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Desde finales de la década pasada los aeropuertos mexicanos se han convertido en un calvario para los viajeros que proceden, no solo de Colombia, sino de Centro y Sur América. De manera recurrente son inadmitidos hasta por docenas, sin razones justificadas. Una vez acceden a las zonas de control se les detiene de manera arbitraria; se les interroga y maltrata física y verbalmente y, luego, tras horas o días de oprobioso confinamiento, se les deporta a sus lugares de origen.
La del gobierno mexicano es una política migratoria hostil, aplicada con el pretexto de combatir el profundo problema de inseguridad que registra esa nación, y ejecutada por funcionarios soberbios, carentes de experticia para atender trámites tan sensibles dentro de ese complejo ajedrez de las relaciones internacionales. El rigor de su trabajo se enfoca preferencialmente en rechazar viajeros, bajo una caprichosa percepción basada en criterios subjetivos, como la “pinta” y los rasgos físicos de las víctimas, que en considerar el formal cumplimiento de los requisitos de ingreso. A tiro de ojo determinan quiénes no encajan dentro de sus volubles estándares de seguridad.
El violento escrutinio de los agentes migratorios, con el que juzgan, someten y penalizan en masa y sin motivos aparentes a los visitantes, responde, según el argumento dado por sus funcionarios, al derecho soberano que tienen los gobiernos para decidir a quiénes se les otorga el permiso de entrada. Y aunque ciertamente es un derecho, pero no irrestricto, con base en igual discernimiento las unidades de la Marina refuerzan los operativos en las terminales aéreas, que de tiempo atrás vienen siendo permeadas por la corrupción, hasta considerárseles como las puertas giratorias de la delincuencia organizada.
Si bien es cierto, que combatir a los delincuentes es una decisión libre y autónoma, inaceptable resulta que se haga en contravía del respeto a los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, cuando se han multiplicado las denuncias sobre discutidos actos de discriminación e infames condiciones de confinamiento a los que son sometidos algunos extranjeros, mediante tormentosos procedimientos de expulsión, por el simple hecho de juzgarlos sospechosos.
Mientras los proscriben, a la espera del primer vuelo de regreso, sin distingo de nacionalidades, sin pasaporte ni alimentos ni permisos para comunicarse con el exterior, son hacinados en los llamados cuartitos, unos pestilentes y estrechos salones acomodados al interior de los aeropuertos, desde donde esperan el incierto llamado al abordaje. El fatídico cuartito del Benito Juárez, en la capital federal, con menos de veinte metros cuadrados, carece de ventilación y suele estar colmado de arrepentidos pasajeros.
Esta drástica e improcedente política migratoria comenzó a activarse pocos años después de la firma del tratado de integración económica entre Colombia, Chile, México y Perú, en 2012, que eliminó las visas entre los territorios, con el sano propósito de constituir una zona de libre movilidad. La discrecionalidad en el tránsito entre las personas quedó en manos de los gobiernos, libertad que México decidió tomarse muy a pecho, en aras de preservar su seguridad, agravada por la múltiple cantidad de delitos y la violencia vinculada al crimen que enfrenta su población. La postura oficial fue empecinarse en restringir el acceso aeroportuario de buena franja de viajeros latinoamericanos, al ritmo del constante reclamo de socios y vecinos.
El problema con Colombia cogió vuelo a finales de la década pasada, cuando la cantidad de rechazos empezó a mostrar tintes escandalosos. En 2019 fueron inadmitidos 5.935 connacionales; en 2020, durante los cinco meses en los que la pandemia permitió viajar, 3.721; y en 2021, 5.990. En lo corrido de este año superan los 6.600 casos. El malestar generado por el inapropiado protocolo migratorio fue tratado hace un año por el presidente Duque con su homólogo, López Obrador, quien se habría comprometido a revisar el comportamiento de los funcionarios y a realizar ajustes necesarios para evitar futuras confusiones o vulneraciones. El acuerdo, que incluía una reunión de seguimiento semanal, se quedó en el tintero, y Duque concluyó su período sin ningún avance.
El país de los aztecas es uno de los más concurridos destinos del mundo y el segundo en interés para nuestros turistas. Allí, en promedio, cerca de 500 mil colombianos, últimamente, viajan por año. Sin embargo, el trato vejatorio contra los viajeros ha desestimulado la demanda y desincentivado la comercialización. Los hoteleros de Cancún reprocharon el trato denigrante y acusan considerable baja de sus mejores turistas, colombianos y brasileros, estos últimos obligados a presentar visa. La falta de garantías para los primeros representa riesgo económico, pues una inesperada deportación implica la pérdida del dinero invertido en pasajes y paquetes hoteleros.
El canciller Álvaro Leyva se reunirá, este lunes, con su contraparte mexicana para retomar el quid del asunto e insistir en la solución del problema. La defensa de los derechos de los connacionales más que un compromiso es una obligación, necesaria para facilitar el fluido tránsito de viajeros. Las autoridades deben incentivar el turismo bilateral, concentrando el control hacia quienes presenten alertas previas, sin afectar a los millares de pasajeros que viajan con intereses turísticos, académicos o de negocios.
México lindo y querido, como nos lo recordaba el finado Vicente Fernández, es víctima de sus niveles de violencia, situación que incide en que sus dos principales mercados emisores, Estados Unidos, su vecino, lo estigmatice, y Canadá, lo observe con recelo. Incluso, pese a ser una de las naciones con más deportados en el mundo, ahora, al ritmo de sus difíciles circunstancias, intenta invertir el rol para ser la que más deporta en el continente.
En el sector. Migración Colombia reanudó la exigencia del registro Check-Mig para todos los viajeros nacionales y extranjeros que deseen entrar o salir del territorio nacional. Este documento, en el que se deben diligenciar de forma obligatoria los datos personales y del viaje, había sido suspendido por trabajos de mantenimiento y actualización de la página web. A partir de la fecha será un requisito imprescindible para emprender el vuelo.
