La falta de cultura ambiental es un factor determinante que incide en la destrucción de nuestros recursos naturales, comprometidos por el manejo irresponsable que originan ciertas prácticas productivas y criminales. Actividades que buscan beneficios particulares, como la ganadería extensiva, la tala de bosques, el tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, el narcotráfico y los asentamientos irregulares en áreas de conservación, generan consecuencias imprevisibles.
En las altas cumbres se tiene la mira puesta en el problema, pero falta mayor contundencia para enfrentar las amenazas depredadoras que atentan contra la estabilidad de un patrimonio que resulta de gran valor estratégico para garantizar el desarrollo nacional y el futuro de las próximas generaciones. Contener la dilapidación de estos recursos vitales exige tanto de educación ambiental y de conciencia cívica, como de un ejercicio de autoridad, con control y vigilancia permanentes.
La conservación de la biodiversidad biológica es una tarea en la que se avanzó durante el anterior gobierno, mediante la delimitación de páramos y la ampliación de áreas protegidas, medida que deberá complementarse con presencia efectiva del Estado para conseguir resultados tangibles. En los últimos cuatro años se integraron 5,5 millones de ha de áreas protegidas, y el país consolidó un total de 29 millones de ha, algo así como el 14% del territorio nacional. Colombia adquirió un compromiso internacional para 2020 de proteger por lo menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales, y el 10% de las zonas marinas y costeras.
Dentro de las estrategias para la conservación de aquellas áreas que tienen vocación turística las actividades ecoturísticas juegan un papel importante, como lo han demostrado otros países. El ecoturismo resulta ser un inmejorable aliado económico que irriga beneficios tanto para el sostenimiento de las reservas naturales, como para el de las comunidades locales, incluyendo aquellas localizadas en sus zonas de amortiguación.
Parques Nacionales viene implementando algunos programas de ecoturismo comunitario que arrojan positivos resultados en la consecución de tales propósitos, al igual que en la apropiación de los territorios por parte de viajeros que encuentran motivos para sensibilizarse, respetar y proteger los recursos naturales y culturales. Varias alianzas suscritas con organizaciones locales para la prestación de servicios y actividades ecoturísticas generan oportunidades laborales, de ingresos económicos, valoración de territorios y divulgación del patrimonio.
El número de visitantes que participan en actividades de ecoturismo en las áreas protegidas del país es relativamente bajo, pero se incrementa de manera constante, particularmente en razón a las nuevas condiciones de acceso que en algunas de ellas permite el proceso de paz con las Farc. Entre junio de 2017 y mayo de este año se registró algo más de 1’700.000 visitantes, y concesiones como las de los PNN Corales del Rosario y Tayrona, además de irrigar empleo y beneficios a ciertas comunidades, caso Cañaveral, Santa Marta y La Revuelta, le han reportado $10.600 millones a Parques Nacionales.
Las negociaciones de paz trajeron frescos vientos y permitieron formalizar 189 convenios sobre cierre de frontera agrícola con familias que viven o colindan con nueve áreas protegidas, ubicadas dentro de los 65 municipios priorizados en el Acuerdo. También facilitaron un proceso de restauración ecológica de áreas afectadas por cultivos ilícitos. Es el caso de la regeneración natural de 30 ha en el Santuario de Flora y Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, al sur del país, en el piedemonte amazónico, pactada con trece familias campesinas.
La batalla por garantizar la protección de las áreas de reserva natural es compleja, y para ganarla se deberá priorizar una política de Estado que conduzca a su sostenibilidad y que sirva, como el ejemplo que nos da Costa Rica, para hacer del turismo de naturaleza una industria exitosa. En este país vecino y sosegado el 2% de territorio declarado parque nacional está abierto al turismo, y de esta franja aprovechable económicamente sale el 40% del presupuesto para mantener la totalidad del sistema.
Aumentar las áreas protegidas, liberándolas de los depredadores, es un primer paso para asegurar la conservación de la biodiversidad, y abre un abanico de posibilidades para mirar hacia las orillas del turismo sustentable, a través de políticas públicas que reporten frutos a los ecosistemas, las comunidades, los turistas y el país. Seguir buenos ejemplos internacionales permitirá disfrutar de nuestros recursos a través de un desarrollo turístico sostenible, que, como se ha demostrado, suele producir buenos dividendos… por naturaleza.
La falta de cultura ambiental es un factor determinante que incide en la destrucción de nuestros recursos naturales, comprometidos por el manejo irresponsable que originan ciertas prácticas productivas y criminales. Actividades que buscan beneficios particulares, como la ganadería extensiva, la tala de bosques, el tráfico de especies silvestres, la minería ilegal, el narcotráfico y los asentamientos irregulares en áreas de conservación, generan consecuencias imprevisibles.
En las altas cumbres se tiene la mira puesta en el problema, pero falta mayor contundencia para enfrentar las amenazas depredadoras que atentan contra la estabilidad de un patrimonio que resulta de gran valor estratégico para garantizar el desarrollo nacional y el futuro de las próximas generaciones. Contener la dilapidación de estos recursos vitales exige tanto de educación ambiental y de conciencia cívica, como de un ejercicio de autoridad, con control y vigilancia permanentes.
La conservación de la biodiversidad biológica es una tarea en la que se avanzó durante el anterior gobierno, mediante la delimitación de páramos y la ampliación de áreas protegidas, medida que deberá complementarse con presencia efectiva del Estado para conseguir resultados tangibles. En los últimos cuatro años se integraron 5,5 millones de ha de áreas protegidas, y el país consolidó un total de 29 millones de ha, algo así como el 14% del territorio nacional. Colombia adquirió un compromiso internacional para 2020 de proteger por lo menos el 17% de las zonas terrestres y de aguas continentales, y el 10% de las zonas marinas y costeras.
Dentro de las estrategias para la conservación de aquellas áreas que tienen vocación turística las actividades ecoturísticas juegan un papel importante, como lo han demostrado otros países. El ecoturismo resulta ser un inmejorable aliado económico que irriga beneficios tanto para el sostenimiento de las reservas naturales, como para el de las comunidades locales, incluyendo aquellas localizadas en sus zonas de amortiguación.
Parques Nacionales viene implementando algunos programas de ecoturismo comunitario que arrojan positivos resultados en la consecución de tales propósitos, al igual que en la apropiación de los territorios por parte de viajeros que encuentran motivos para sensibilizarse, respetar y proteger los recursos naturales y culturales. Varias alianzas suscritas con organizaciones locales para la prestación de servicios y actividades ecoturísticas generan oportunidades laborales, de ingresos económicos, valoración de territorios y divulgación del patrimonio.
El número de visitantes que participan en actividades de ecoturismo en las áreas protegidas del país es relativamente bajo, pero se incrementa de manera constante, particularmente en razón a las nuevas condiciones de acceso que en algunas de ellas permite el proceso de paz con las Farc. Entre junio de 2017 y mayo de este año se registró algo más de 1’700.000 visitantes, y concesiones como las de los PNN Corales del Rosario y Tayrona, además de irrigar empleo y beneficios a ciertas comunidades, caso Cañaveral, Santa Marta y La Revuelta, le han reportado $10.600 millones a Parques Nacionales.
Las negociaciones de paz trajeron frescos vientos y permitieron formalizar 189 convenios sobre cierre de frontera agrícola con familias que viven o colindan con nueve áreas protegidas, ubicadas dentro de los 65 municipios priorizados en el Acuerdo. También facilitaron un proceso de restauración ecológica de áreas afectadas por cultivos ilícitos. Es el caso de la regeneración natural de 30 ha en el Santuario de Flora y Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, al sur del país, en el piedemonte amazónico, pactada con trece familias campesinas.
La batalla por garantizar la protección de las áreas de reserva natural es compleja, y para ganarla se deberá priorizar una política de Estado que conduzca a su sostenibilidad y que sirva, como el ejemplo que nos da Costa Rica, para hacer del turismo de naturaleza una industria exitosa. En este país vecino y sosegado el 2% de territorio declarado parque nacional está abierto al turismo, y de esta franja aprovechable económicamente sale el 40% del presupuesto para mantener la totalidad del sistema.
Aumentar las áreas protegidas, liberándolas de los depredadores, es un primer paso para asegurar la conservación de la biodiversidad, y abre un abanico de posibilidades para mirar hacia las orillas del turismo sustentable, a través de políticas públicas que reporten frutos a los ecosistemas, las comunidades, los turistas y el país. Seguir buenos ejemplos internacionales permitirá disfrutar de nuestros recursos a través de un desarrollo turístico sostenible, que, como se ha demostrado, suele producir buenos dividendos… por naturaleza.