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No deja de ser preocupante y desalentador que el clima de violencia e inseguridad desatado en el país en los últimos años siga siendo considerado como el principal referente de Colombia ante la comunidad internacional y continúe alimentando el deshonroso estigma que nos caracteriza desde las sórdidas épocas de Pablo Escobar. Ambos flagelos vienen creciendo y se expanden, tanto en lo urbano como en lo rural, bajo nuevas dinámicas criminales, que redundan en una imagen negativa del destino, en el desinterés de los viajeros extranjeros por visitarlo y en la inhibición de los inversionistas para adelantar proyectos en el territorio nacional.
Las efímeras esperanzas de retomar el camino hacia la paz, surgidas tras el acuerdo con la principal organización guerrillera insurgente, hace seis años, se han venido desdibujado, al evidenciarse el surgimiento de una criminalidad multiforme, en la que participan diversos actores, haciendo, cada uno, su propio festín. Desde la desbordada delincuencia común que azota a las ciudades, hasta los grupos guerrilleros, los narco-paramilitares y las bandas criminales, no solo las domésticas que carecen de fronteras en el territorio, sino las transnacionales, cuya acción delictiva, parece, fue la que terminó con la vida del fiscal paraguayo, Marcelo Pecci, en la isla de Barú, en Cartagena, la semana pasada.
El presidente Duque, bien por su soberbia o por estar atrapado en la red de intereses guerreristas del partido que lo llevó a la Casa de Nariño, careció de voluntad para impulsar su implementación y dedicó sus cuatro años de gobierno a debilitarlo. Rodeado de ministros anodinos, en carteras como las del Interior y Defensa; de un trivial comisionado de paz, que ahora funge como alcalde, y de un comandante general del Ejército autorizado para hacer política, el mandatario bajó la guardia en la lucha contra la criminalidad y tiende a regresar al país al estado de violencia en el que se encontraba al inicio de las negociaciones de paz con las Farc.
Las estructuras narcoparamilitares y guerrilleras recuperaron la iniciativa en la confrontación armada, mantienen influencia en zonas de valor estratégico y las cifras de sus atrocidades están en alza. La negativa presidencial a promover una negociación reparadora con los protagonistas de la eternizada violencia, junto a la incapacidad institucional que se advierte en su gobierno y a la disminución de la presión militar contra la delincuencia, han facilitado el avance de esta última y la degradación del orden público en todo el territorio nacional, con perspectivas poco favorables a corto plazo. De acuerdo con el CICR, solo en 2021 se registraron 52 mil víctimas de desplazamiento forzado, 889 violaciones al DIH y 168 desapariciones.
La criminalidad organizada transnacional, a la que el terrorismo en Colombia está encadenado, con bandas como el Clan del Golfo, se afianza como otra amenaza en el contexto nacional. El índice de crimen organizado ubicó a Colombia como el segundo país en términos de presencia de redes criminales vinculadas con grupos y actores extranjeros. El Clan, que son las mismas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ya ejerce control sobre 261 municipios y, según el valeroso alcalde de Frontino, los habitantes de varias decenas de pueblos del occidente antioqueño completan dos años sin poder salir del casco urbano.
En ciudades y municipios la inseguridad está disparada. Los homicidios, el hurto. el robo a personas y las extorsiones aumentan, y la población está atrapada entre la incertidumbre. La percepción de inseguridad en el país es creciente, mientras, el ahora silencioso Fiscal General, Francisco Barbosa, el “mejor del mundo”, como se autodefinió en cierta oportunidad, no da pie con bola. La Policía contabilizó el año pasado 13.709 homicidios y en reciente encuesta se reveló que seis de cada diez ciudadanos en las grandes capitales se sienten inseguros.
Sin duda, la pandemia del Covid-19 impactó negativamente en la sociedad y exacerbó una aguda crisis social, dado el agravamiento de las causas específicas que dan origen a estos fenómenos de delincuencia e inseguridad. La crisis sanitaria resultó un espejo, que reflejó los patrones y prácticas negativas de un país con enormes brechas sociales, dominado por la politiquería y la corrupción. Y, como los gobiernos pasados, este tampoco le echó mano al caldo de cultivo, propiciado por la miseria, la marginalidad, la segregación social, el desempleo, la inequidad socioeconómica y la inequitativa distribución del ingreso.
La seguridad es la materia prima de la actividad turística. Colombia posee innumerables riquezas naturales, playas, mares, ríos, selvas, valles y montañas, que no han podido ser aprovechadas económicamente por las comunidades ni disfrutadas por los viajeros, al seguir siendo absorbidas por un conflicto interno que nos aparta de las guías turísticas. Venimos recibiendo algo más de cuatro millones de viajeros del exterior, entre ellos una alta cuota con vínculos familiares o laborales, una cifra que no deja de ser limitada para un país con una oferta tan variada y enriquecida, considerada entre las más atractivas de la región.
La actividad turística es muy sensible a la violencia y la inseguridad, fenómenos que le suelen pasar costosas cuentas de cobro. Y mientras el Estado no sea capaz de abortarlos, a este país le quedará un largo camino en el tiempo para adquirir la reputación internacional que lo certifique como un destino de calidad, verdaderamente seguro y acogedor para que el turista venga y lo pase sabroso, parodiando a una candidata vicepresidencial
En campo ajeno. La Corte Penal Internacional ordenó, en 2020, al gobierno colombiano adecuar la normatividad disciplinaria para garantizar que las autoridades administrativas no limiten derechos políticos a las personas elegidas por voto popular. En cumplimiento del mandato la procuradora Cabello Blanco presentó una ley, con la que no solo hizo aprobar más de mil cargos nuevos en su entidad, sin ningún estudio fiscal para su ejecución, sino que incumplió el requerimiento de la CPI, y acaba de suspender a un par de alcaldes, sin respetarles el debido proceso, como en los tiempos de su impúdico antecesor, Alejandro Ordoñez.