Los que traicionaron el Acuerdo de Paz

Desde que se supo del regreso de Iván Márquez a las armas expresé públicamente mi rechazo a su decisión. Mantengo esa posición, a pesar de la documentada investigación del periodista Edinson Bolaños, publicada por este diario en 2020, en la que se conocieron actuaciones que presuntamente buscaban tenderle una trampa a Márquez para judicializarlo. Han surgido voces críticas sobre una eventual negociación de paz entre él y el Gobierno actual, como las de Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo, de quienes no me cabe duda que lo hacen por sus convicciones jurídicas, pero sin el ánimo de entorpecer el objetivo del presidente Petro de alcanzar una paz total.

En cambio, sí resultan incoherentes los cuestionamientos que al respecto hizo el expresidente Iván Duque. El 7 de agosto de 2018, cuando él juró cumplir la Constitución en su condición de jefe de Estado, ya estaba vigente el Acto Legislativo 2 de 2017, que en el segundo inciso de su artículo 1 señala: “Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo final…”. Esto significa que aun con las diferencias que Duque siempre ha tenido con el texto del Acuerdo de Paz, su obligación era cumplirlo.

Basta con hacer un repaso general de lo que se hizo y lo que no durante su gobierno para demostrar que esa obligación se incumplió de manera grave. No presentó el proyecto de ley de reforma rural para desarrollar el punto 1 del Acuerdo, ni tampoco una reforma electoral en los términos en los que la ordenaba el punto 2. No puso en marcha el Decreto 660 de 2018, que estableció instancias de concertación entre las comunidades en riesgo y las autoridades para construir programas de protección colectiva. Desde el primer día de su gobierno anunció su deseo de restablecer las aspersiones aéreas con glifosato, a pesar de que el Acuerdo señala que esa medida solo podía ser utilizada si se demostraba que las comunidades no se acogían a los programas de sustitución voluntaria, los cuales su gobierno prácticamente dejó abandonados por la vía del desfinanciamiento. Con sus objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP buscó debilitar esa institución, y sus críticas públicas al modelo sancionatorio que la Constitución establece para quienes comparezcan ante aquella fueron leídas por muchos como un irrespeto a la independencia del Poder Judicial. La expresión “paz con legalidad” fue un deliberado juego de palabras para dar apariencia de ilegalidad a los temas del Acuerdo final que no compartía ni implementó. Al final de su gobierno, el panorama de orden público fue el siguiente: crecimiento de las llamadas disidencias, incremento de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, y aumento de los cultivos ilícitos en un 43 % en 2021, como lo señaló el SIMCI.

El Acuerdo de Paz no solo fue traicionado por quienes volvieron a las armas, sino también por quienes incumplieron su obligación de implementarlo integralmente desde el Estado.