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La erosión costera es un proceso de pérdida del territorio marino, con impacto económico y social, generado por diversos factores, principalmente, aquellos provocados por los fenómenos naturales. Numerosas zonas ribereñas del país se encuentran amenazadas por la variabilidad climática de la región, pero, sin duda, entre las más castigadas están las de la turística Cartagena, ciudad que, en la última década ha reducido su línea costera en más de 80 metros, debido a los efectos erosivos y a los mares de leva.
La pérdida de esa franja de costa es solo el comienzo, pues según el Gobierno Nacional, hoy en día, el cien por ciento de las playas cartageneras enfrenta riesgo de erosión, ultimátum que se extiende al propio patrimonio histórico, con un 86% en condición de peligro, y a las viviendas y a la población cercana a sus orillas, abocadas a posibilidad de inundación en un 26%. Este perturbador panorama se agudiza por el aumento del nivel del mar y las inmanejables subidas de las mareas, consecuencia de eventos extremos, como el cambio climático, pero, además, por la inapropiada planificación de infraestructura colindante, responsabilidad de las autoridades administrativas.
El constante oleaje, en particular, supera las máximas cotas y, además, de sepultar la arena, golpea las edificaciones vecinas, penetra en ellas e inunda las vías, poniendo en condición de peligro tanto a turistas como a residentes cercanos al litoral. Sectores como Bocagrande, turísticos por excelencia, son víctimas de dichas afectaciones, cada vez más fuertes y frecuentes, que vienen acelerando el proceso de reducción del ancho de su playa.
Conforme a estudios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para el año 2040, y de acuerdo al Plan 4C, Cartagena Competitiva y Compatible con el Clima, el aumento del nivel medio del mar sería de 15 a 20 cm, lo cual implicaría una elevada situación de riesgo para más de 80% de los barrios de la ciudad. de no.
Para empezar a buscarle soluciones al problema con las obras necesarias de adaptación, desde el gobierno de Juan Manuel Santos se formalizó un megaproyecto de protección costera, financiado en un 70% con recursos nacionales. Surgió enredado entre cuestionamientos técnicos, se postergó en tres ocasiones y solo hasta mediados de diciembre pasado se puso en marcha, desestimando las apreciaciones del pasado.
La obra, requerida prioritariamente por los cartageneros, se encamina a frenar el deterioro de todo el borde costero del Distrito, ocasionado por el impetuoso avance del mar e incluirá la construcción de espolones, rompeolas y una escollera longitudinal, especie de dique bajo el agua que servirá de defensa contra el oleaje. Tendrá un costo de $160 mil millones y abarcará una intervención de 4.5 kilómetros de playas, con la expectativa de que otra administración extienda su cobertura en tres kilómetros más.
De sus tres fases, que cubren la franja costanera, desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta el Centro Histórico, la primera, de 460 metros de protección marginal, acaba de terminarse. Resguarda tramos de la avenida Santander y parte del patrimonio que soporta el atractivo turístico del destino. La segunda implica la construcción de una escollera de 1.4 km de longitud, desde el monumento Unión de Los Océanos hasta el espolón 6, y se prevé lista en 120 días. La última irá desde Bocagrande hasta el espolón Iribarren para que, a finales de julio, el fruto final pueda ser inaugurado por Iván Duque, en la agonía de su gobierno.
El proyecto, hasta la fecha, avanza de acuerdo con el cronograma, pero sigue rodeado de plantones y controversias. El Comité Técnico de Patrimonio Cultural denunció eventual perjuicio a la escollera sumergida de la marina, y habitantes formulan inquietudes por la posible afectación visual, carente de un entorno amigable, dado el tamaño de las rocas usadas en ciertas áreas. Por su parte, los servidores turísticos, como se les denomina a los vendedores callejeros y estacionarios de las playas, se han tomado en protesta puntos de obra, exigiendo compensación y garantías para retornar a sus actividades, una vez concluyan los trabajos.
La protección costera en Cartagena es un proyecto prioritario para evitar que la ciudad sea devorada por el mar. El Gobierno Nacional, promotor de las obras, mediante la figura de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, conoce muy bien las alarmas, por lo que está obligado a imprimir eficiencia y transparencia en su ejecución, bajo el marco de la legalidad y la responsabilidad social.
En La Heroica se tendrá que poner la lupa, con ojo vigilante, para evitar cabos sueltos en torno a las denuncias formuladas por los expertos y para socializar reglas claras sobre la compensación a los trabajadores afectados por la suspensión de actividades económicas. Tras tantos años de espera, lo ideal sería no aguar el corte de cinta presidencial y, de ahí, que la mejor decisión esté en amurallar la confianza para impedir que las obras queden sumidas en un mar de dudas y de cuestionamientos.
Del sector. La cuadragésima primera Vitrina Turística de Anato terminó el pasado fin de semana con cifras bastante alentadoras, por encima de las expectativas preliminares. Estuvieron presentes veinte países y la totalidad de los departamentos colombianos; participaron 24 mil profesionales de la cadena productiva del turismo y, de acuerdo con la presidente ejecutiva de la Asociación, Paula Cortés Calle, se celebraron 150 mil contactos comerciales, que proyectan transacciones cercanas a los USD100 millones.
Twitter: @gsilvar5
