La desigualdad en el acceso a la tierra

La sociedad colombiana es profundamente desigual. Uno de los sectores en los que se refleja esto con mayor nitidez es el rural. La propiedad de la tierra se encuentra concentrada en un pequeño porcentaje de personas, sobre todo en las zonas donde los suelos son de mayor calidad y hay mejor conectividad vial con los grandes centros de consumo. Una de las principales causas del conflicto armado es la desigualdad en el acceso a la propiedad rural.

Ese diagnóstico tiene varias décadas de haberse conocido y lo que ha ocurrido a lo largo del último siglo es que se han frustrado varios esfuerzos por corregir tal desigualdad. Los más destacados son tres: la Ley 200 de 1936 que impulsó el presidente López Pumarejo en su primer gobierno, que aun sin ser una profunda reforma agraria recibió el rechazo del establecimiento colombiano y gracias a eso sus resultados fueron precarios. El segundo lo lideró el presidente Carlos Lleras, quien intentó sacar adelante una reforma agraria que fue igualmente bloqueada por el establecimiento terrateniente a través del conocido Pacto de Chicoral. El tercero y más reciente esfuerzo fue el Acuerdo de Paz suscrito por el entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc. Su primer punto, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”, consagra un conjunto de medidas para garantizar equidad en el acceso a esa propiedad y también una adecuada provisión de bienes públicos, como salud, educación e infraestructura vial para las zonas rurales más apartadas. El acuerdo se suscribió en noviembre de 2016, a escasos 20 meses del final de ese gobierno. Antes de que este terminara su mandato se expidieron varios decretos y se radicó en el Congreso un proyecto de ley de desarrollo rural que pretendía ser la norma central a través de la cual se transformaría el campo colombiano, pero el gobierno de Duque y sus mayorías en el Congreso no quisieron impulsarlo, lo ignoraron y lo dejaron morir.

El presidente Petro, fiel a su propuesta de campaña, está implementando los contenidos del punto uno del Acuerdo de Paz. La ministra Cecilia López y Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, ambos históricamente comprometidos con la paz, están liderando una colosal tarea para superar esa vergonzosa desigualdad. El acuerdo suscrito con Fedegán para la compra de tierras y los ajustes a la manera en que predios de la nación —como varias islas en el Caribe— fueron entregados a particulares son algunas de las decisiones que dan cuenta del compromiso del Gobierno en materia de democratización del acceso a la propiedad rural.

Este no es un asunto de interés de las grandes urbes y de la mayoría de sus dirigentes, que suelen vivir de espaldas a las angustias de la Colombia rural profunda, pero es un asunto determinante para salir del conflicto armado, del narcotráfico y del atraso.

P. D. Les deseo a los lectores y a sus familias un buen año 2023 y les agradezco la generosidad de haberme leído durante el año que terminó antes de ayer.