de la infección; pero, por ahora, mantiene las advertencias, basadas en observaciones preliminares, sobre un riesgo mundial “muy alto”, con posibles “consecuencias severas”.

La incertidumbre sobre las eventuales implicaciones derivadas de la variante, sumada a las drásticas decisiones implementadas en algunos destinos, tiene en ascuas al sector turístico, dado el impacto que pueda ocasionar en el desenvolvimiento de la actividad, justo cuando se empiezan a observar las primeras luces en el camino hacia su recuperación y se prende la principal y más rentable temporada vacacional del año, con motivo de las festividades navideñas. Aunque la demanda no se ha visto mayormente afectada, hasta el momento, la subida de contagios, particularmente en Europa, muestra una ligera disminución de las reservas y un aumento en las cancelaciones hacia destinos puntuales.

Al restablecimiento de las restricciones migratorias a la que acuden cada vez más países, reviviendo en la memoria los momentos críticos de la pandemia durante 2020, se suman las prohibiciones -en vías de generalizarse por el mundo- a quienes no cuenten con certificado de vacunación autorizado, para acceder a espectáculos, eventos, restaurantes, recintos de entretenimiento o lugares de interés turístico. La aplicación de estas medidas, promovidas para evitar que la variante se propague con su inusitada rapidez y multiplique las cifras de víctimas, provoca, finalmente, un gravoso coletazo al sector turístico.

El regreso de las listas rojas incluye, por ahora, el cierre de fronteras a nacionales de países con bajas tasas de vacunación o incrementos en los niveles de incidencia de la infección, junto con mayores controles para el acceso de viajeros autorizados. La cascada de destinos que la aplican crece a diario. Estados Unidos, que recién abría plenamente sus fronteras al turismo, tras 20 meses de prohibición, reactivó ciertos requisitos sanitarios, entre ellos la presentación de un test negativo de coronavirus, obligatorio para todos sus visitantes, tomado 24 horas antes de la llegada a sus aeropuertos.

En América Latina siete gobiernos -Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay, al igual que Brasil y Argentina donde se ha detectado la presencia de la cepa- anunciaron restricciones de ingreso a turistas, en principio dirigidas a viajeros que provengan de los países africanos, tal como ya lo habían hecho la Unión Europea, Japón, Australia y Canadá, luego de revelarse casos de infecciones con la misma variante en una docena de destinos en el Viejo Continente, importados por pasajeros provenientes de Sudáfrica.

En Colombia, las medidas tomadas al momento de escribir esta columna no han sido restrictivas y en un principio solo se exigiría aislamiento a los viajeros que lleguen desde el continente africano, en caso de que presenten síntomas de la enfermedad. La respuesta, hasta ahora, es proporcional al nivel de la amenaza, pero la posibilidad de una nueva ola de la pandemia, implica, sin embargo, ser particularmente cauteloso en el manejo de la variante para evitar un salto en el moderado número de contagios con el que se cuenta hoy en día. Exigir a los viajeros el porte del carné de vacunación o, en su defecto, la prueba PCR, es una alternativa responsable que, muy seguramente, se habrá de tomar más pronto que tarde.

El país, apenas, alcanza el 50% de la población con dosis de vacunación completa -24.800 personas-, cifra, aún, lejana para alcanzar la inmunidad de rebaño, y para la que se requeriría extender la vacunación a 35 millones 735 mil personas. Ante la incertidumbre sobre el potencial de riesgo de la nueva variante se requiere acelerar la vacunación, enfrentando la barrera de desinformación que ha dado al traste con los esfuerzos de convencer a la gente de algo tan elemental, como es el hecho de que por el mundo circula un virus letal y mutante.

La humanidad enfrenta una carrera contra el tiempo en un planeta donde más de la mitad de la población está sin inocular, en buena parte por la irresponsable inequidad en la distribución de los fármacos en perjuicio de las naciones más pobres, pero, también, por el rechazo extendido de los grupos antivacuna y antirestricciones.

El sector turístico -como todo el aparato productivo- se encuentra con los pelos de punta por la propagación de ómicron, cuyos potenciales efectos pueden conducir a nuevos confinamientos, con freno a la conectividad aérea y consecuencias sanitarias y económicas devastadoras, traducidas en pérdidas de vidas y de empleos. Bien lo advierte el director general de la OMS: podríamos pensar que hemos terminado con el COVID-19, pero lo cierto es que es él el que no ha terminado con nosotros.

En campo ajeno. En el texto de un proyecto contra la corrupción que se discute en el decadente Congreso de la República, se incluye un artículo que contempla millonarias multas y penas de prisión contra quienes profieran “injuria o calumnia” contra funcionarios o exfuncionarios públicos, en una pretendida intención de amordazar a quienes denuncien la corrupción oficial, la misma que es promovida -salvo algunas excepciones- por la clase política que se pasea por la administración pública para engullirse el presupuesto nacional. El autor, un reconocido político del controvertido clan Char, con intereses en la Costa Atlántica y en organismos de control, de nombre Cesar Lorduy, miembro de Cambio Radical.

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