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Después del tira y afloja entre el Ministerio de Salud y un juzgado administrativo del Circuito de Bogotá, el Gobierno coloca nuevamente dentro de sus apuestas para enfrentar las amenazas de las posibles nuevas olas de la emergencia sanitaria -la tercera ya se nos vino encima-, la exigencia de las pruebas PCR a los viajeros internacionales, requisito vigente en la actualidad, pero sobre el cual se desató, en noviembre pasado, una fuerte controversia, luego de que el despacho gubernamental lo eliminara y por medio de una decisión judicial se ordenara su restablecimiento.
La revalidación de las pruebas quedó formalizada en la Resolución 411, que entra en vigencia a partir de hoy y unifica los protocolos de bioseguridad en los vuelos nacionales e internacionales. La norma actualiza recomendaciones obsoletas o con poca evidencia científica, como las relacionadas con las restricciones de los sistemas de entretenimiento y empleo de cobijas en los aviones, cuyo uso se autoriza previa desinfección; y conserva otras, como las de mantener tapabocas durante el trayecto, servir alimentos en intervalos asignados por filas para evitar que los pasajeros se descubran la boca al mismo tiempo y guardar silencio dentro de la aeronave.
Sin embargo, lo relevante de la nueva resolución es la posición oficial que asume el Ministerio de refrendar la exigencia de las pruebas PCR a los viajeros que vienen desde el exterior, las mismas que había descartado cuatro meses atrás y decretado otra vez, a mediados de enero, como epílogo del debate público que suscitó la sorpresiva decisión judicial de acoger una acción de tutela que le ordenaba mantenerlas.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, arguyó, en su momento, la imposibilidad de cumplir el fallo por razones epidemiológicas, al considerarlo fuera de toda evidencia y un riesgo de salud pública para el país, tras argumentar que esta prueba, primero, no es eficaz en lugares donde existe circulación activa del virus y, segundo, genera una falsa sensación de seguridad, al no ser ciento por ciento confiable. Esta premisa surge ante la eventualidad de que personas con el virus pueden dar negativo, mientras otras que fueron positivas ya no sean contagiosas después de la infección.
Al funcionario, como responsable de velar por la salud pública en todas sus dimensiones, le rondaba la preocupación de que se intentara desconocer la evidencia científica y el criterio de agencias sanitarias internacionales que consideran ineficaz el uso de dicha prueba. Pero motivo adicional de su incomodidad lo generaba el hecho de que la entutelada limitaba la capacidad y autonomía de su Despacho como autoridad de salud pública nacional frente al ejercicio de la emergencia sanitaria, sustentado en decretos y resoluciones estructurados por la entidad.
La orden judicial se impugnó y solo a partir del 12 de enero el Ministerio, a regañadientes, empezó a darle cumplimiento, la mantuvo y la formalizó en la nueva resolución, pese a que en la segunda semana de marzo el fallo del juzgado fue revocado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decisión calificada de histórica por el ministro. El Tribunal desestimó la acción por improcedente y porque podría llevar a que se tomara la tutela como un medio para desplazar las competencias ordinarias. De paso, cuestionó que el accionante, el abogado Alberto Elías González, no acreditó la ocurrencia de perjuicio irremediable por la no exigencia de la prueba por parte del Gobierno.
Calmada la tormenta, durante la cual, incluso, se ventiló la posibilidad de que el ministro Ruiz fuera arrestado por desacato a la tutela, la exigencia del test vuelve y juega como una herramienta viable y necesaria, ante la presencia y dispersión de nuevas variantes del COVID-19, mucho más agresivas, entre ellas la brasilera, la británica, la sudafricana y otras en observación, cuya irrupción le genera al país un verdadero desafío sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia genómica.
El tiempo y las circunstancias, entonces, le dieron parte de la razón al discutido fallo judicial frente a un virus que lleva más de un año, no deja de mutar y se expande agresivamente. Ante el inminente aumento de contagios no puede descartarse que la movilidad aérea impacte en su transmisión y, en consecuencia, cualquier filtro que se aplique, como la prueba PCR, es recomendable, aunque no garantice la plenitud de los resultados. Este examen, muy útil al inicio de la pandemia, todavía contribuye a identificar pacientes asintomáticos y evita el ingreso de casos importados y el incremento de su circulación en el territorio.
Aunque la Organización Mundial de la Salud no respalda el requisito de estas pruebas, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), lo recomienda para los vuelos internacionales. El test es requerido en gran parte de países, entre ellos España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Japón, Cuba, Ecuador, Argentina y Chile. En Australia y Nueva Zelanda, donde el manejo de la pandemia es exitoso, con bajas tasas de infección y mortalidad, es una exigencia imprescindible.
El tránsito aéreo internacional representa un riesgo epidemiológico relativo en países con alta transmisión doméstica del virus, pero las pruebas de detección, antes y después de viajar, sumadas a otras medidas de autocuidado, responsabilidad individual y distanciamiento social, disminuyen la propagación. La actualización de las normas de bioseguridad en los vuelos pondrá a prueba al sector de la aviación y, sin duda, garantizará viajes más seguros.
