Un forzoso aterrizaje

Al Gobierno Nacional se le agotaron los términos para fijar su posición sobre la solicitud de integración de Avianca y Viva Air, y la crisis, que venía en estado de maduración, le estalló en las manos en las últimas horas. La pequeña aerolínea de bajo costo decidió, súbitamente, cancelar la prestación del servicio, al poner en tierra la totalidad de su flota aérea y dejar varados en diferentes aeropuertos del país a centenares de pasajeros, que quedaron “volando”, sin alternativa alguna.

El trámite que han venido adelantando las autoridades sobre este caso, sin lugar a dudas, no se ha caracterizado por su rapidez. El proceso ha sido vacilante y ha estado sometido a elevados niveles de presión, ante la cadena de intereses cruzados, en medio de la disputa que sostienen la principal aerolínea colombiana, la chilena JetSmart y la panameña Latam Airlines, enfrascadas en un fuerte pulso, por su incidencia en las cuotas de participación en el mercado.

El urgente pronunciamiento, que tendrá que acelerarse ante las nuevas circunstancias, determinará el futuro de Viva Air, la joven aerolínea comercial, con centro de operaciones en el aeropuerto José María Córdova, sumida en una profunda crisis, reflejada en su balance de números rojos, por cuenta de diversas variables, como la tasa de cambio, el precio de los combustibles y los efectos de la inflación. Su difícil panorama, no cuantificado en cifras, la dejó, definitivamente, en tierra y, ante la falta de inyección de capital, deberán hacerse los esfuerzos necesarios para paliar su crisis y sostener su supervivencia.

Con la cancelación de sus servicios aéreos, la reducción de la oferta afectará de manera visible a numerosos destinos nacionales. El caso más dramático es el de la isla de San Andrés que, al tener en Viva Air su mayor aliada para el transporte de pasajeros, sufre con rigor las consecuencias. El radical descenso de las operaciones genera serias implicaciones en el transporte de viajeros, con gravoso impacto en el mercado turístico, que por ser su fuente básica de ingresos, golpea toda la economía departamental.

El trance de Viva Air sirvió de coyuntura, en abril pasado, para que sus directivas aceptaran suscribir, de conformidad, un acuerdo con Avianca, con el propósito de integrar una alianza empresarial, en cabeza de esta última, bajo el nombre de Grupo Abra. Avianca adquirió el 100% de los derechos económicos de Viva en Colombia y Perú, y adelantó un presunto proceso de fusión. Este paso fue vetado por la Aerocivil, al considerarlo violatorio a la libre competencia, acción respaldada por la Superintendencia de Industria y Comercio, que dio apertura a un expediente para aclarar si Avianca ejecutó y perfeccionó la operación con la debida autorización y supervisión del ente regulador.

Las autoridades investigan si las dos compañías habían dejado de funcionar como competidoras directas, para unificar servicios, previo a la solicitud formulada a la Aerocivil sobre la integración de sus operaciones. Avianca niega que ello haya sucedido e insiste en que su principal interés es rescatar a Viva Air de su deterioro. Igual posición sostienen los directivos de esta última, para la que la integración con Avianca era la única opción para mantenerse en el mercado.

Tras la actuación del Gobierno, la centenaria aerolínea pareció encallar en su propósito, al entrar en el jaleo dos rivales directos, JetSmart y Latam Airlines, dispuestos a adquirir la totalidad de las acciones de Viva. Su súbita aparición en el escenario llegó acompañada de ásperas declaraciones y cruces de comunicados, reforzando el argumento sobre una posible violación a la libre competencia. La preocupación se centra en un eventual acaparamiento, por parte de Avianca, de todo el mercado doméstico y de las principales rutas comerciales.

JetSmart promete participar en un proceso de integración con su homóloga colombiana y solicita autorización para operar temporalmente rutas domésticas, a fin de mitigar los efectos producidos en el mercado por el retiro de la flota de aviones de Viva. Igualmente, Latam anuncia su disposición de reacomodar a los pasajeros que tengan dificultades de desplazamiento. Avianca, por su parte, pone en tela de juicio las ofertas de sus competidoras, las califica de inviables técnicamente y le plantea propuestas a la Aerocivil, de autorizársele la fusión. Entre ellas mantenerle la marca, las rutas, los aviones, el modelo de bajo costo y la nómina de empleos.

El escenario se plantea sensible para el Gobierno, en cuanto a la toma de la decisión, comprometido a ofrecer garantías y analizar las propuestas de los tres operadores e, incluso, a contemplar otras formas, diferentes a la fusión, para evitar que la costosa quiebra de la aerolínea antioqueña la sepulte del todo. La eventual conformación de un monopolio en el mercado aéreo del país, tendría complejas consecuencias para los usuarios, los trabajadores y la misma competencia. Lo peor que podría suceder en este escenario es abonar el campo a un control oligopólico sobre la red de rutas aéreas.

No sobra recordar, cómo en 2001, se presentó una historia parecida, cuando a Avianca se le aprobó la integración operativa con Sam y Aces, con resultados negativos en la prestación del servicio y en el manejo empresarial. Poco tiempo después, Aces fue absorbida por Avianca, que afrontaba apremios financieros y debió acogerse al Capítulo 11 de Estados Unidos para evitar la quiebra.

En un país que adolece de vías férreas y carece de una apropiada red de infraestructura vial, como el nuestro, la dependencia del transporte aéreo es fundamental, y la presencia de un monopolio en el sector resulta altamente riesgosa. Un operador dominante en el mercado suele perder eficiencia en detrimento de los usuarios, prestar mal servicio, cobrar precios arbitrarios y anticompetitivos, y forzar a las aerolíneas discriminadas a abandonar sus rutas.

La Aerocivil no solo tendrá que acelerar, sino evaluar con lupa la decisión final, porque Viva Air, pese a su forzoso aterrizaje y desplome financiero, se ha convertido en una especie de joya de la corona, por la que tres aerolíneas alzan vuelo par alcanzarla. Y esta entidad es la depositaria de un trofeo que incidirá sensiblemente en el manejo regulado del mercado aéreo colombiano.

En el sector: Felipe Gutiérrez, abogado con estudios de postgrado en finanzas y M.B.A del INALDE Business School, fue confirmado como nuevo gerente general de EasyFly, aerolínea ciento por ciento colombiana. Gutiérrez había sido director jurídico y director financiero de la empresa y tendrá la misión de atender los retos del mercado, entre ellos abrir nuevas rutas y continuar con el plan de expansión, proceso que con tanto éxito lideró Alfonso Ávila, su fundador y presidente.

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