Desde los años 80 Colombia ha estado en la mira de las alertas de viaje que periódicamente emite Estados Unidos para informarles a sus ciudadanos sobre eventuales riesgos de seguridad durante su visita al resto de naciones del mundo. Encasillado dentro de esa constante, el país aparece registrado en el último informe, conocido la semana pasada, donde se advierte sobre el elevado nivel de exposición al que posiblemente estarían sujetos los turistas que decidan visitar, por lo menos, la mitad de nuestro territorio nacional.
Según el aviso oficial, cinco departamentos, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Arauca y Nariño, generan máximo riesgo —a excepción de Cúcuta, Popayán y el municipio chocoano de Nuquí— y frente a esa circunstancia la recomendación que hace el Departamento de Estado es la de no viajar por esos lugares. Pero, además, plantea reconsiderar los recorridos por Antioquia, Cesar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada, que suman en total 17 departamentos, todos ellos bajo la lupa gringa por los problemas de orden público.
Aunque el informe incluye la misma cantidad de departamentos que figuraron en la notificación del año pasado, la novedad se observa en Nariño, que entonces era un destino para reconsiderar y que ahora pasa a ser de alto riesgo. Para el gobierno de Estados Unidos, en todas estas regiones del territorio nacional operan grupos disidentes que se rehúsan a desmovilizarse y pueden atacar, con poca o ninguna advertencia, lugares turísticos, aeropuertos, restaurantes, hoteles y otras áreas y establecimientos públicos.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, sin embargo, da un parte de tranquilidad frente a la alerta, al recordar que estas advertencias siempre han existido y que no ve posible que con ellas se disminuya la visita de turistas extranjeros al país. Precisa que Colombia se ha mantenido desde hace un par de años perfilado en el mismo lugar, en la categoría 2 de los travel advisories —en la que se invita a los turistas a ejercer precaución elevada—, compartiendo los mismos rasantes de riesgo con países de reconocida fortaleza turística, como México, España y Brasil.
Pero en un destino incipiente como el nuestro, y en una industria tan sensible a la inseguridad ciudadana y al terrorismo, las advertencias no hay que pasarlas de lado, pues no están exentas de tener algún impacto relevante en la decisión de viaje de turistas, estudiantes y empresarios, los mismos que vienen siendo notificados sobre los sobresaltos de orden público que nos sacuden desde las complejas épocas de Pablo Escobar. Aquellas en las que el país fue desterrado del escenario internacional, por culpa de los brotes de una violencia que nos ha sido endémica y que ha excluido y fragmentado la sociedad, sin que los gobiernos hayan hecho lo suficiente para revertir la situación.
El escenario en materia de seguridad que vive el país sigue mostrando resultados preocupantes y las alentadoras expectativas del posconflicto, tras el acuerdo de desmovilización de las Farc, parecen desinflarse poco a poco. Con el título de “Alerta roja”, la revista Semana presenta en su última edición un revelador informe sobre el desplome del orden público, mientras la Fundación Ideas para la Paz advierte que Colombia atraviesa un momento crítico de transición, con una paz a medias y un conflicto armado que continúa vigente.
La falta de decisión política y de presencia estatal para aprovechar y promover el desarrollo de los territorios dejados por el grupo guerrillero ha permitido el crecimiento del Eln, con aumento de sus acciones terroristas, y de otras agrupaciones criminales como el Epl, el Clan del Golfo, los Caparrapos, los grupos residuales del paramilitarismo y las disidencias farianas, que continúan apropiándose de vastas regiones del país, como el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el sur de Córdoba y el norte del Chocó y de Santander, entre otras regiones.
La posición del Gobierno sobre el Acuerdo de Paz, en la que prima su obsesión por introducirle reformas a lo ya establecido y comprometido, además de la decisión de excluir del Plan de Desarrollo algunos de los puntos más importantes para sacarlo adelante, de su negativa a negociar con otros actores de la violencia y de la disminución de la presión militar para aniquilar a estos grupos delincuenciales organizados, viene facilitando la degradación del orden público en todo el territorio nacional, con perspectivas poco favorables.
Los grupos armados ilegales se siguen fortaleciendo y las cifras de sus atrocidades se mantienen en alza, acercándose a los niveles de violencia que se registraban al inicio de las negociaciones de paz con las Farc. Las alertas de viaje de los Estados Unidos, que ponen a la mitad del territorio en la picota pública en materia de seguridad, son otra señal de que las cosas no marchan bien. Y mientras no se agarre el toro por los cachos, el país seguirá con su larga pesadilla, y el turismo —hoy en alza— podría recibir una estocada final.
Desde los años 80 Colombia ha estado en la mira de las alertas de viaje que periódicamente emite Estados Unidos para informarles a sus ciudadanos sobre eventuales riesgos de seguridad durante su visita al resto de naciones del mundo. Encasillado dentro de esa constante, el país aparece registrado en el último informe, conocido la semana pasada, donde se advierte sobre el elevado nivel de exposición al que posiblemente estarían sujetos los turistas que decidan visitar, por lo menos, la mitad de nuestro territorio nacional.
Según el aviso oficial, cinco departamentos, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Arauca y Nariño, generan máximo riesgo —a excepción de Cúcuta, Popayán y el municipio chocoano de Nuquí— y frente a esa circunstancia la recomendación que hace el Departamento de Estado es la de no viajar por esos lugares. Pero, además, plantea reconsiderar los recorridos por Antioquia, Cesar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada, que suman en total 17 departamentos, todos ellos bajo la lupa gringa por los problemas de orden público.
Aunque el informe incluye la misma cantidad de departamentos que figuraron en la notificación del año pasado, la novedad se observa en Nariño, que entonces era un destino para reconsiderar y que ahora pasa a ser de alto riesgo. Para el gobierno de Estados Unidos, en todas estas regiones del territorio nacional operan grupos disidentes que se rehúsan a desmovilizarse y pueden atacar, con poca o ninguna advertencia, lugares turísticos, aeropuertos, restaurantes, hoteles y otras áreas y establecimientos públicos.
El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, sin embargo, da un parte de tranquilidad frente a la alerta, al recordar que estas advertencias siempre han existido y que no ve posible que con ellas se disminuya la visita de turistas extranjeros al país. Precisa que Colombia se ha mantenido desde hace un par de años perfilado en el mismo lugar, en la categoría 2 de los travel advisories —en la que se invita a los turistas a ejercer precaución elevada—, compartiendo los mismos rasantes de riesgo con países de reconocida fortaleza turística, como México, España y Brasil.
Pero en un destino incipiente como el nuestro, y en una industria tan sensible a la inseguridad ciudadana y al terrorismo, las advertencias no hay que pasarlas de lado, pues no están exentas de tener algún impacto relevante en la decisión de viaje de turistas, estudiantes y empresarios, los mismos que vienen siendo notificados sobre los sobresaltos de orden público que nos sacuden desde las complejas épocas de Pablo Escobar. Aquellas en las que el país fue desterrado del escenario internacional, por culpa de los brotes de una violencia que nos ha sido endémica y que ha excluido y fragmentado la sociedad, sin que los gobiernos hayan hecho lo suficiente para revertir la situación.
El escenario en materia de seguridad que vive el país sigue mostrando resultados preocupantes y las alentadoras expectativas del posconflicto, tras el acuerdo de desmovilización de las Farc, parecen desinflarse poco a poco. Con el título de “Alerta roja”, la revista Semana presenta en su última edición un revelador informe sobre el desplome del orden público, mientras la Fundación Ideas para la Paz advierte que Colombia atraviesa un momento crítico de transición, con una paz a medias y un conflicto armado que continúa vigente.
La falta de decisión política y de presencia estatal para aprovechar y promover el desarrollo de los territorios dejados por el grupo guerrillero ha permitido el crecimiento del Eln, con aumento de sus acciones terroristas, y de otras agrupaciones criminales como el Epl, el Clan del Golfo, los Caparrapos, los grupos residuales del paramilitarismo y las disidencias farianas, que continúan apropiándose de vastas regiones del país, como el Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el sur de Córdoba y el norte del Chocó y de Santander, entre otras regiones.
La posición del Gobierno sobre el Acuerdo de Paz, en la que prima su obsesión por introducirle reformas a lo ya establecido y comprometido, además de la decisión de excluir del Plan de Desarrollo algunos de los puntos más importantes para sacarlo adelante, de su negativa a negociar con otros actores de la violencia y de la disminución de la presión militar para aniquilar a estos grupos delincuenciales organizados, viene facilitando la degradación del orden público en todo el territorio nacional, con perspectivas poco favorables.
Los grupos armados ilegales se siguen fortaleciendo y las cifras de sus atrocidades se mantienen en alza, acercándose a los niveles de violencia que se registraban al inicio de las negociaciones de paz con las Farc. Las alertas de viaje de los Estados Unidos, que ponen a la mitad del territorio en la picota pública en materia de seguridad, son otra señal de que las cosas no marchan bien. Y mientras no se agarre el toro por los cachos, el país seguirá con su larga pesadilla, y el turismo —hoy en alza— podría recibir una estocada final.