El Putumayo, de nuevo en el ojo del huracán

Hace algunos días circularon unos videos dantescos que mostraban la existencia de al menos 23 cadáveres de presuntos integrantes de una de las llamadas disidencias que operan en el Putumayo. Los registros de noticias señalaron que los muertos eran el resultado de los combates entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera.

Los opositores del presidente Petro no perdieron un solo segundo para inundar las redes sociales con mensajes cargados de ironía en los que destacaban que eso estuviera sucediendo en el gobierno de la paz total.

Lo cierto es que la lectura de la oposición, además de oportunista, resultó miope y cortoplacista. Sus comentarios pasaron deliberadamente por alto que entre 2016 y 2018 departamentos como el Putumayo vivieron sus días de mayor tranquilidad en medio siglo. Según los datos de la Policía Nacional, en esos años la tasa de homicidios en el Putumayo fue la más baja en décadas y no se presentó un solo atentado perpetrado por una organización armada. En ese mismo período de tiempo no se registraron víctimas de minas antipersonales. Esas alentadoras cifras fueron la consecuencia inmediata de la firma del Acuerdo final entre el Gobierno de entonces y las antiguas Farc.

La oposición también omitió recordar que a partir del 7 de agosto de 2018, con la llegada de Iván Duque al poder, la implementación del Acuerdo sufrió un freno que transformó para mal la situación de orden público. Duque llegó al Gobierno anunciando su idea de restablecer las aspersiones con glifosato y prácticamente abandonó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Ambas decisiones acabaron con las expectativas de miles de campesinos de transitar hacia una actividad productiva distinta a la de los cultivos de coca y, de paso, borraron sus ilusiones de vivir en un territorio con una robusta presencia institucional que les garantizara sus derechos.

A Duque siempre lo acompañó una visión limitada sobre el Acuerdo de Paz. Para él, este se reducía a la reincorporación de unos excombatientes y desconoció su vocación transformadora sobre los territorios. Esto condujo a que durante su mandato no se ejecutaran los contenidos del punto uno del Acuerdo, referido al desarrollo rural, cuyo objetivo central es el cierre de brechas económicas y sociales entre quienes viven en la ruralidad y quienes vivimos en las ciudades.

En medio de ese abandono del Acuerdo de Paz en los territorios, crecieron significativamente unas nuevas organizaciones armadas ilegales. Estas impusieron a sangre y fuego su control sobre la economía cocalera y las disputas entre ellas han sido las causantes del derramamiento de sangre que observamos días atrás.

Los anuncios del Gobierno actual de restablecer y fortalecer el PNIS en el Putumayo, junto con los de liderar una gran cruzada internacional para proteger la selva amazónica, constituyen una luz de esperanza para un territorio que ha vivido el horror durante cuatro décadas.