La llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño plantea expectativas e interrogantes sobre el futuro del sector turístico colombiano, concebido por el actual Gobierno como herramienta de transformación social y territorial. Su propuesta sobre el particular no demandó mayor atención en su discurso público, sumergido en las turbulencias de una campaña atípica, caracterizada más por la pugnacidad, el insulto y la crítica opositora que por la sustentación de políticas claras sobre los temas de interés nacional.
Sin embargo, en su plataforma electoral aparecen algunas directrices que permiten anticipar la visión con la que pretende impulsar una de las actividades económicas más dinámicas del país. En el Pilar 10, ‘Turismo, Cultura y Deporte’, del plan denominado ‘Patria Milagro’, la seguridad se presenta como condición previa para el desarrollo turístico. Su consigna es la recuperación del orden público antes de cualquier emprendimiento económico, partiendo de la premisa de que sin seguridad no es posible el turismo.
Esta actividad, bajo su mirada, se integraría a una agenda pro mercado articulada con el sector privado, con el propósito de reactivar la economía, el empleo y la inversión. La meta es convertir a Colombia en un destino “de clase mundial”, alcanzar cinco millones de visitantes anuales y generar ingresos por tres billones de pesos en el próximo cuatrienio.
No queda totalmente claro si su administración se deslindará, en cierta forma, de la política turística del presidente Petro, del que se ha convertido en un feroz contradictor, pero lo que sí es cierto es que sus propuestas parecen tener menos contenido social y comunitario y se alinean más con estrategias tradicionales de rentabilidad empresarial.
Su programa carece de detalles sobre sostenibilidad, turismo alternativo y redistribución territorial del ingreso. Aunque se anuncia la apertura de nuevas regiones —Pacífico, altillanura y territorios afectados por el conflicto—, el énfasis parece inclinarse hacia la libertad económica y la eliminación de trámites, más que hacia la equidad social.
La formalización de actores turísticos, la integración del río Magdalena como vía fluvial y la visibilización de San Agustín como patrimonio mundial son otros componentes de su propuesta. Con ello buscaría posicionar a Colombia como referente en biodiversidad, cultura y turismo de aventura.
Es importante, entonces, destacar el papel que ha jugado el turismo en Colombia durante los últimos años, particularmente en esta administración, en los que ha dejado de ser una actividad complementaria para convertirse en un motor estratégico de divisas y empleo. Entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, por ejemplo, el país recibió 22 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento del 134 por ciento frente al mismo periodo del gobierno anterior.
De igual manera, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de diez regiones le han apostado al turismo como una nueva forma de dinamizar sus economías, generando alrededor de dos mil nuevas opciones de empleo legal y digno en diferentes comunidades. La inversión histórica de cerca de 1,4 billones de pesos que recibieron 654 municipios de los 32 departamentos abrió oportunidades reales a regiones tradicionalmente olvidadas o azotadas por el conflicto armado.
Valga, además, recordar que el año pasado el turismo creció por encima del 56 por ciento, posicionando a Colombia como primer destino en Suramérica, tercero en Latinoamérica y con cupo entre los 20 de mayor crecimiento mundial. Bajo el empuje que se le ha venido dando al sector, éste ha dejado de ser una simple cifra para convertirse en un agente de transformación social y ambiental, impulsado por una visión que ha puesto la vida humana y los territorios en primer lugar.
La pregunta que queda flotando en el aire es si la “Patria Milagro” de De la Espriella podrá mantener el turismo como un motor de desarrollo estratégico sin descuidar la sostenibilidad social. Su enfoque implacable en seguridad podría ser un catalizador necesario para promoverlo, pero también podría convertirse en una limitante social si no se equilibra con protección ambiental, infraestructura e inversión en comunidades.
Habrá que ver si la presencia del nuevo inquilino de la Casa de Nariño significará, a partir de agosto, un eventual cambio de modelo en esta industria con respecto al que aplicó la actual administración, o será simplemente una variación que prioriza la seguridad como condición previa sin transformar la estructura de oportunidades para las regiones vulnerables que son la mayoría del país.
Es conveniente admitir que para un Gobierno no basta la mano de hierro como garantía mínima para poder vivir con dignidad, reducir el margen de inequidad social y prosperar en paz. El turismo colombiano necesita algo más que metas numéricas de cinco millones de visitantes. Requiere una política integral que estimule el desarrollo local y regional sostenible, garantizando oportunidades reales de ingresos para las comunidades anfitrionas.
La “Patria Milagro” no podrá validarse solamente con el conteo de visitantes, sino con la capacidad de convertir el turismo en un acto de reconciliación con los territorios, así como de equidad con las comunidades. Las huellas del progreso deben quedar marcadas en cada municipio donde el turismo pueda ser sostenible y socialmente justo. Bien decía un experto del sector que Colombia no solo se visita, también se vive. Y vivir requiere priorizar la justicia social con las poblaciones vulnerables -que son muchas- sobre la rentabilidad de algunos pocos.
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