Desde que la Aeronáutica Civil se creó como Departamento Administrativo, en 1960, dependiente, entonces, del otrora Ministerio de Gobierno, y ahora del de Transporte, se ha caracterizado por ser un constante surtidor de escándalos. Y no es para menos. El que debiera ser un organismo técnico, acorde con sus exigentes responsabilidades en el manejo y control de la navegación y del espacio aéreos, para garantizar su seguridad, ha sido, desde sus inicios, fortín de la clase política, utilizado como bolsa de empleo para satisfacer pretensiones personales e intereses electorales.
En las últimas tres décadas, por sus oficinas, ha desfilado una veintena de directores, algunos con limitada moralidad y experiencia pública en los asuntos a su cargo; varios de ellos, protagonistas de muy recordadas controversias, no solo por sus decisiones administrativas y resultados de gestión, empañados por actos de negligencia, imprevisiones, falta de planeación e irregularidades en la contratación, sino por el absoluto desinterés en la aplicación de los procesos de transparencia y meritocracia.
La politización ha sido la principal amenaza de la entidad, generando condiciones adversas para su adecuado fortalecimiento institucional. Y el fenómeno, en cierta forma, se debe a la complicidad del nominador, que, en la repartija de cuotas burocráticas, designa en el puesto de mando a funcionarios sin las debidas credenciales. Estos, más que dedicarse a reglamentar y controlar la aviación civil, y a velar por la suerte de los usuarios, buscan sacar provecho del cuarto de hora que les brinda el gobierno de turno para fortalecer clientelas y entornos políticos.
Las necesidades en la planta de personal en las áreas encargadas de la parte operativa, responsable de la seguridad aérea, por ejemplo, son un problema viejo, recurrente y sin solución. Desde hace varios años, la nómina técnica se ha quedado corta ante al crecimiento desbordado del tráfico aéreo registrado en el país en estos últimos tiempos, pero las administraciones han pasado de agache en la búsqueda de soluciones. Al contrario, han priorizado la contratación de personal, en su mayoría innecesario, para otras dependencias misionales, mediante la generalizada práctica de contratos de prestación de servicios.
De una planta superior a los 3.000 empleados, la Aerocivil solo disponía, hasta hace algunos meses de menos de 170 inspectores de control y seguridad, menos de 700 controladores y menos de 500 bomberos aeronáuticos, repartidos entre el medio centenar de aeropuertos adscritos y distribuidos por el territorio nacional. El resto de la nómina, correspondía a cargos directivos, de asesoría y administrativos. Según los trabajadores, la sobrecarga laboral para el área operativa los obliga a doblar o triplicar jornadas, con grave riesgo físico, mental y emocional, lo que constituye una bomba de tiempo para la seguridad aérea.
Es tan arraigada la costumbre de mirar con complicidad la burocracia inútil que vegeta en la entidad, a la que, con escasas excepciones, le han apostado sus directores, que la causa de la reciente y fulminante destitución del último de ellos, Jair Orlando Fajardo, no obedeció a la multiplicación de las órdenes de servicio que a manos llenas firmaba su despacho para satisfacer los apetitos burocráticos del expresidente del Congreso, Juan Diego Gómez, y de sus amigos, sino a su incómoda confrontación con el protegido -por parte del alto Gobierno- contratista español, OHLA, encargado de sentar las bases del controvertido aeropuerto del Café, lo que retardó las obras, en contravía de los intereses del presidente Duque. El mandatario esperaba que estuvieran suficientemente avanzadas, con licitaciones listas para emprender su etapa de construcción, a fin de incluirlas en el postrero listado de sus logros del cuatrienio.
El principal beneficiario de la Aeronáutica Civil, desde su creación, ha sido el partido conservador, que la ha manejado casi que ininterrumpidamente, como ha sucedido con otros despachos, el caso del Ministerio de Agricultura. El conservatismo, una de las fuerzas políticas más poderosas de nuestra historia, tras décadas de liderazgo, poder y protagonismo, terminó convirtiéndose en una asociación sin norte, a la caza permanente de cargos y contratos del Estado. En 2017, el expresidente Andrés Pastrana, quien militó en sus filas, como su padre, el expresidente Misael, acusó, sin cortapisas, a la colectividad de ser “corrupta” y “vivir del clientelismo”.
Y, ciertamente, en el palmarés de la entidad son varios los directores conservadores destituidos u obligados a renunciar, como Fajardo; otros cuestionados, como Fernando Sanclemente, quien ahora enfrenta un juicio por una narcofinca de su propiedad, acusado de una irregular interventoría de las obras de ampliación de Eldorado; y su copartidario Ernesto Huertas, responsabilizado de la compra de cuatro multimillonarios radares defectuosos, que no tuvieron garantía por parte de la empresa vendedora.
Hasta hace quince días, el último director destituido, fue el, también, conservador Álvaro Raad, a quien, en 1994, declararon insubsistente por sacarle el cuerpo a una reunión de trabajo con el Banco Mundial en la que se discutirían los términos para la construcción de la polémica segunda pista del aeropuerto capitalino. Raad prefirió escaparse para participar en un homenaje político en su Cúcuta natal, acompañado del patriarca antioqueño Fabio Valencia Cossio y 40 fieles copartidarios, lo que le costó la cabeza ante la ebullición mediática.
Al conservador Fajardo, a quien las obras del aeropuerto del Café le avanzaban en cámara lenta, para disgusto del presidente, la resolución de despido le llegó a la velocidad de un Boeing, treinta días antes del aterrizaje de este gobierno, sin darle, ni siquiera, tiempo de tomarse un tinto....
En campo ajeno. Excelente el nombramiento del exmagistrado Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa, que contrasta con el manejo político que las administraciones anteriores le han dado a esa cartera. Llega un jurista estudioso e incorruptible, cuya vida pública ha sido eficiente y quien, sin duda, les dará un nuevo liderazgo a las fuerzas militares y de policía en cumplimiento de su función misional y en defensa de la sociedad y de la soberanía nacional.
