Colombia cierra el cuatrienio del presidente Petro con varios saldos en rojo, pero con una señal difícil de ignorar: durante su administración el turismo dejó de ser un sector de discurso y se convirtió en una vitrina para la economía nacional. Gobierno y gremios impulsaron una narrativa de promoción internacional que entrelazó conectividad aérea, inversión territorial y una apuesta clara por el turismo sostenible, comunitario e incluyente. El resultado, un sector más visible, con cifras que lo posicionaron como motor de la economía, pese a sus grandes retos estructurales.
La campaña Colombia, el país de la belleza, fue el emblema de ese giro. Más que un eslogan, funcionó como marca-país orientada a vender biodiversidad, cultura y diversidad regional. El impacto fue tangible: Colombia logró proyectar una imagen más amable y sofisticada en los mercados emisores, menos atada al cliché de inseguridad y más cercana a la idea de un destino auténtico y competitivo.
Las cifras respaldan el relato. Según el ministerio del ramo, 23 millones de turistas no residentes llegaron al país entre agosto de 2022 y diciembre de 2025, marcando un récord histórico. El sector generó USD 34.430 millones en divisas al cierre del último año, superando en varios tramos al carbón como fuente de ingreso externo. Ello indica que el turismo aprendió a competir con actividades extractivas y a participar como eje del desarrollo territorial; y aunque no las sustituyó, sí logró disputarles espacio en la conversación económica nacional, algo impensable hace pocos años en un Estado dependiente de las regalías y los ingresos fiscales del sector minero-energético.
La conectividad aérea fue otro de los grandes avances. Colombia sumó nuevas rutas internacionales y fortaleció su red doméstica, con más frecuencias, más aerolíneas y mejor integración regional. En los cuatro años se movilizaron 138,8 millones de pasajeros aéreos, superando con amplitud cualquier período anterior. La expansión hacia destinos no tradicionales permitió que el turismo no se concentrara en las grandes capitales, sino que se extendiera a ciudades intermedias y pequeñas, dinamizando desarrollo, comercio y empleo locales.
En paralelo, más de 140 municipios recibieron por primera vez recursos de Fontur, lo que permitió impulsar proyectos de turismo comunitario y rural. La inversión llegó a territorios PDET, zonas de posconflicto y corredores naturales, promoviendo experiencias de aviturismo, ecoturismo, turismo cultural e indígena. El turismo se orientó hacia una política de sostenibilidad, apoyo comunitario e inclusión territorial, más que como una industria de servicios.
Aunque los resultados pudieron ser mejores, la narrativa sobre sostenibilidad, diversificación y redistribución territorial significó un cuatrienio exitoso en visibilidad internacional y en ingreso de divisas y visitantes. Persisten, sin embargo, muchas dificultades en el camino, determinantes para el buen norte del sector.
El orden público continuó golpeando en ciertas regiones: problemas de seguridad, persistencia de economías ilegales y conflictividad social limitaron el pleno desarrollo turístico en zonas con alto potencial y condicionaron la confianza inversionista. Con los gremios empresariales se presentaron fricciones frente a decisiones tributarias, costos operativos y falta de estímulos más agresivos para el turismo interno, pero, al final de cuentas, los desencuentros no afectaron las relaciones.
La inversión extranjera en oferta turística creció, aunque no al ritmo esperado. Hubo interés por hotelería, experiencias de viaje, conectividad y proyectos sostenibles, pero las circunstancias impidieron consolidar un clima más estable para atraer capital de largo plazo. La falta de reglas claras, junto a debilidades en infraestructura y capacitación laboral, limitó la posibilidad de convertir la buena imagen internacional en inversión robusta, empleo de calidad y mayor desarrollo turístico.
La capacidad institucional también mostró límites. Aunque se avanzó en promoción y conectividad, un Viceministerio débil y dificultades en la coordinación interinstitucional impidieron continuidad en proyectos estratégicos. La regulación del sector siguió fragmentada con vacíos que dificultan la competitividad frente a otros destinos de la región, mientras que la infraestructura, pese a la recuperación de varias terminales regionales, sigue siendo insuficiente ante los requerimientos.
La capacitación laboral es otro reto pendiente. Los programas de formación se mantuvieron poco articulados con las necesidades reales del mercado y es un hecho que sin capital humano cualificado el sector podrá mostrar crecimientos en volumen, pero no en calidad ni en competitividad.
La lección que sí deja esta administración es que el turismo puede ser plataforma de desarrollo económico y social y no un simple apéndice del entretenimiento. Puede mover flujos de dólares y reconciliar al país con su diversidad y con comunidades antes excluidas. Pero, así como la narrativa importa, la conectividad abre puertas y la inclusión territorial es posible, los retos estructurales siguen vigentes, relegados a notas al pie de página. Sin infraestructura adecuada, regulación estable, seguridad, atractivo inversionista y capacitación sólida, el turismo será volátil y vulnerable.
El próximo gobierno recibirá un sector turístico con vuelo en alza y visibilidad internacional ganada. No tendrá que despegar, bien sea desde Bogotá o desde Barranquilla o desde donde gobierne el presidente electo, pero sí deberá superar la altura y evitar turbulencias. El desafío será transformar el entusiasmo actual en desarrollo sostenible, con instituciones fuertes, reglas claras y una apuesta responsable por la seguridad y la equidad territorial. No es cuento afirmar que el turismo puede convertirse en un motor del desarrollo nacional. Ya está tomando vuelo y, a su favor, le quedan los vientos de cola. De ahí, que la sostenibilidad de esta industria debe ser… sostenida.
En el sector: El próximo ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, es abogado, especialista en Gerencia Política y magíster en Gestión Pública. Barranquillero de 44 años, su trayectoria política -de edil y concejal a representante a la Cámara y senador, siempre en la Comisión de asuntos económicos- se ha desarrollado alrededor de la casa Char, cuya maquinaria política ha sido pieza clave en sus triunfos electorales. Su nombre estuvo relacionado en 2021 con la indagación preliminar que la Corte Suprema abrió por el escandaloso contrato -proceso aún vigente- entre el MinTIC y Centros Poblados, que Gómez atribuye a confusión de homónimos. Sin vínculo directo con el sector turístico, su primer anuncio ha sido priorizar obras de infraestructura turística para Barranquilla, proyectadas en más de $300.000 millones.
