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15 Aug 2022 - 5:30 a. m.

Es la solidaridad, no la competencia

Con la aparición de la segunda generación de derechos humanos, los de carácter económico y social, el Estado pasó de asumir únicamente el compromiso de respetar y hacer respetar la vida y las libertades de los ciudadanos a asumir también el de desarrollar políticas para garantizarles unas condiciones mínimas de bienestar económico y social. Más recientemente también debió asumir el compromiso de garantizar un bienestar ambiental. Así las cosas, el Estado es un vehículo de la solidaridad colectiva porque es gracias a los tributos que pagan los ciudadanos, especialmente los de mayores ingresos, que se hace posible la financiación de este tipo de políticas.

La historia reciente ha demostrado que ha sido el enfoque solidario el que ha permitido enfrentar las adversidades económicas más complejas y extender la cobertura institucional para garantizar a un mayor número de ciudadanos el ejercicio de sus derechos. Fue la solidaridad, a través del uso de recursos públicos, la que logró superar la Gran Depresión económica de los años 30. De igual manera fue la solidaridad, a través del Plan Marshall, financiado con recursos públicos de los Estados Unidos, la que hizo realidad la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Varias naciones europeas, gobernadas en los años de la posguerra por dirigentes socialdemócratas, lograron no solamente un importante crecimiento económico sino también un significativo cierre de brechas sociales. La progresividad tributaria, que significa que quienes tienen más ingresos pagan tarifas más altas de impuestos, fue un elemento central de su política fiscal. Según Thomas Piketty, entre 1914 y 1980 los ingresos públicos pasaron de menos del 10 % de la renta nacional a alrededor del 40-50 % en los principales países europeos.

En los años 80 se impuso en el mundo occidental el modelo neoliberal, que desestimó la solidaridad y exaltó la competencia económica como fuente de riqueza y crecimiento. A partir de él, los ciudadanos de mayores ingresos empezaron a pagar tarifas significativamente menores en impuestos, surgieron las olas de privatizaciones de los más elementales servicios públicos y se redujo el Estado no solo en su tamaño sino también en su rol de promover el bienestar colectivo. Entre las consecuencias de su aplicación en Colombia hay que destacar las limitaciones para corregir nuestras profundas desigualdades económicas y sociales, así como también la entronización de un imaginario ciudadano en el que se privilegiaron el consumo desbordado y el éxito individual en detrimento del colectivo.

La reforma tributaria que acaba de presentar el nuevo Gobierno no es perfecta, pero es coherente con el criterio de progresividad. Podría decirse que es un primer paso hacia un enfoque de solidaridad que permitirá hacer más eficaz la tarea institucional de garantizar los derechos económicos, sociales y ambientales a todos los ciudadanos. Y quizá sea el comienzo de una transformación cultural que nos ayude a construir una nueva nación en la que se vuelva costumbre la inclusión.

Guillermo Rivera

Por Guillermo Rivera

Guillermo Rivera es abogado de la Universidad Externado de Colombia y actualmente es profesor en esa misma universidad. Fue congresista por el Partido Liberal y fue ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos.
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