Práctica del rebusque

Un proyecto de ley que reglamenta la naturaleza y destinación de las propinas en restaurantes, bares y similares -a punto de abordar su último y definitivo debate en la plenaria del Senado- está causando un visible malestar en este gremio.

  La propuesta, que bien hubiera merecido un análisis técnico social más riguroso, tiene tan alborotado al sector, que desde su interior se ventila, incluso, llegar al evento de no sugerir a los clientes el pago de este reconocimiento, decisión de mucho peso –que se traducirá en menos pesos- para los bolsillos de sus millares de empleados.

La iniciativa, presentada por el representante Efraín Torres, inició su trámite hace dos años y busca elevar a la categoría de ley el carácter voluntario de las propinas, una cultura que madura en Colombia desde hace más de un cuarto de siglo; se encuentra ampliamente reglamentada a través de normas legales y administrativas, y es vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El rechazo de los empresarios no se dirige hacia la existencia y funcionamiento de esta figura ni hacia el control oficial que debe ejercerse para evitar y sancionar la destinación arbitraria que de ella hacen algunos establecimientos, en su inmensa mayoría informales, sino contra un par de modificaciones que el proyecto le introduce a la normatividad actual, y que además de alterar el sistema de distribución vigente, cuya práctica ha demostrado operar sin contratiempos, puede atentar contra la eficiencia misma de los negocios.

La iniciativa del congresista de la U determina que la distribución del recaudo de la propina deberá hacerse de manera igualitaria entre los trabajadores de la cadena de servicios, propuesta que los empresarios ven con poca simpatía. Extender su reconocimiento a toda la cadena, incluyendo personal con funciones administrativas, podría perturbar el clima laboral si no se hace justicia con tiempos de trabajo, jerarquías, esfuerzos, méritos y compromisos individuales; y conllevaría a desestimular a los empleados que por su relación directa con los consumidores se encuentran obligados a responderles por su satisfacción final.

En la actualidad, estos establecimientos asumen políticas fiscalizadas para la distribución de dicho dinero entre sus empleados, acordadas por estos mismos, y ofrecen alternativas para vigilar su uso y evitar destinaciones diferentes a la autorizada. El personal dispone de mecanismos confiables de seguimiento de los recaudos a través de facturas, comprobantes de contabilidad, y los llamados comités de propina que funcionan en un buen número de restaurantes, bares y demás negocios similares que operan dentro de la formalidad.

Pero las principales inquietudes de los empresarios se centran en la obligación legal establecida en la norma de incluir el acuerdo contentivo de la forma de distribución de las propinas dentro de los contratos de trabajo, y en los sobrecostos que el procedimiento habrá de generar por concepto de comisiones bancarias. En el primer caso resultaría contradictorio que el procedimiento se incluya como cláusula dentro de un contrato consensual, con eventuales implicaciones salariales, cuando los empleadores carecen de vínculos con los dineros recolectados, puesto que no se les permite participar, regular u opinar sobre su distribución.

En cuanto a las comisiones, su observación obedece, con cierta lógica, a los costos financieros y bancarios que conlleva el trámite de estos recursos y que en un alto porcentaje ingresan mediante pago por medios electrónicos. Obligar a que lo asuman los empresarios, especialmente aquellos de bajo y mediano nivel, sería colocarles una nueva carga impositiva que se suma a la ya larga cadena de impuestos y parafiscales que tributan de tiempo atrás.

Desistir del pago voluntario de la propina -como dice sentirse obligado a hacerlo el sector por cuenta de este proyecto- será algo así como propinarle –y que valga el verbo¬- un certero golpe a los ingresos de más de medio millón de trabajadores de bajos ingresos que gracias a ella pueden aspirar a tener una entrada económica digna para vivir con decoro, y bastante lejos de la práctica del rebusque, tan común dentro de la informalidad.
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