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6 Apr 2022 - 5:00 a. m.

Poderosos tiburones

En días pasados Caracol Radio retomó las denuncias que desde hace varios años se formulan en torno a un proyecto hotelero que, en medio de un mar de irregularidades y bajo la escurridiza mirada de los organismos de control, se adelanta en la isla de San Andrés. Se trata del Grand Sirenis, moderna infraestructura en cuya construcción participan como socios la empresa Hitos Urbanos, propiedad del arquitecto Álvaro Rincón, esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, y Gallardo y CIA, firma manejada por un conocido clan familiar, con considerable poder político y económico en el departamento insular.

El complejo hotelero, del que se denuncian irregularidades en los permisos de construcción e, incluso, en el cumplimiento de las normas de sismo resistencia, consta de tres lujosas torres de once pisos cada una, altura que sobrepasa en cinco pisos los límites autorizados en el POT territorial local y con la que se inicia el primer capítulo de una fuerte polémica a su alrededor. La violación de la norma fue permitida por la Secretaría de Planeación en 2016, invocando el principio de neutralidad, al considerar que en la isla ya varios edificios la habían transgredido. La autorización, sin embargo, quedó atada a la condición de que los constructores compensarán a la comunidad con obras de beneficio público.

Como compensación, Hitos Urbanos recuperó una playa, que resultó ser la que ahora circunda el Hotel Grand Sirenis y un edificio donde, al menos, hasta el año pasado, como lo reveló el periodista Juan Pablo Barrientos, tenían apartamento la vicepresidenta Ramírez, junto con otros socios de la empresa de su esposo. La playa aparece registrada a nombre de Álvaro Rincón y se publicitaba como privada para servicio del Grand Sirenis, pese a ser un bien público que no es susceptible de apropiación por particulares, conforme a un fallo del Consejo de Estado.

La playa se creó en 1966 a raíz del dragado de una laguna ordenado por la Intendencia cuando era intendente Adalberto Gallardo, y fue entregada en concesión a su familia cinco años después, hasta 2014. Al término de esta fecha la licencia no fue renovada, pero, no obstante, la playa siguió en manos del mismo grupo familiar, que la reclama como propia. Desde 2014 la Dirección Marítima Colombiana (Dimar), dueña de los terrenos, advirtió sobre su usurpación y ocupación ilegal y, como medida preliminar, impuso un plazo de 30 días para su entrega, requerimiento que no se cumplió. En 2018, fue la Gobernación de San Andrés la que insistió y ordenó la restitución, sin que, hasta la fecha, se hayan instaurado acciones contundentes por parte de las entidades del Estado encargadas de recuperar el bien.

Hitos Urbanos, la empresa del esposo de la vicepresidenta, asegura que no existe irregularidad en la venta de la playa, pues desde 1971 pertenece a la familia Gallardo, de los que son miembros Jesús Gallardo, un empresario turístico, gerente de los hoteles El Dorado y Arena Blanca, y su hermano Julio Gallardo, reconocido cacique político conservador, quien ha ejercido como representante a la Cámara en cuatro legislaturas y ejerce un amplio control en las actividades de la isla.

Cierto es que durante este gobierno Marta Lucía Ramírez ha venido adquiriendo una caracterizada figuración e influencia en el archipiélago, al que ha visitado en varias oportunidades para resaltar la importancia que para la isla tiene el desarrollo de proyectos o modelos de producción que marchen al ritmo del turismo. Una de sus inesperadas visitas fue en 2019, cuando asistió al acto de posesión del gobernador encargado, almirante Juan Francisco Herrera, a quien la Asamblea Departamental se negaba a posesionar por no ser un representante raizal. En esa oportunidad, la funcionaria invocó el respaldo popular a la nueva administración, de la que destacó que sería eficiente y transparente y se ofrecía dispuesta a acabar con la corrupción local.

Los casos del hotel Grand Sirenis y la playa colindante se suman a otros más que han salpicado la imagen de la hoy vicepresidenta y canciller, junto a su pareja. En los inicios de su larga carrera como funcionaria pública, compensada con dineros de los contribuyentes, desató su primera controversia. Siendo designada directora del Incomex, durante el gobierno de Andrés Pastrana, su más acérrimo defensor, fue denunciada por la ahora candidata presidencial, Íngrid Betancourt, por concederle a su esposo, Álvaro Rincón, un millonario contrato para la remodelación del edificio en el que operaría su despacho.

Años después debió dar explicaciones a los medios, cuando la Fiscalía llamó a declarar a Rincón por el negocio inmobiliario que Hitos Urbanos celebró en 2008 con el narcotraficante Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma, para construir un edificio de oficinas en el lujoso barrio Cabrera, norte de Bogotá, llamado Torre 85. Luego, su nombre fue epicentro de otra controversia nacional al tener que reconocer que un hermano suyo, Bernardo Ramírez, había estado detenido en 1977 por narcotráfico en Estados Unidos y que ella y su cónyuge habían pagado una fianza de USD150.000 para conseguir su libertad.

El año pasado terminó involucrada en el tema de los Pandora Papers, investigación en la que participaron más de 600 periodistas en 117 países, y sobre el que argumentó que sus inversiones en el exterior han sido declaradas en Colombia, conforme a la Ley. También se le recuerda que, como directora de Invercolsa en 1966, fue contraparte ante los tribunales del exministro Fernando Londoño, quien adquirió irregularmente 145 millones de acciones de dicha empresa, proceso que tras varias acciones populares posteriores fue resuelto en 2019 por la Corte Suprema de Justicia, en contra de este último.

La vicepresidenta Ramírez, quien alguna vez criticó a los colombianos de estar atenidos “a ver qué hace el Gobierno por cada uno de nosotros”, se ha sabido mover entre la línea delgada de la política y los negocios, bien sea participando en gobiernos de diferentes colores o en las oficinas de Hitos Urbanos o de Sarmiento Angulo. Surgió en el escenario político como tozuda pastranista, gobierno que acompañó durante todo el período; pero también participó en los de Samper y Uribe, de quien fue una controvertida ministra de Defensa, y continuó como canciller en el actual.

La cercanía de la vicepresidenta con las altas esferas del poder político y empresarial es estrecha y hoy en día, se dice, ejerce fuerte influencia en San Andrés. De ahí que no resulta extraña la inercia de las autoridades administrativas y de los organismos de control, alineados con este gobierno, para intervenir en las irregularidades desatadas alrededor del Grand Sirenis y de una playa pública en riesgo de ser devorada, a “vicedentelladas”, por poderosos tiburones.

En campo ajeno. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recordó que Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, con baja productividad laboral y una pobreza que se hereda en más de 10 generaciones. Tanto el crecimiento como la inclusión social están atrapados por debilidades en materia de políticas estructurales, que impiden que más de la mitad de la población activa acceda a empleos formales y a protección social. Sin embargo, un amplio sector de la población piensa que los mismos de siempre siguen siendo la solución del país.

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