La mayoría de los ciudadanos creen que la aplicación de la justicia es una venganza que debe asumir el Estado en su representación. Estos mismos ciudadanos desean muchos años de cárcel, incluso la cadena perpetua, a todo aquel que comete un delito, cualquiera que este sea. “Ojalá se pudran en la cárcel”, es una expresión que se les escucha decir cada que se conoce una noticia criminal. “El que la hace la paga”, rezaba el eslogan del expresidente Duque frente a su política criminal, a pesar de su formación de abogado. Muy pocas personas se detienen a pensar en lo que significa para un ser humano la privación de su derecho a la libertad y también son muy pocas las que reflexionan acerca de las condiciones que ofrece el sistema penitenciario. Se cree que si se aplican unas sanciones severas la criminalidad disminuirá o se acabará. Y como los políticos están en la búsqueda de descubrir el deseo de las mayorías, frente a cada problema que afecte la convivencia social responden con una propuesta de incremento de penas o de creación de nuevos delitos. Paradójicamente, al tiempo que aumentaron las penas y los delitos, se incrementó la criminalidad.
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Si entendiéramos que la administración de justicia no está instituida para asumir una venganza sino para la realización de la convivencia social y que las sanciones intramurales no son la única manera de alcanzarla, a lo mejor se tomarían otro tipo de decisiones.
Una de ellas podría ser la de darle un decidido impulso a la justicia restaurativa. Se trata de establecer en qué tipo de conductas delictivas podría ser más conveniente migrar de las sanciones privativas de la libertad a las sanciones restauradoras de los derechos vulnerados. Ese es el sentido de una propuesta que dio a conocer el ministro de Justicia a propósito del hurto de teléfonos celulares. Ojalá siga adelante con esa idea.
Por otra parte, la política criminal no solo tiene que ofrecer respuestas ante la comisión de delitos sino también acciones para evitarlos. Cuando el delito es cometido la reacción corresponde a los fiscales y a los jueces, pero en las medidas anticipatorias para evitarlo deben intervenir el Gobierno nacional y los gobiernos territoriales. La verdad es que se hace muy poco en esta materia y se debería hacer mucho más. Es necesario conocer las causas del delito y eso exige un estudio muy serio del fenómeno delincuencial y de sus protagonistas. Si eso se hiciera de manera sistemática, seguramente se desencadenarían diferentes políticas públicas. Además, se requeriría medir periódicamente cómo la aplicación de ese tipo de políticas guarda una relación equivalente con la disminución de la criminalidad o al menos de cierto tipo de criminalidad.
El problema es que los resultados de esas políticas solo se alcanzan en el mediano y en el largo plazo, y quizá por eso tienen muy poca cabida en las agendas de los gobiernos. Confío en que el nuevo Gobierno sea la excepción.
P. D. Asumo la responsabilidad que me corresponde porque durante 12 años en los que me desempeñé como congresista voté favorablemente varios proyectos de ley de incremento de penas y de creación de nuevos delitos. Fue un error.
Por Guillermo Rivera
