La nueva variante

Los colombianos volvieron a viajar a España, a partir de ayer, sin tener que cumplir la cuarentena obligatoria de diez días que hace un mes impuso el Ministerio de Sanidad de ese país para todos los viajes no esenciales que tuvieran como puerto de salida los terminales nacionales. La medida había sido adoptada desde el 27 de julio, con un argumento epidemiológico. La crudeza de la pandemia por estos confines registraba una situación bastante desfavorable, con posibilidades de empeorar o de facilitar la propagación de nuevas variantes en territorio europeo.

Colombia, junto con Argentina, Bolivia y Namibia, fueron clasificadas simultáneamente en una lista de alto riesgo -en la que ya se incluían a Brasil y a otra veintena de naciones por fuera de la Unión Europea-, cuyo panorama sanitario, para la época, estaba sembrado de incertidumbres y por el cual se prendieron alertas de control para prevenir los casos importados y evitar la aparición de brotes secundarios, en momentos en que el escenario de la UE presentaba considerables mejorías.

La restricción generó extrañeza por cuanto se dio cuando el país comenzaba a disminuir en forma gradual el impacto de la pandemia, luego de enfrentar una crítica temporada de contagios. Esa tendencia a la baja se mantiene en la actualidad, como lo corroboran los comparativos del último mes. Los casos confirmados se redujeron de doce mil a menos de tres mil, y los fallecimientos, que llegaron a superar el medio millar, caminan sobre los dos dígitos. Con esas estadísticas, añadidas al avance en la cobertura nacional de vacunación y a la presencia incipiente de la variante Delta, la más agresiva de las cepas existentes, el Gobierno adelantó gestiones para influir en un cambio de la política migratoria española hacia nuestros connacionales.

De acuerdo con el radar puesto sobre Colombia, las incidencias acumuladas van a la baja, y con la decisión tomada quedó sin piso el escenario que en un principio se denunció por parte del propio embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, quien planteaba la posibilidad de que la restricción obedeciera al porte de pruebas PCR fraudulentas por parte de viajeros colombianos. Según el funcionario, un porcentaje “desproporcionado” de compatriotas, con resultados positivos, estaba arribando a Madrid con pruebas negativas, fraude detectado por las autoridades españolas, que, sin embargo, fue descartado de inmediato desde dichas instancias oficiales.

Resulta que la falsificación de pruebas se ha convertido en una verdadera piedra en el zapato para los gobiernos en la lucha conjunta contra la enfermedad. Es un negocio criminal que se extiende por el mundo bajo el control de grupos de individuos y bandas transnacionales, dedicadas al negocio de certificados fraudulentos, a través de foros por Internet, aplicaciones de mensajería y centros de transporte.

Los viajeros de las más variadas nacionalidades los adquieren, en muchos casos, a costos superiores al precio de los test oficiales, asunto que llama poderosamente la atención de las autoridades. Y no es para menos. El hecho de pagar mayores valores por el servicio, prende las alarmas sobre la naturaleza de sus compradores, por cuanto se infiere que podrían ser personas contagiadas o que se niegan a vacunar y buscan, de esa manera, eludir las restricciones fronterizas.

Las medidas adoptadas por algunos gobiernos para restringir el acceso a lugares públicos a quienes no acrediten la certificación de las dosis completas de vacunas estimulan, en parte, la falsificación de los documentos oficiales. Frente a la creciente demanda de clientes que mienten sobre su estatus de vacunación para viajar al exterior, bien sea para evitar inocularse o registrar una marca de vacuna autorizada en el país de destino, el aumento de la oferta se desborda y fomenta el mercado negro en Internet. Los ciberdelincuentes descubrieron el potencial del mercado y le sacan beneficios, a sabiendas de que la compraventa de documentos falsos es un delito contra la salud pública que conlleva penas de prisión para los compradores.

La pandemia ha estado rodeada por la delincuencia en cada una de sus fases y de ahí que el fraude en los certificados solo sea el timo más reciente. Inició con las teorías conspirativas alrededor del coronavirus que causaron un alto nivel de desinformación y siguió con los ataques cibernéticos al desarrollo de las vacunas. Después, al abrirse el camino para las inoculaciones, aparecieron los inmunizantes adulterados con aditivos inocuos, y en la medida en que se avanzó en el proceso surgió la venta de pruebas COVID-19 negativas falsas e, incluso de tutorías, para crearlas rápidamente en un formato de aspecto auténtico y alta calidad.

A la cadena de negocios piratas, de la que han hecho su agosto delincuentes y estafadores de todos los pelajes, se sumó la venta de mascarillas y de fármacos no homologados. Por la darknet (red oscura) aparecieron ofertas inusuales como comprar dos servicios, cualesquiera de ellos, desde pruebas hasta remedios, y llevarse tres. En el Reino Unido, incluso, se allanó un lugar en el que se aceptaban criptomonedas como medio de pago.

Dentro de este panorama y, como parte de la política de reactivación de sus rutas internacionales, Colombia celebra la normalización de las condiciones migratorias de los viajeros nacionales hacia España, en medio de las comprensibles afugias de los gobiernos, en general, obligados a protegerse no solo de los riesgos latentes de la pandemia, sino de la amenaza de esta nueva variante del virus, compuesta por una de las peores cepas de la historia: la criminalidad.

En campo ajeno: Las antenas del Ministerio de las TIC se estremecen tras el paso de los vientos huracanados de la corrupción y la desidia oficial, pero -para fortuna del país- la ministra Karen Abudinen se encuentra ilesa, resguardada bajo el alero del presidente Duque.

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