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La decisión de la Corte Constitucional de tumbar las normas que autorizan la práctica de la pesca deportiva en el país, además de precipitada e, incluso, desproporcionada, es, sin duda, una pésima noticia para el sector turístico, pero, particularmente, para las comunidades que derivan su trabajo y sustento alrededor de esta actividad y que están dispersas en regiones apartadas y empobrecidas del territorio nacional.
Según la Corte, esta práctica vulnera el principio de precaución y la prohibición de maltrato animal y será declarada ilícita a partir del primer año de su notificación, es decir, para mediados de 2023. El fallo, adoptado por la mayoría de su Sala Plena, resulta controversial, en razón a que no existe un consenso científico en torno al hecho de que los peces sean seres sintientes ni que esta modalidad de pesca sea determinadora de un grave impacto ambiental. El principio de precaución esgrimido por el alto tribunal señala que, en caso de presentarse falta de certeza científica absoluta, la decisión se debe inclinar hacia la protección de medio ambiente.
La pesca deportiva es una actividad turística recreativa que consiste en capturar ciertas especies de peces, procurándoles mínima afectación, para luego retornarlos a su hábitat natural. Se encuentra formalmente reglamentada, regulada y supervisada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y, contrario a ser determinadora de una eventual degradación al medio ambiente, contribuye a la conservación de los ecosistemas, al promoverse entre promotores y participantes una cultura de responsabilidad, bajo el argumento de que al ser los mares, ríos y lagunas escenarios para el ejercicio de la actividad, en consecuencia, deben cuidarse y protegerse.
En la actualidad el número de adeptos en busca de regiones con atributos excepcionales para practicarla es considerable y creciente, convirtiéndose en un segmento económico relevante en el mundo por su capacidad de generar empleo e ingresos. A la vanguardia de su práctica se encuentran países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, Escocia, Nueva Zelanda y Noruega, en los que se hace evidente el significativo aporte que tiene en sus PIB. Dentro del vecindario, Costa Rica trabaja en la aplicación de técnicas solidarias para convertirse en un centro de pesca deportiva internacional, y su gobierno promueve la figuración de este deporte, que representa el 7 por ciento de su turismo receptivo, dentro del catálogo olímpico.
En Colombia, la oferta de la pesca deportiva se ha venido desarrollando en las últimas dos décadas, con el refuerzo de campañas promocionales en el exterior que visibilizan la estratégica posición geográfica del país. Nuestra topografía, caracterizada por una formidable riqueza hídrica, incluidos los dos mares, despliega numerosas vertientes hidrográficas a lo largo y ancho del territorio, que se prestan como alternativa de pesca, tanto en agua dulce como salada. Este privilegiado atractivo le ha permitido adquirir reconocimiento en el exterior entre los numerosos amantes de la actividad.
Se practica en buena parte de las 757 cuencas hidrológicas en las que se divide el país, tanto en las costas pacífica y atlántica, como en la Amazonia, la Orinoquia, Antioquia, la región cundiboyacense, Santander y Nariño. Vichada tiene en este segmento su principal propuesta turística, el archipiélago de San Andrés y Providencia agenda concurridos torneos regionales, Bahía Solano se ha posicionado como referente internacional, y Bahía Málaga, Buenaventura, Nuqui y Guapi se han venido sumando a la misma apuesta.
Las comunidades que dependen de la pesca deportiva son en su generalidad pobres y se encuentran aisladas territorialmente, de ahí que la prohibición de este deporte las impacte y las deje sin empleo y sin opción de ingresos. Departamentos como Vichada, Chocó, Amazonas y Meta habrán de sentir las consecuencias socio-económicas y culturales que conlleva la decisión, con la que se paraliza una actividad que encadena a millares de pobladores, pero, además, a pequeños empresarios dedicados a la operación logística de la pesca, al transporte, al hospedaje, la gastronomía y la venta de equipos e insumos. De la afectación tampoco se salvarán las arcas del Estado, al considerarse la pérdida de divisas que tendrá el país, con el portazo que se les dará a los pescadores deportivos internaciones.
La Corte Constitucional pudo haber contemplado opciones diferentes a su tajante prohibición, como fortalecer la regularización e incrementar controles, en aras de salvaguardar los ecosistemas y el derecho al trabajo. Aparte de lesionar los ingresos por turismo, las consecuencias podrían ser mayores. Por ejemplo, que la actividad se camufle en la clandestinidad y que, para su sostenimiento, las comunidades acudan a otras prácticas ilegales. Para grandes sectores de la población la pesca deportiva es la única forma de obtener, con el sudor de la frente, el pescado de cada día.
En campo ajeno. El presidente Duque prefirió priorizar la entrega a los Estados Unidos del jefe del cartel del Golfo como agradecimiento a los favores recibidos durante su lánguido gobierno, que tenerlo durante un tiempo más en el país, mientras revelaba el entramado criminal en el que están involucrados políticos y militares, algunos vinculados con su administración. Con igual argumento, es decir, que el delincuente no se salvará de rendirle cuentas a la justicia colombiana, en 2008 se extraditó a una quincena de jefes de autodefensas que allí negociaron sus penas y entregaron parte de sus fortunas, pero jamás aportaron ni a la verdad ni a la justicia ni a la reparación de nuestras víctimas, no solo por narcotráfico sino por delitos contra los derechos humanos.
