Las apariencias engañan

El costo de las viviendas construidas en Providencia es tan solo uno de los tantos cuestionamientos que ensombrecen su proceso de reconstrucción, tras el devastador embate del huracán Iota, el 16 de noviembre de 2020. Desde la populista promesa del presidente Duque, sobre los escombros, pasada la tragedia, de entregar las obras en cien días, hasta la presentación del balance final, veinte meses después y una semana antes de dejar el cargo, campearon los interrogantes, las controversias y las investigaciones de los organismos de control.

El debate surgido por el presunto sobrecosto constituye el último escándalo de los varios que sacuden el lento proceso de recuperación social, económica y de infraestructura física de la isla, en la que, aún, permanecen pobladores destechados durmiendo bajo carpas y donde la construcción del hospital, la obra más importante de todas, recién acaba de iniciarse y, en consecuencia, está muy lejos de su culminación.

Pese a que cerca de 121 casas están valoradas, incluso, por encima de los $700 millones, un valor superior a los $8 millones por metro cuadrado, la discusión alcanzó su punto de ebullición con las denuncias de decenas de beneficiarios sobre las deficiencias en la construcción y la mala calidad de materiales, reflejadas en paredes con grietas, cielos rasos con goteras, pinturas cuarteadas y madera afectada por hongos.

Las polémicas sobre la recuperación del archipiélago arrancaron muy temprano, partiendo desde el organigrama de la reconstrucción. Las autoridades locales actuaron con sumisión. Cumplieron un papel pasivo frente al Gobierno Nacional, que terminó aplicando su propio modelo de desarrollo, calificado de colonialista por líderes locales, y en el que se priorizaron proyectos, entonces, ajenos a las necesidades básicas de los providencianos. Para ese diciembre la única iniciativa tomada por el gobernador del departamento fue autorizar un contrato, no publicado en el sistema de compras del Estado, por $1.550 millones para instalar un alumbrado navideño en la colapsada isla.

El rifirrafe se extendió, luego, a la escogencia de las tipologías de las viviendas, donde no primó el consenso para disgusto de un amplio sector de isleños, que consideró que, más que fruto de una concertación en sintonía con su idiosincrasia, se impuso un diseño que no resume la identidad cultural del pueblo raizal.

En esos inicios del proceso se desató el primer gran escándalo sobre la suerte que corrían las ayudas y donaciones internacionales, cuya distribución fue en un comienzo caótica, con monopolio en la distribución. El ruido llegó hasta Estados Unidos y el ojo al tema lo puso el representante demócrata, Jim McGovern, quien solicitó al Congreso de su país revisar el destino de los recursos aportados por Washington para atender la emergencia y llamó la atención de las Naciones Unidas sobre las actuaciones del gobierno nacional, ante una eventual violación de los Derechos Humanos de los habitantes de la isla, por la falta de acciones para una reconstrucción efectiva.

Las obras marcharon lentamente durante largos meses, ante el desespero de la población, arrumada a campo abierto, situación que comprometió la acción de la Contraloría y la Procuraduría que, tras ponerle la lupa al asunto, exigieron celeridad en los trabajos. Esta última rindió un informe negativo sobre el avance y estado de los proyectos, en particular sobre puntos estratégicos, como la reconstrucción del hospital. Advirtió sobre fallas estructurales y de planeación en algunas de las casas entregadas y avisó acerca del rebosamiento de los pozos sépticos. Las cisternas, el económico y tradicional método de recolección de aguas lluvias de los isleños, cuyos espacios sirvieron de refugio a muchas familias durante el huracán, fueron destruidas y reemplazarlas por discutibles tanques de plástico.

La Contraloría, por su parte, advirtió sobre 23 hallazgos administrativos, 13 con presunta incidencia disciplinaria y dos con connotación fiscal e indagación preliminar por $2.170 millones, estos últimos relacionados con un mayor valor en un contrato y reconocimiento de pagos, ya incluidos dentro de los precios unitarios ofertados por otro contratista, a cargo de Invías.

La entidad refirió deficiencias en la gestión de Findeter, tanto en los diseños, como en la reparación, rehabilitación y construcción de las viviendas; falencias en la calidad de materiales; irregularidades con el sistema hidrosanitario, y ausencia de un proceso de reconstrucción del tejido social y de adaptación de las comunidades al territorio y a sus nuevas condiciones de vida. Otras observaciones evidenciaron adiciones de recursos y falta de planeación.

Fontur estuvo en la mira por desatinos en planeación y fallas en el proceso constructivo relacionados con un par de establecimientos turísticos. Y a iNNpulsa Colombia se le responsabilizó de suscribir un convenio sin contar con un censo completo de damnificados, omisión que implicó suscribir otrosíes con prórrogas y adiciones de recursos superiores a lo establecido originalmente.

Otro ojo avizor detrás de la reconstrucción, no solo de Providencia sino de San Andrés, es el de la organización Transparencia de Colombia que, en noviembre último, señaló vacíos en el acceso a la información pública, a la rendición de cuentas y a la participación de la comunidad local, así como coincidió en identificar retrasos y constantes modificaciones al presupuesto inicial, que, por ahora, suma $1,2 billones en materia de inversión. El portal digital Criterio denuncia la existencia de un contrato de la UNGRD por 1.200 tornillos, cuyo valor unitario aparece por $42.100, para un total de $50.520.000. Según refiere, cada tornillo costaría normalmente en el mercado $954.

Providencia es una pequeña isla de ensoñadores paisajes habitada por pescadores que tiene en el turismo una importante fuente de ingresos. Antes de la pandemia, el 57 % del PIB departamental se asociaba con el comercio, los hoteles y la gastronomía, un porcentaje superior al de cualquier otro ente territorial del país. Tras el largo verano económico de dos años, apenas inicia su reactivación con la presencia de un pequeño puñado de viajeros, mientras conserva la esperanza de reinsertarse pronto al mercado, una vez terminen las obras, desaparezcan las carpas y retiren los escombros.

La isla se recupera, pero no todo es color de rosa. De eso tan bueno no dan tanto, reza un refrán. Marcela Ampudia, habitante raizal, subió a las redes un video que registra la situación que afrontan algunos beneficiarios de las viviendas y en el que se retratan las líneas grises que empañan el proceso de reconstrucción. Mientras la lluvia se filtra por las paredes de la atractiva fachada de su nueva casa, pide no dejarnos engañar por las apariencias, que encubren otra de las tantas promesas presidenciales que durante cuatro años el viento se llevó.

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