La Cueva de Rolando

La Aeronáutica Civil, la entidad técnica encargada de velar por el buen servicio y la seguridad de más de treinta millones de viajeros nacionales y extranjeros que utilizan el espacio y las instalaciones aéreas del país, no deja de convertirse en un recurrente foco de escándalos. Desde su conformación como Unidad Administrativa Especial, en 1992, ha sido, quizás, el organismo más cuestionado de todo el andamiaje institucional colombiano. Sus dudosos méritos de desempeño la ubicaban, una década atrás, al nivel de otras controvertidas entidades como Caprecom y Cajanal, que, finalmente, terminaron liquidadas por ineficiencia, desorganización y malos hábitos gerenciales.

A partir de su creación, la Aerocivil lleva a rastras un oscuro historial, relacionado con sus problemas de gestión administrativa, tan reiterativos, que dieron pie a una serie de prácticas corruptas, como la politización de la burocracia, la violación de los escalafones de transparencia y meritocracia y el uso inapropiado de los recursos públicos. Mucho de lo que ocurre en este organismo, que, hoy en día, maneja un presupuesto anual muy superior al billón de pesos, ha sido denunciado en múltiples ocasiones por la dirigencia sindical y replicado en medios de comunicación, sin que se observen acciones decisivas por parte de los entes de control y vigilancia para judicializar a los responsables de las constantes irregularidades.

Esta es una entidad turbia, marcada por la improvisación en las gestiones directivas y por falencias en la planeación. Fue hábilmente permeada por el clientelismo político, hasta el extremo de que las nóminas paralelas, conformadas por burócratas de corbata y sin funciones, son priorizadas sobre las vacantes para el personal técnico, encargado de velar por la seguridad aérea. En ella anidan todas las plagas que alimentan la corrupción, desde inversiones sin sentido, con detrimento patrimonial, y sobreprecios en la contratación, hasta venta ilícita de servicios y persistente influencia mafiosa.

El escándalo desatado por la revista Semana sobre la olla podrida que se ha puesto a cocinar allí revive denuncias gravísimas, como la que hace referencia a los vínculos de funcionarios con redes del narcotráfico y a la manipulación de los sistemas de navegación aérea, con el fin de sacarlos de funcionamiento y facilitar, de esa manera, el tráfico de dinero y de sustancias ilícitas. La sombra de este delito transita por los pasillos de la entidad desde sus inicios, cuando se otorgaron registros de propiedad y explotación comercial de aeronaves, presuntamente, vinculadas a dichas actividades ilegales, durante el gobierno de Turbay Ayala, en los tiempos en que su director era el expresidente Álvaro Uribe.

En el sartal de irregularidades destacadas por la revista, la presentada en materia de certificación de licencias y horas de vuelo sin especificar, ya había sido revelada, en 2020, por los sindicatos de la Aerocivil, que hicieron pública la existencia de una organización delincuencial dedicada al cobro de millonarias coimas, a fin de legalizar tales procedimientos, cuyos interesados eran personas que, sin tener ninguna capacitación ni reunir requisitos mínimos exigidos, buscaban habilitarse para pilotear aeronaves. Un negocio fraudulento que continuó su trayectoria, luego de algunas capturas aisladas, ordenadas en su momento por la Fiscalía.

Son numerosos los procesos por ineficiencia y corrupción que se ventilan en la entidad, situación que debe alarmar, si se tiene en cuenta que entre sus responsabilidades figura garantizar tanto la seguridad operacional, como la de la aviación civil. Un preocupante ejemplo de la desidia oficial es el considerable desfase entre la insuficiente planta misional, técnicos, controladores y bomberos, y el crecimiento desbordado del tráfico aéreo en el país. La carencia de personal competente para atender el servicio potencia la posibilidad de riesgo para las operaciones aéreas.

Igualmente inquieta el estado de inoperancia de buena parte de los equipos técnicos que conforman las estaciones aeronáuticas, repartidas en diversas regiones del territorio, particularmente en zonas alejadas y con escaso control. Millonarias adquisiciones, fruto de compras irregulares, no han sido la solución, porque funcionan con deficiencias, simplemente no funcionan o, peor aún, se arruman en bodegas, como sucedió con parte de la red LAN, adquirida por $6.600 millones para la ampliación y el mejoramiento de las telecomunicaciones aeronáuticas.

Martín Peñaloza, directivo de Sintraeronáutico, revelaba a este columnista, hace dos años, que el 40% de los equipos de ayudas a la seguridad aérea es, prácticamente, inutilizable o intermitente por interferencias o fallas constantes. Esta condición técnica afecta los sistemas de comunicaciones y los radares meteorológicos y, de paso, facilita el accionar del narcotráfico y deja a las operaciones aéreas frente a una potencial bomba de tiempo.

El organismo que debía estar blindando a los viajeros aéreos contra la eventualidad de un siniestro, no genera suficiente confianza, en gran medida por su profundo nivel de politización. En el último cuarto de siglo ha contado con más de una veintena de directores, en su totalidad políticos venidos de toldas conservadoras y, en su mayoría, salpicados por cuestionadas decisiones administrativas, abusos de autoridad y malversación de dineros públicos. Varios de ellos fueron destituidos y otros, como el exembajador Fernando Sanclemente, son investigados por narcotráfico.

Tamaña responsabilidad la que compromete a su recién nombrado director, Sergio París Mendoza, un experto en planeación y sistemas operacionales, que tendrá que demostrarnos que este es el Gobierno del Cambio. Habrá que empezar por expropiar esa delincuencial Cueva de Rolando para desenmarañar la temible red de corrupción, tejida por funcionarios inescrupulosos, dedicados, por décadas, a saquear la entidad. En riesgo, ni más ni menos, está la seguridad aérea del país. Su misión será enfrentar los poderosos vientos de cola del delito, para detener el criminal vuelo de esos súper ‘aviones’ de la administración

En campo ajeno: El fiscal Francisco Barbosa les pone escoltas y camionetas a sus perros y paga a sus empleadas del servicio con dineros oficiales, mientras la procuradora Margarita Cabello le costea, a nombre de la entidad, viajes al exterior a su maquilladora. Los recursos del Estado utilizados para satisfacer las veleidades de quienes tienen que velar por el derecho a la justicia y la disciplina de los servidores públicos.

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