San Andrés no da tanta espera

La crisis de conectividad aérea que enfrenta el archipiélago de San Andrés debe ser mirada con toda preocupación. No solo impacta de manera drástica su actividad turística, sino que pone en la cuerda floja todo el andamiaje económico y fiscal de este, el único departamento insular que tiene el país, sobresaltado en los últimos años por el cruce de contingencias sanitarias y desastres naturales. Ya el doble golpe de la pandemia y del huracán Iota había tenido efecto devastador en la economía y en el empleo.

Las hermosas islas caribeñas, ubicadas a 320 millas náuticas de Cartagena, no tienen sector primario ni secundario, solo terciario. Viven del turismo, la principal fuente de sus ingresos. La mayor tajada de los recursos proviene de la tarjeta de turismo, actividad a la que le cayó el verano encima ante la drástica reducción de viajeros ocasionada por el grave problema de conectividad aérea, su único medio regular de conexión con el continente.

En medición de febrero de 2023 se evidenció una reducción del 45 % del turismo con respecto al mismo período de 2022, año excepcional en el que se batía un récord histórico con la llegada de 1’385.000 visitantes, prometedor flujo que superaba con creces las cifras prepandémicas. Después de un expectante trimestre, entre octubre y diciembre, en el que se mantuvo un promedio mensual de 131.000 arribos, comenzaron a soplar los malos vientos desde los primeros meses de este 2023, con indicadores inquietantes. Fotografía que se repite, consecuentemente, en el nivel de ocupación hotelera, que venía oscilando en el 80% y que antes del retiro de Viva se había desplomado al 56%.

El primer gran nubarrón para San Andrés, Providencia y Santa Catalina aparece con la eliminación, al arranque de esta vigencia, de las exenciones tributarias que, a raíz de la cruda crisis sanitaria, habían sido adoptadas por el Gobierno Nacional para reactivar el mercado aéreo. Dicha decisión tiene marcada incidencia en los precios de los combustibles y, en consecuencia, puso en aprietos a las compañías de aviación que de inmediato redujeron en forma gradual el número de vuelos hacia las islas. La razón obedece a la fuerte carga financiera que representa el combustible —48%— en los costos operacionales de los aviones. Volar hacia este lejano rincón del país se convierte en una operación larga y costosa con margen de ganancia bajo; un negocio poco rentable, comparado con el que representa la operación de la red de rutas continentales.

Sin embargo, parte del problema podría resolverse si se atiende el llamado del Gobierno local para que se incluya a San Andrés dentro de la Ley de Fronteras, en la que se determina una exención del impuesto al IVA a la gasolina y al ACPM en los territorios limítrofes del país. Su incomprensible exclusión en esa norma no deja der ser una curiosa paradoja, por cuanto es este un departamento que colinda con siete países caribeños. Incluirlo dentro de la normatividad permitiría ofrecer un precio diferencial en el combustible para surtir los aviones en su propio aeropuerto, reduciendo así los costos empresariales y estimulando la oferta aérea

El horizonte para esta zona insular se acabó de oscurecer tras la súbita e irregular suspensión de operaciones de Viva Air, su operador aéreo más estratégico, que transportó el 48% de los turistas que llegaron a la isla en 2022. El cierre de servicios ha significado, entonces, la pérdida de la mitad de viajeros y de ingresos para la entidad territorial y el castigo a los empleos. Este trance pone en evidencia la fragilidad de las islas en materia de conectividad, así como lo insostenible que para su economía resulta mantener esa dependencia tan vital con la aviación comercial.

La mutación aérea repercute seriamente en las condiciones de la población. El costo de vida ha tenido un incremento superior a los índices registrados en el resto del país, debido a que la mayoría de los productos que allí se consumen, el 98% del total, son llevados desde puertos como Cartagena y Barranquilla, tan costosos y distantes ambos. El gobernador, Everth Hawkins, propone promover acercamiento con Nicaragua, alejada a tan solo 170 millas náuticas de distancia, para adquirirlos más rápidos y baratos.

La situación económica amenaza con paralizar proyectos de infraestructura turística y territorial, inicialmente atajados por la pandemia y el huracán Iota. En veremos parecen quedar una moderna apuesta hotelera en servicio y habitaciones, que está en vías de inaugurarse, y la renovación del Cayo Acuario. Recientes inversiones privadas en hoteles, posadas y lanchas que se venían haciendo, dada la masividad del turismo que afloraba a finales del año pasado, han puesto a los empresarios a correr bases para sortear deudas bancarias y advertencias de embargos.

El presente del archipiélago de San Andrés y Providencia es angustioso y urge la expedición de las medidas oficiales que correspondan para darle un tratamiento equitativo a esta región del país, a fin de evitar que la profundidad de su crisis llegue a los niveles extremos. Recuperar la capacidad aérea y asegurar la revitalización del flujo de visitantes no da tanta espera. Ojalá que los problemas que hoy rodean a estas paradisiacas islas sean flotantes y no terminen por sumergirlas.

En el sector. JetSmart, la aerolínea chilena que ha venido apostándole a la compra de Viva Air, ahora se la está jugando también por Ultra Air, otra joven low cost colombiana con sede en Rionegro. Los representantes de las dos compañías firmaron una carta de entendimiento, con la que se inicia un proceso de due diligence, para conocer la información técnica y financiera que demanda este tipo de negociaciones, antes de solicitar la autorización de la Aerocivil. JetSmart está respaldada por el músculo financiero del fondo norteamericano Indigo Partners y su presencia en Colombia, prevista para octubre, invita a dinamizar la competencia en el sector y a ofrecer precios más accesibles.

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