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Desde el fallo de la Corte de La Haya, en 2012, con el que se redujo el espacio marítimo del país, pero, a la vez, se ratificó la soberanía colombiana sobre las islas y cayos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el archipiélago ha venido navegando sobre el oleaje mediático, no solo por las frecuentes acometidas de la naturaleza, sino por el histórico olvido al que ha estado sometido por parte del Estado. De tiempo atrás, los habitantes conviven con un rosario de necesidades, pero la soberanía nacional poco se traduce en políticas públicas, a través de inversiones o del desarrollo de su infraestructura.
Su restrictiva dependencia en materia de conectividad aérea con la región continental del país lo hacen particularmente vulnerable. De ahí que la suspensión de los servicios de Viva Air y Ultra Air le hayan estrangulado el mercado de pasajeros, al pasar de recibir 35 vuelos diarios a tan solo ocho. En la reciente Semana Santa el archipiélago se apartó del comportamiento positivo que en materia turística tuvieron otros destinos nacionales -los de carácter religioso, por ejemplo-, al experimentar, como era previsible, una fuerte caída en el número de visitantes. Según Cotelco, la ocupación hotelera no superó el 18 % y, de mirarse los ingresos desde enero, las pérdidas para este sector se proyectan en cerca de $400.000 millones.
La considerable merma de pasajeros configura un contexto complejo que, seguramente, tendrá un reverso lento, a corto plazo, con efectos perturbadores en los frentes económicos y sociales. La reducción del número de vuelos trastoca toda la escenografía departamental y oxigena, aún más, su difícil situación. Afecta el flujo de turistas y viajeros, desencadenando un caos interno, reflejado en problemas para el desplazamiento de residentes y remisiones de enfermos. Además, restringe la capacidad de carga y, consecuencia de ello, agudiza el suministro de productos, aumenta su escasez e incrementa, tanto el costo de vida, como el desempleo y, de paso, las cifras de inseguridad.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina heredan serias problemáticas que se han venido agravando en los últimos años sin recibir la atención del Estado. Problemas puntuales, como la sobrepoblación; el tema ambiental; la carencia de suministro de agua potable, alcantarillado y gas natural en algunos sectores; las restricciones en los servicios de salud; la falta de una sede universitaria y el crecimiento de la criminalidad, demandan esfuerzos económicos, en especial de voluntad política, para obtener las soluciones apropiadas.
Han sido cuatro años difíciles para las islas, sometidas, golpe tras golpe, a los embates que le han sido causados, bien sea por el sonado colapso de los dos operadores aéreos que sumaban la mayor tajada del mercado de pasajeros, como por la pandemia y el paso del huracán Iota. El turismo, motor fundamental de las expectativas raizales, está sometido al vaivén de las inciertas coyunturas y cuando se comprime, como en estos casos, la reducción de ingresos pone en posición de jaque la economía local.
Se requiere encaminar esfuerzos, a nivel nacional y departamental, para desencallar el archipiélago y hacer de esta crisis un océano de oportunidades. Autoridades y empresarios tendrán que sentarse a repensar los pasos a seguir para salir del atolladero. Por ahora, y mientras los decretos anunciados por el Gobierno Nacional empiezan a dar resultados y se equilibra el mercado aéreo, deberán barajar opciones, como promover servicios de vuelos chárter y moderar tarifas hoteleras. A mediano plazo, será necesario reinventar la oferta turística, más allá de la propuesta de sol y playa, mediante la puesta en marcha de un catálogo de eventos culturales, artísticos, gastronómicos y deportivos que amplíen la gama de intereses de los viajeros, en aras de dinamizar el sector y darle una mayor cuota de competitividad.
El archipiélago está llamado a ser más que un hermoso paraíso turístico, fortaleciendo su vocación agrícola y pesquera, como alternativas viables de desarrollo. Por su estratégica localización insular, en medio del mar Caribe, debe convertirse en un eje valioso para la integración económica, ambiental, social, cultural, académica y científica de la región. En el artífice de una nueva era en las relaciones del país con las naciones vecinas, permitiéndole estimular el intercambio comercial para garantizar la seguridad alimentaria de sus pobladores, facilitándoles la importación de productos mucho más económicos que los que se consiguen en nuestra costa Atlántica.
Son grandes los retos que debe afrontar el Estado para superar la crisis del archipiélago y, en consecuencia, mejorar las condiciones de vida de su población. Solucionar el problema de la conectividad aérea tendrá que ser el primero y más urgente, para evitar una eventual parálisis de la economía. Sin embargo, es hora de replantear el rumbo de sus políticas de desarrollo para que las tormentas huracanadas no le vuelvan a ocultar el sol ni sus habitantes terminen sumidos en un mar de lágrimas.
En el sector: Aprovechando el papayazo que ha dado la crisis aérea en el país, dos nuevas aerolíneas entrarán este año al mercado nacional para suplir la carencia de rutas domésticas y comenzar el lento proceso de normalización. La chilena JetSmart iniciará su oferta doméstica, posiblemente, en octubre próximo, con aeronaves Airbus A32Oneo, en tanto que la suiza Edelweiss Air lo hará en noviembre, desde Europa, utilizando una moderna flota de aviones Airbus A340-300, con capacidad para 314 pasajeros.
