Es marginal el interés que despierta el turismo como industria por parte de quienes aspiran a ser elegidos al Congreso de la República para el próximo cuatrienio. Si bien es cierto que el Ejecutivo es quien marca la pauta y regula la planificación del sector, no estaría de más conocer las propuestas de los potenciales legisladores, a fin de ambientar las mejores condiciones para su despegue, considerando que viene en alza y se perfila —de saberse aprovechar— como un potente motor de desarrollo.
El buen camino del turismo depende de la unidad de esfuerzos entre Gobierno y comunidades, y los congresistas —como sus representantes— deberían sintonizarse sobre las potencialidades de este renglón económico en sus regiones y aportar en la toma de decisiones legislativas para la implementación de una política pública que planifique y proyecte el desarrollo turístico, tanto en los destinos posicionados como en las nuevas alternativas del posconflicto.
Frente a este verano de propuestas, si se quisiera depositar el voto por algún candidato doliente de la industria, son contados los casos para escoger. En su mayoría, centran sus fotogénicas campañas en trilladas frases de cajón y en promesas populistas, pero sus discursos callejeros adolecen de aquel as bajo la manga para comprometer soluciones puntuales a los delicados problemas que vive el país.
Entre los 2.750 aspirantes, por su trayectoria, aportes e inquietudes sobre el tema, solo podría señalarse a un par de ellos. Alfonso Angarita Baracaldo, veterano congresista que aspira retomar al Senado por el Partido de la U (U-33), y quien pese a priorizar su programa en la defensa de los pensionados —para quienes obtuvo las conquistas que hoy disfrutan y las que el Gobierno anterior suprimió para un amplio sector de ellos— conserva un permanente interés por el sector. Peleó por la institucionalización y el fortalecimiento de las entidades rectoras de la industria en sus distintos niveles y abogó por que se les canalizaran recursos ajustados a las expectativas de un mercado que, aun en épocas de crisis, se perfilaba como promisorio.
Angarita también le ajustó los pilotes financieros a la Catedral de Sal de Zipaquirá y consolidó de paso una fuente de recursos para el desarrollo turístico de la Capital Salinera de Colombia, un prometedor y apreciable destino de viajes. A través de la Ley 633 de 2000 logró que el Gobierno cediera al municipio la totalidad del valor de las entradas al monumento, lo que en los últimos años le ha permitido a esta mina de sal irse transformando literalmente en jugosa mina de oro.
De 2015 a 2016 sus ingresos por entradas dieron un salto olímpico, al pasar de $4.600 millones a $15.200 millones. Inyección financiera que oxigena las arcas municipales para garantizar el mantenimiento de la Catedral y la inversión en nuevas obras de infraestructura turística, tanto en beneficio de su entorno como de toda la ciudad. El número de visitantes superó en 2017 los 600.000 turistas, con llamativa presencia extranjera, que compone la cuarta parte del ponqué.
Dentro de los candidatos a la Cámara, el liberal Juan Carlos Losada (L-101), entusiasta joven ambientalista que presta servicio social con población vulnerable y víctimas de la violencia, hace repetidas referencias a la obligación del Gobierno de redistribuir gradualmente los $32 billones que alimentan el presupuesto de la Fuerza Pública en la implementación del proceso de paz, a fin de llevar presencia del Estado a zonas vulnerables y estimular el desarrollo de industrias con alto perfil de crecimiento como el turismo.
Losada esgrime la tesis de que los parques naturales están subvalorados para el ejercicio de esta industria, y bien pudieran aprovecharse con proyectos planificados y sostenibles de ecoturismo, que contribuyan a su propia autofinanciación e irriguen calidad de vida hacia las comunidades adyacentes.
Son pocas, pues, las alternativas que tienen los gremios para buscarle aliados al sector en el Congreso de cara a las próximas elecciones, dentro del propósito de ajustarle la maquinaria a la industria turística y ponerla a rodar a la velocidad de la más rápida de las locomotoras que hace ocho años prendió el Gobierno Santos.
Angarita y Losada tienen priorizado el turismo en sus agendas, con propuestas encaminadas a la promoción de la industria en zonas de violencia, y ambos le apuestan al futuro de un sector que recibe elogios en los discursos oficiales, pero poco se utiliza como instrumento de cambio social. Son dos alternativas sobre la mesa, salvo que en los diez días que restan de campaña aparezcan otros candidatos con la misma intención de meterle el hombro a una industria pujante, que bien articulada podría conseguirles no solo buenas fotos sino muchos votos.
Es marginal el interés que despierta el turismo como industria por parte de quienes aspiran a ser elegidos al Congreso de la República para el próximo cuatrienio. Si bien es cierto que el Ejecutivo es quien marca la pauta y regula la planificación del sector, no estaría de más conocer las propuestas de los potenciales legisladores, a fin de ambientar las mejores condiciones para su despegue, considerando que viene en alza y se perfila —de saberse aprovechar— como un potente motor de desarrollo.
El buen camino del turismo depende de la unidad de esfuerzos entre Gobierno y comunidades, y los congresistas —como sus representantes— deberían sintonizarse sobre las potencialidades de este renglón económico en sus regiones y aportar en la toma de decisiones legislativas para la implementación de una política pública que planifique y proyecte el desarrollo turístico, tanto en los destinos posicionados como en las nuevas alternativas del posconflicto.
Frente a este verano de propuestas, si se quisiera depositar el voto por algún candidato doliente de la industria, son contados los casos para escoger. En su mayoría, centran sus fotogénicas campañas en trilladas frases de cajón y en promesas populistas, pero sus discursos callejeros adolecen de aquel as bajo la manga para comprometer soluciones puntuales a los delicados problemas que vive el país.
Entre los 2.750 aspirantes, por su trayectoria, aportes e inquietudes sobre el tema, solo podría señalarse a un par de ellos. Alfonso Angarita Baracaldo, veterano congresista que aspira retomar al Senado por el Partido de la U (U-33), y quien pese a priorizar su programa en la defensa de los pensionados —para quienes obtuvo las conquistas que hoy disfrutan y las que el Gobierno anterior suprimió para un amplio sector de ellos— conserva un permanente interés por el sector. Peleó por la institucionalización y el fortalecimiento de las entidades rectoras de la industria en sus distintos niveles y abogó por que se les canalizaran recursos ajustados a las expectativas de un mercado que, aun en épocas de crisis, se perfilaba como promisorio.
Angarita también le ajustó los pilotes financieros a la Catedral de Sal de Zipaquirá y consolidó de paso una fuente de recursos para el desarrollo turístico de la Capital Salinera de Colombia, un prometedor y apreciable destino de viajes. A través de la Ley 633 de 2000 logró que el Gobierno cediera al municipio la totalidad del valor de las entradas al monumento, lo que en los últimos años le ha permitido a esta mina de sal irse transformando literalmente en jugosa mina de oro.
De 2015 a 2016 sus ingresos por entradas dieron un salto olímpico, al pasar de $4.600 millones a $15.200 millones. Inyección financiera que oxigena las arcas municipales para garantizar el mantenimiento de la Catedral y la inversión en nuevas obras de infraestructura turística, tanto en beneficio de su entorno como de toda la ciudad. El número de visitantes superó en 2017 los 600.000 turistas, con llamativa presencia extranjera, que compone la cuarta parte del ponqué.
Dentro de los candidatos a la Cámara, el liberal Juan Carlos Losada (L-101), entusiasta joven ambientalista que presta servicio social con población vulnerable y víctimas de la violencia, hace repetidas referencias a la obligación del Gobierno de redistribuir gradualmente los $32 billones que alimentan el presupuesto de la Fuerza Pública en la implementación del proceso de paz, a fin de llevar presencia del Estado a zonas vulnerables y estimular el desarrollo de industrias con alto perfil de crecimiento como el turismo.
Losada esgrime la tesis de que los parques naturales están subvalorados para el ejercicio de esta industria, y bien pudieran aprovecharse con proyectos planificados y sostenibles de ecoturismo, que contribuyan a su propia autofinanciación e irriguen calidad de vida hacia las comunidades adyacentes.
Son pocas, pues, las alternativas que tienen los gremios para buscarle aliados al sector en el Congreso de cara a las próximas elecciones, dentro del propósito de ajustarle la maquinaria a la industria turística y ponerla a rodar a la velocidad de la más rápida de las locomotoras que hace ocho años prendió el Gobierno Santos.
Angarita y Losada tienen priorizado el turismo en sus agendas, con propuestas encaminadas a la promoción de la industria en zonas de violencia, y ambos le apuestan al futuro de un sector que recibe elogios en los discursos oficiales, pero poco se utiliza como instrumento de cambio social. Son dos alternativas sobre la mesa, salvo que en los diez días que restan de campaña aparezcan otros candidatos con la misma intención de meterle el hombro a una industria pujante, que bien articulada podría conseguirles no solo buenas fotos sino muchos votos.