La crisis de conectividad aérea que enfrenta Venezuela amenaza con extenderse al sur del continente.
Comienza a ponerle el ojo a la Argentina, país que se desenvuelve dentro de un contexto político y económico que reúne ciertas semejanzas con el de la República Bolivariana. Ambas naciones padecen de crónicos problemas de inflación, devaluación de la moneda, caída de reservas, control de cambios y una severa polarización política. De contera, ocupan los primeros lugares en la calificación mundial de crecimiento de riesgo.
Después de dos años de forcejeo, la pésima relación de las aerolíneas con el gobierno de Maduro se encuentra en lo más alto de la cresta y la consecuencia es una virtual parálisis del sector que golpea el empleo y tiene seriamente restringidos los flujos de emisión y recepción aérea. Un par de empresas internacionales que operan el mercado venezolano, Air Canadá y Alitalia, suspendieron sus operaciones -aunque esta última anunció su regreso con restricción de frecuencias a partir de noviembre- y las 24 restantes redujeron a la mitad la disponibilidad de sus asientos y dejaron de volar hacia buena parte de sus habituales rutas.
Venezuela adeuda a las compañías aéreas una cifra superior a las US$4 mil millones, casi equivalente a la quinta parte de las reservas internacionales del país. Las reuniones del Gobierno con representantes empresariales para la búsqueda de acuerdos no han producido humo blanco por cuanto las propuestas oficiales, en los dos años del litigio, se mantienen inalterables: bonos soberanos, canje de deuda por gasolina o pagos parciales con tipos de cambio a tasas devaluadas con respecto al valor de venta de los pasajes.
En las últimas semanas el tinglado se trasladó a la Argentina tras la decisión de American Airlines de restringir la comercialización de tiquetes para vuelos a futuro, programados a más de 90 días. El argumento de la polémica medida es la amenaza latente en torno a las restricciones e imprevisibilidad en el mercado cambiario local, que podría dar pie a sensibles pérdidas en el momento de convertir los pesos gauchos en los dólares que se van a repatriar. Además, los temores se agudizan con la decisión del gobierno de reducir de US$300 mil a US$150 mil el tope de divisas diario que las empresas pueden girar al exterior, cifra que resulta inferior a los US$200 mil que genera cada avión despachado.
La incertidumbre aumenta ante la posibilidad de que el ejemplo de American sea seguido por compañías como United Airlines que podría sumarse a lo que el gobierno argentino califica como una acción coordinada de desgaste hacia la credibilidad del país, promovida por los Estados Unidos. Sin embargo, el conato de crisis viene de meses atrás cuando South African Airways canceló su vuelo directo a Johannesburgo, y la United y la British Airways redujeron sus frecuencias, alegando una drástica disminución de pasajeros.
Mientras Maduro y la presidenta Fernández se mantienen lanza en ristre contra las líneas de aviación que los desafían, acusándolas de chantajear y generar ataques especulativos contra sus países, las compañías pelean por lo suyo: defender sus dineros y exigir respeto por los convenios bilaterales en materia aeronáutica que tienen rango de ley. Por ahora, la solución viable para evitar el agravamiento de los conflictos sería tender puentes entre las partes, posibilidad que –al menos en Venezuela– parece estar en las nubes.
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