El pulso empresarial surgido por la concesión del Parque Tayrona desató un torrencial aguacero —con debate político incluido—, cuyos efectos generan cierta incertidumbre en la economía samaria ante el eventual aplazamiento de la futura licitación, escenario que de darse obligaría a restringir temporalmente algunos servicios turísticos, con afectación a las arcas de la ciudad y al bolsillo de millares de trabajadores que dependen del flujo de viajeros que visitan este atractivo natural.
La licitación, cuyo cierre está previsto para el 22 de noviembre, enfrenta el rechazo de un sector empresarial de la región, encabezado por la familia Dávila Zuñiga, uno de cuyos miembros, José Francisco Zúñiga, fue alcalde de Santa Marta en 2004 y años después terminó enredado judicialmente por vínculos con las Auc. Las voceras del grupo familiar son las hermanas Claudia y Beatriz, representantes de la sociedad Promotora Arrecifes S.A.S., quienes consideran inviable el modelo ecoturístico implementado por la Unidad Administrativa de Parques Nacionales.
De acuerdo con las hermanas Dávila, durante la actual concesión, regida por dicho modelo, el Tayrona ha sufrido daños ambientales irreparables y enfrenta una situación insostenible, con riesgo de empeorar si se mantiene el mismo esquema para los 23 años que garantiza la próxima licencia. Amparadas en sentencia de la Corte Constitucional, piden definir un Plan de Manejo Ambiental incluyente e integral en el que participen las 48 veredas que están en la jurisdicción y solicitan suspender la licitación hasta que se promueva un consenso con la comunidad.
Las hermanas entraron el tinglado dispuestas a incursionar de lleno en el sector turístico y a participar en su toma de decisiones. Una intención que acarician de tiempo atrás. En 2011 sacaron de su portafolio de negocios la propuesta de un lujoso hotel de siete estrellas para el Tayrona, que en su momento recibió apoyo del presidente Santos, pero que finalmente enfrentó el rechazo de ambientalistas y de la propia Unidad de Parques, cuya directora, Julia Miranda, es persistente en su política de impedir la construcción de hoteles en los parques nacionales.
Con la llegada del presidente Duque desempolvaron el proyecto y en su intento por formalizarlo buscaron respaldo político y lo recibieron del expresidente Uribe, quien durante una visita a Santa Marta cuestionó a Parques Nacionales, que acusó de impedir el desarrollo de la infraestructura turística del Tayrona, y requirió al Gobierno para que otorgue facilidades a los empresarios que quieran ejecutar propuestas de inversión que encajen dentro del turismo de talla mundial. En el Senado, el tema produjo fuerte discusión entre el expresidente y el liberal Mauricio Gómez, quien solicitó de la Procuraduría el acompañamiento del proceso.
Pero la artillería de las hermanas Dávila también apunta hacia los actuales concesionarios, Aviatur y la Cámara de Comercio de Santa Marta —los únicos que ha tenido esta reserva natural desde que se abrió al turismo hace 13 años—, a quienes desde la línea de fuego les dispararon una demanda penal, responsabilizándolos por afectación y deterioro, consecuencia de la práctica de un turismo desorganizado —como lo califican— que está destruyendo el parque. Cabe señalar, empero, que el área concesionada equivale solo al 1% del total de la reserva.
El presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, ha sido cauto en la controversia, pero se muestra dispuesto a marginarse de la nueva licitación, no por las críticas de la contraparte, sino por las falencias de infraestructura con las que ha venido operando, como sucede con el precario servicio de sanitarios y el estado lamentable de las vías que atraviesan la concesión que, según alega, se han convertido en fuente de conflictos y en problema de imagen comercial.
Su condición para continuar al frente de la concesión es que la Unidad de Parques Naturales o las autoridades departamentales —las primeras responsables— se metan la mano al dril y asuman el compromiso de pavimentar las carreteras. Aviatur asumió la concesión en 2006, cuando nadie tenía interés en ella, y después de tres años de pérdidas introdujo el destino en los catálogos turísticos internacionales y consolidó un creciente flujo de viajeros, que el año pasado alcanzaba utilidades por $8.000 millones.
La suspensión del proceso licitatorio —a partir del 6 de diciembre— restringirá los servicios del parque y se pondrán en juego, particularmente en la temporada decembrina, importantes ingresos para Santa Marta y millares de trabajadores que se mueven dentro de esa economía.
De persistir el torrencial, el presidente Duque deberá sacar el paraguas y decidirse entre la posición ambientalista de la directora de la Unidad de Parques, explicable en un país con escasa conciencia ambiental, o atender los llamados de su jefe político, que defiende proyectos que encajan dentro del marco de sostenibilidad en países desarrollados. Y, seguramente, sea cual sea la determinación que adopte, terminará dejándolo empapado.
Posdata. Entre los compromisos que tendrá el próximo concesionario del Parque Tayrona se cuenta la prestación de servicios ecoturísticos; la dotación, adecuación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, y el aporte en programas comunitarios para beneficio de los cuatro pueblos indígenas que son dueños del territorio.
El pulso empresarial surgido por la concesión del Parque Tayrona desató un torrencial aguacero —con debate político incluido—, cuyos efectos generan cierta incertidumbre en la economía samaria ante el eventual aplazamiento de la futura licitación, escenario que de darse obligaría a restringir temporalmente algunos servicios turísticos, con afectación a las arcas de la ciudad y al bolsillo de millares de trabajadores que dependen del flujo de viajeros que visitan este atractivo natural.
La licitación, cuyo cierre está previsto para el 22 de noviembre, enfrenta el rechazo de un sector empresarial de la región, encabezado por la familia Dávila Zuñiga, uno de cuyos miembros, José Francisco Zúñiga, fue alcalde de Santa Marta en 2004 y años después terminó enredado judicialmente por vínculos con las Auc. Las voceras del grupo familiar son las hermanas Claudia y Beatriz, representantes de la sociedad Promotora Arrecifes S.A.S., quienes consideran inviable el modelo ecoturístico implementado por la Unidad Administrativa de Parques Nacionales.
De acuerdo con las hermanas Dávila, durante la actual concesión, regida por dicho modelo, el Tayrona ha sufrido daños ambientales irreparables y enfrenta una situación insostenible, con riesgo de empeorar si se mantiene el mismo esquema para los 23 años que garantiza la próxima licencia. Amparadas en sentencia de la Corte Constitucional, piden definir un Plan de Manejo Ambiental incluyente e integral en el que participen las 48 veredas que están en la jurisdicción y solicitan suspender la licitación hasta que se promueva un consenso con la comunidad.
Las hermanas entraron el tinglado dispuestas a incursionar de lleno en el sector turístico y a participar en su toma de decisiones. Una intención que acarician de tiempo atrás. En 2011 sacaron de su portafolio de negocios la propuesta de un lujoso hotel de siete estrellas para el Tayrona, que en su momento recibió apoyo del presidente Santos, pero que finalmente enfrentó el rechazo de ambientalistas y de la propia Unidad de Parques, cuya directora, Julia Miranda, es persistente en su política de impedir la construcción de hoteles en los parques nacionales.
Con la llegada del presidente Duque desempolvaron el proyecto y en su intento por formalizarlo buscaron respaldo político y lo recibieron del expresidente Uribe, quien durante una visita a Santa Marta cuestionó a Parques Nacionales, que acusó de impedir el desarrollo de la infraestructura turística del Tayrona, y requirió al Gobierno para que otorgue facilidades a los empresarios que quieran ejecutar propuestas de inversión que encajen dentro del turismo de talla mundial. En el Senado, el tema produjo fuerte discusión entre el expresidente y el liberal Mauricio Gómez, quien solicitó de la Procuraduría el acompañamiento del proceso.
Pero la artillería de las hermanas Dávila también apunta hacia los actuales concesionarios, Aviatur y la Cámara de Comercio de Santa Marta —los únicos que ha tenido esta reserva natural desde que se abrió al turismo hace 13 años—, a quienes desde la línea de fuego les dispararon una demanda penal, responsabilizándolos por afectación y deterioro, consecuencia de la práctica de un turismo desorganizado —como lo califican— que está destruyendo el parque. Cabe señalar, empero, que el área concesionada equivale solo al 1% del total de la reserva.
El presidente de Aviatur, Jean Claude Bessudo, ha sido cauto en la controversia, pero se muestra dispuesto a marginarse de la nueva licitación, no por las críticas de la contraparte, sino por las falencias de infraestructura con las que ha venido operando, como sucede con el precario servicio de sanitarios y el estado lamentable de las vías que atraviesan la concesión que, según alega, se han convertido en fuente de conflictos y en problema de imagen comercial.
Su condición para continuar al frente de la concesión es que la Unidad de Parques Naturales o las autoridades departamentales —las primeras responsables— se metan la mano al dril y asuman el compromiso de pavimentar las carreteras. Aviatur asumió la concesión en 2006, cuando nadie tenía interés en ella, y después de tres años de pérdidas introdujo el destino en los catálogos turísticos internacionales y consolidó un creciente flujo de viajeros, que el año pasado alcanzaba utilidades por $8.000 millones.
La suspensión del proceso licitatorio —a partir del 6 de diciembre— restringirá los servicios del parque y se pondrán en juego, particularmente en la temporada decembrina, importantes ingresos para Santa Marta y millares de trabajadores que se mueven dentro de esa economía.
De persistir el torrencial, el presidente Duque deberá sacar el paraguas y decidirse entre la posición ambientalista de la directora de la Unidad de Parques, explicable en un país con escasa conciencia ambiental, o atender los llamados de su jefe político, que defiende proyectos que encajan dentro del marco de sostenibilidad en países desarrollados. Y, seguramente, sea cual sea la determinación que adopte, terminará dejándolo empapado.
Posdata. Entre los compromisos que tendrá el próximo concesionario del Parque Tayrona se cuenta la prestación de servicios ecoturísticos; la dotación, adecuación, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, y el aporte en programas comunitarios para beneficio de los cuatro pueblos indígenas que son dueños del territorio.