Guardianes de la bahía

El turismo colombiano se encuentra a las puertas de terminar el peor año de su historia, consecuencia del coronavirus, la prolongada pandemia que a nivel mundial le sigue produciendo un desangre sin precedentes a la industria de los viajes. El cierre en cascada de las fronteras no solo confinó al país, sino a sus propios habitantes, como lo hizo con continentes enteros, y frenó los motores de un sector que durante varios años venía en alza y que prometía convertirse en uno de los pilares de la economía nacional.

Esta actividad espera retomar su impulso durante 2021 y en el escenario local una parte de sus esperanzas está puesta en los incentivos tributarios contemplados en la nueva ley que acaba de conciliar el Congreso de la República, ahora en el despacho del presidente Duque para su sanción. La norma, reformatoria de la Ley General de Turismo, estaba prevista para discutirse a principios de año, pero emprendió trámite en el último trimestre, amparada por un mensaje de urgencia del Gobierno que encontró la oportunidad de integrar un paquete de medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los retos que le impone la emergencia sanitaria en el territorio nacional.

El articulado se orienta hacia tres direcciones. La primera de ellas relacionada con la sostenibilidad ambiental, cuyo propósito es asumir la nueva normalidad con un criterio responsable en torno al medio ambiente, los recursos naturales y la defensa de los ecosistemas, la única posibilidad viable que tiene el país para preservar y aprovechar su potencial turístico y posicionarlo en el portafolio internacional.

El segundo frente se encamina hacia el fortalecimiento de la formación de recursos humanos, la innovación y la tecnología para la competitividad, una de las grandes debilidades que aqueja a nuestra industria turística, desplazada a lugares intermedios en la escala global, en donde falta recorrer largo trecho para hacer del turismo una estrategia competitiva. La tercera meta, la más urgente, se dirige a paliar la actual coyuntura, con enfoque hacia la concesión de estímulos tributarios para iniciar la recuperación del sector a partir del próximo año.

En lo que respecta a suplir vacíos normativos en áreas de sostenibilidad ambiental, formalización y competitividad, la ley encaja políticas y reduce barreras que separan al país de los procesos que, en materia de servicios e infraestructura, ofrecen los destinos más avanzados y ajusta apartes del marco regulatorio para corregir estándares de calidad y seguridad.

Cabe resaltar la autorización que deriva hacia las autoridades locales para declarar atractivos turísticos, previo concepto del ministerio rector, medida que permitirá comprometerlas con su sostenibilidad y, de paso, asegurar atractivos mejor definidos, ligados a la planificación territorial, la conservación, la orientación de la oferta y la designación de uso. La capacidad de carga, uno de los mayores desafíos de los atractivos, se somete a límites máximos de uso, determinados por factores como los riesgos de impacto ambiental, social o económico; la infraestructura y la disponibilidad de servicios públicos y de recursos hídricos. De esta manera, resultarán más agradables para los turistas y simultáneamente se salvaguardará el medio ambiente.

El ecoturismo entra a jugar papel esencial con la implementación de planes orientados hacia su fomento y se prioriza el desarrollo de la actividad para los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó y Bolívar, en donde existe oferta suficiente y de calidad. El turismo de salud y el rural comunitario recibirán impulso y entra al campo de juego el llamado turismo por la memoria —en destinos de interés para este propósito—, como contribución a la paz, la reconciliación y la unidad nacional.

Otro punto destacable es la imposición de obligaciones a las plataformas electrónicas y digitales que operan desde el exterior para ajustarlas a las normas vigentes, a las que hoy no se someten, en evidente discriminación con los operadores turísticos locales. Se les prohíbe publicar anuncios de prestadores de servicios no registrados; deben pagar contribución parafiscal; disponer de centros de atención PQR, y en el plazo de un año tendrán que contar con el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Pero lo más esperado por el sector, en estos tiempos de pandemia, son los beneficios a corto plazo, contemplados para aliviar la crisis que arrastran desde hace nueve largos meses. Entre ellos se incluyen la disminución al 9% de la tarifa del impuesto de renta de las actividades propias del turismo, como la construcción de nuevos hoteles y parques temáticos, así como para remodelaciones; la suspensión transitoria del pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico para hoteles, hostales y otros tipos de alojamiento durante 2021, y la exclusión del IVA -también por el año entrante- para franquicias que expendan comidas y bebidas en restaurantes, cafeterías, pastelerías y panaderías, al igual que para comercializadores de artesanías.

Los usuarios del transporte aéreo se beneficiarán hasta el 31 de diciembre de 2022 con la reducción del IVA al 5% en los pasajes y el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, doblemente golpeado por la pandemia y por el paso destructor del huracán Iota, recibirá uno de cada quince dólares que se pagan de impuesto nacional al turismo para su promoción y el fortalecimiento de su infraestructura durante la vigencia 2021.

La recién aprobada ley es un paso para potenciar un turismo más sostenible en el país, pero, por ahora, es un salvavidas necesario para empezar a superar las afectaciones económicas de los prestadores de servicios, ocasionadas por la larga parálisis del sector, y puede ser un estímulo para los consumidores en la sombría temporada de este año tan convulsionado. Del Gobierno para abajo, todos deberán ejercer como ‘guardianes de la bahía’ para evitar que el turismo termine ahogado.

Posdata. La nueva ley concederá descuentos para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente en actividades turísticas, entendiéndose entre ellas la adquisición de predios destinados a la ejecución de actividades de conservación y restauración de recursos naturales renovables, así como proyectos encaminados al desarrollo de atractivos turísticos que contribuyan a la preservación y restauración de la diversidad biológica, los recursos naturales renovables y del medio ambiente.

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