Un informe interinstitucional sobre la corrupción liderado por la Vicepresidencia de la República y el Banco Mundial, hace apenas una década, ubicaba a la Aerocivil en los niveles bajos dentro de los escalafones de meritocracia y transparencia, y en los altos en materia de politización, compartiendo sus dudosos méritos de desempeño con entidades controvertidas como Cajanal, Invías, Ecosalud o Caprecom.
La semana pasada en esta columna se hizo referencia a la politización endémica de la Aerocivil, y para fijar un límite cercano a la memoria se recordaron ciertos episodios que generaron escándalo en los últimos cuatro lustros, durante el desfile de una quincena de directores que, “salvo un par de excepciones, resultaron salpicados por cuestionadas decisiones administrativas o actos de corrupción”.
El fin de semana recibí respuesta de Santiago Castro, su actual director, en la que precisa que su nombramiento obedece a criterios de idoneidad, transparencia y responsabilidad, ajeno a intereses o compromisos políticos o particulares, y se apoya en su hoja de vida, respaldada por maestría y estudios de alta gerencia. Además, expresa su desacuerdo por el metafórico calificativo de “aviones”, empleado en el escrito para destacar la “viveza” de los funcionarios citados.
Santiago Castro presenta una extensa relación de las actividades cumplidas en sus dos años de gestión. Menciona avances obtenidos en inversión e infraestructura aeroportuaria y equipos de aeronavegación; beneficios para el país en conectividad y competitividad gracias al aporte privado; logros en equidad para los operadores aéreos con su política aerocomercial; protagonismo internacional de la entidad en el desarrollo de políticas globales, y óptimos estándares en seguridad aérea y aeroportuaria.
Un balance atractivo que, sin duda, demuestra que la dinámica de su administración supera la inercia de hace una década y las demás que le antecedieron. La respuesta del director, empero, no alude a la investigación que le adelanta la Contraloría General por un proceso calificado como nada rentable para la construcción de la nueva torre de control, ni a las denuncias de un senador de la República por sobrecostos en la modernización del aeropuerto Eldorado, citadas en el artículo.
Mientras no existan fallos decisorios de los organismos de control, el doctor Castro goza de presunción de inocencia, y por eso extraña que no se haya incluido dentro del “par de excepciones” de la maraña de directores ineptos y avivatos que han creado en la opinión pública la percepción de que en la Aerocivil prima la politización sobre la transparencia y la meritocracia.
Un informe interinstitucional sobre la corrupción liderado por la Vicepresidencia de la República y el Banco Mundial, hace apenas una década, ubicaba a la Aerocivil en los niveles bajos dentro de los escalafones de meritocracia y transparencia, y en los altos en materia de politización, compartiendo sus dudosos méritos de desempeño con entidades controvertidas como Cajanal, Invías, Ecosalud o Caprecom.
La semana pasada en esta columna se hizo referencia a la politización endémica de la Aerocivil, y para fijar un límite cercano a la memoria se recordaron ciertos episodios que generaron escándalo en los últimos cuatro lustros, durante el desfile de una quincena de directores que, “salvo un par de excepciones, resultaron salpicados por cuestionadas decisiones administrativas o actos de corrupción”.
El fin de semana recibí respuesta de Santiago Castro, su actual director, en la que precisa que su nombramiento obedece a criterios de idoneidad, transparencia y responsabilidad, ajeno a intereses o compromisos políticos o particulares, y se apoya en su hoja de vida, respaldada por maestría y estudios de alta gerencia. Además, expresa su desacuerdo por el metafórico calificativo de “aviones”, empleado en el escrito para destacar la “viveza” de los funcionarios citados.
Santiago Castro presenta una extensa relación de las actividades cumplidas en sus dos años de gestión. Menciona avances obtenidos en inversión e infraestructura aeroportuaria y equipos de aeronavegación; beneficios para el país en conectividad y competitividad gracias al aporte privado; logros en equidad para los operadores aéreos con su política aerocomercial; protagonismo internacional de la entidad en el desarrollo de políticas globales, y óptimos estándares en seguridad aérea y aeroportuaria.
Un balance atractivo que, sin duda, demuestra que la dinámica de su administración supera la inercia de hace una década y las demás que le antecedieron. La respuesta del director, empero, no alude a la investigación que le adelanta la Contraloría General por un proceso calificado como nada rentable para la construcción de la nueva torre de control, ni a las denuncias de un senador de la República por sobrecostos en la modernización del aeropuerto Eldorado, citadas en el artículo.
Mientras no existan fallos decisorios de los organismos de control, el doctor Castro goza de presunción de inocencia, y por eso extraña que no se haya incluido dentro del “par de excepciones” de la maraña de directores ineptos y avivatos que han creado en la opinión pública la percepción de que en la Aerocivil prima la politización sobre la transparencia y la meritocracia.