La velada amenaza de las interceptaciones ilegales de llamadas telefónicas, denominadas chuzadas en el argot coloquial criollo, no deja de sorprender y preocupar al país. Desde que a mediados de los 90 se publicaron conversaciones privadas sobre aportes del Cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, del mandatario con la esposa de un narco, y de dos ministros del mismo gobierno que acordaban un miti-miti para adjudicar un contrato radial, la dolosa práctica se extendió y se hizo costumbre. Fue direccionada como arma política por organismos institucionales y como un medio de lucro de particulares para sacarle tajada a este negocio ilícito.
La interceptación de comunicaciones privadas sin orden judicial está prohibida, pero pese a su penalización se efectúa con facilidad dentro del engranaje de un país inmerso en una cultura de corrupción, donde la connivencia con la ilegalidad es cotidiana.
En épocas pasadas estamentos oficiales dedicaron tiempo al hostigamiento y la intimidación sistemática de opositores. Hoy, dicen las denuncias de la Fiscalía, se conforman alianzas criminales entre civiles y exmiembros de organismos armados y de inteligencia que se encubren con el ropaje de la formalidad empresarial, y apoyados por modernas tecnologías aprovechan sus conocimientos para beneficiarse de esa actividad subterránea.
Se procede al seguimiento de comunicaciones y a la venta de información privada a terceros para satisfacer una oscura demanda de servicios de toda índole, que va desde infidelidades conyugales hasta asuntos de Estado. Hace cuatro años, precisamente, se denunció un presunto montaje para sabotear el proceso de paz, con la filtración de correos electrónicos del jefe negociador del Gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana, Humberto de la Calle.
Según la Fiscalía, exoficiales del Ejército y la Policía, entre ellos el general (r) Humberto Guatibonza, en alianza criminal formaron parte de un entramado de empresas de fachada encargadas de chuzar teléfonos celulares, obtener claves de correos y recuperar mensajes de WhatsApp. Los expedientes hallados en su poder registran nombres de compañías y entidades públicas como Avianca, Bayer, Davivienda, Goodyear, la Alcaldía de Mesitas y la Sijín, sobre los que se averigua su eventual condición de clientes o de víctimas.
El más reciente capítulo de este escándalo está relacionado con las interceptaciones a directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), por las que la Fiscalía señaló y capturó a un contratista de la aerolínea Avianca. Las maniobras ilegales se efectuaron a través de la empresa JHS del coronel (r) Jorge Humberto Salinas, detenido con tres de sus socios por ofrecer este servicio ilegal.
A los pilotos sindicalizados, que hace un año adelantaron la huelga más larga en la historia de este gremio con serias afectaciones económicas para la compañía, les fueron extraídos mensajes de correos electrónicos y de conversaciones telefónicas. En principio, testimonios judiciales implican a un exempleado del DAS y contratista de requerir información privilegiada durante el cese laboral sobre movimientos y estrategias de sus directivas, con el supuesto propósito de allegarla a abogados y personal de Avianca.
La aerolínea reconoce la vinculación del contratista en la prestación de algunos servicios de carácter logístico y de seguridad, pero rechaza cualquier relación e instrucción dirigidas a cometer algún acto ilegal. Versiones de prensa refieren que el contratista actuó a título personal para ganar la voluntad de funcionarios de la aerolínea en procura de asegurar futuros contratos.
El escándalo abre un nuevo capítulo legal en la prolongada novela que protagonizan empresa y pilotos, que en los últimos años ha adquirido un matiz conflictivo, con cruce de operaciones tortuga, huelgas, tribunales de arbitramento, demandas y cancelación de contratos laborales. La huelga de 51 días, de septiembre de 2017, dejó heridas abiertas y afectaciones en ambos bandos. Avianca perdió US$2,5 millones diarios, y los pilotos sufrieron el despido de 107 de sus miembros.
Los hackers hicieron vulnerables las comunicaciones y generan un clima de desconfianza entre una ciudadanía cada vez más temerosa y prevenida por la frecuente ocurrencia de este delito que atenta contra el derecho a la privacidad. La verdad sobre estos episodios debe ser establecida con prontitud. Las investigaciones no pueden pasar volando, como suele suceder con tantas otras, en un país chuzado por la corrupción.
La velada amenaza de las interceptaciones ilegales de llamadas telefónicas, denominadas chuzadas en el argot coloquial criollo, no deja de sorprender y preocupar al país. Desde que a mediados de los 90 se publicaron conversaciones privadas sobre aportes del Cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, del mandatario con la esposa de un narco, y de dos ministros del mismo gobierno que acordaban un miti-miti para adjudicar un contrato radial, la dolosa práctica se extendió y se hizo costumbre. Fue direccionada como arma política por organismos institucionales y como un medio de lucro de particulares para sacarle tajada a este negocio ilícito.
La interceptación de comunicaciones privadas sin orden judicial está prohibida, pero pese a su penalización se efectúa con facilidad dentro del engranaje de un país inmerso en una cultura de corrupción, donde la connivencia con la ilegalidad es cotidiana.
En épocas pasadas estamentos oficiales dedicaron tiempo al hostigamiento y la intimidación sistemática de opositores. Hoy, dicen las denuncias de la Fiscalía, se conforman alianzas criminales entre civiles y exmiembros de organismos armados y de inteligencia que se encubren con el ropaje de la formalidad empresarial, y apoyados por modernas tecnologías aprovechan sus conocimientos para beneficiarse de esa actividad subterránea.
Se procede al seguimiento de comunicaciones y a la venta de información privada a terceros para satisfacer una oscura demanda de servicios de toda índole, que va desde infidelidades conyugales hasta asuntos de Estado. Hace cuatro años, precisamente, se denunció un presunto montaje para sabotear el proceso de paz, con la filtración de correos electrónicos del jefe negociador del Gobierno en la mesa de conversaciones de La Habana, Humberto de la Calle.
Según la Fiscalía, exoficiales del Ejército y la Policía, entre ellos el general (r) Humberto Guatibonza, en alianza criminal formaron parte de un entramado de empresas de fachada encargadas de chuzar teléfonos celulares, obtener claves de correos y recuperar mensajes de WhatsApp. Los expedientes hallados en su poder registran nombres de compañías y entidades públicas como Avianca, Bayer, Davivienda, Goodyear, la Alcaldía de Mesitas y la Sijín, sobre los que se averigua su eventual condición de clientes o de víctimas.
El más reciente capítulo de este escándalo está relacionado con las interceptaciones a directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), por las que la Fiscalía señaló y capturó a un contratista de la aerolínea Avianca. Las maniobras ilegales se efectuaron a través de la empresa JHS del coronel (r) Jorge Humberto Salinas, detenido con tres de sus socios por ofrecer este servicio ilegal.
A los pilotos sindicalizados, que hace un año adelantaron la huelga más larga en la historia de este gremio con serias afectaciones económicas para la compañía, les fueron extraídos mensajes de correos electrónicos y de conversaciones telefónicas. En principio, testimonios judiciales implican a un exempleado del DAS y contratista de requerir información privilegiada durante el cese laboral sobre movimientos y estrategias de sus directivas, con el supuesto propósito de allegarla a abogados y personal de Avianca.
La aerolínea reconoce la vinculación del contratista en la prestación de algunos servicios de carácter logístico y de seguridad, pero rechaza cualquier relación e instrucción dirigidas a cometer algún acto ilegal. Versiones de prensa refieren que el contratista actuó a título personal para ganar la voluntad de funcionarios de la aerolínea en procura de asegurar futuros contratos.
El escándalo abre un nuevo capítulo legal en la prolongada novela que protagonizan empresa y pilotos, que en los últimos años ha adquirido un matiz conflictivo, con cruce de operaciones tortuga, huelgas, tribunales de arbitramento, demandas y cancelación de contratos laborales. La huelga de 51 días, de septiembre de 2017, dejó heridas abiertas y afectaciones en ambos bandos. Avianca perdió US$2,5 millones diarios, y los pilotos sufrieron el despido de 107 de sus miembros.
Los hackers hicieron vulnerables las comunicaciones y generan un clima de desconfianza entre una ciudadanía cada vez más temerosa y prevenida por la frecuente ocurrencia de este delito que atenta contra el derecho a la privacidad. La verdad sobre estos episodios debe ser establecida con prontitud. Las investigaciones no pueden pasar volando, como suele suceder con tantas otras, en un país chuzado por la corrupción.