Molano debería renunciar

En el año 2019 Roy Barreras demostró que unos niños habían muerto como consecuencia de un bombardeo de la fuerza pública en el Caquetá. Por esos hechos llegaron a existir mayorías en el Senado para aplicarle la moción de censura a Guillermo Botero, ministro de Defensa de la época. Él se anticipó y presentó su renuncia. Luego de otros bombardeos, también se conocieron testimonios de personas que dicen que varios niños fueron víctimas fatales de esas acciones operacionales. Por la pérdida de esas vidas inocentes nadie en el Gobierno ha asumido la responsabilidad política. Digo la responsabilidad política, porque la penal solo la conoceríamos si un juez así lo considera.

Lo más grave es que las evidencias están indicando que la fuerza pública continuó desarrollando operaciones en las que se pone en riesgo la vida de civiles. Lo que pasó en la mañana del lunes 28 de marzo en la vereda El Remanso, de Puerto Leguízamo, es una muestra más de esa realidad. Ese día, en ese lugar, como consecuencia de una operación del Ejército murieron el presidente de la Junta de Acción Comunal, un gobernador indígena y un niño, entre otros civiles. El ministro Molano defendió esa operación exhibiendo en su cuenta de Twitter un video de 12 segundos en el que se observa a unos civiles armados al lado de una mesa sobre la cual al parecer hay pasta de coca. Sin embargo, versiones de testigos señalan que esa mañana se encontraba la comunidad reunida en una celebración cuando fueron sorprendidos por disparos de hombres vestidos de negro que resultaron ser del Ejército. En un video que registró los momentos previos a esa operación, proveniente de la inteligencia militar y divulgado por Noticias Caracol el 3 de abril en su emisión de las 7 p.m., se observa desde la mira de un francotirador a un hombre armado que sería alias Bruno, el objetivo de la fuerza pública. Según esa nota periodística, también se observa a otras personas que caminan por el lugar, entre ellos un niño. Después de ver ese video surgen dos preguntas obvias: ¿por qué disparar cuando era evidente que había civiles en ese lugar, incluidos niños? ¿Acaso el afán por un positivo justifica un tiroteo que evidentemente ponía en riesgo la vida de civiles?

Resulta contradictorio que algunos oficiales del Ejército defiendan esa operación con el argumento de que fue planeada y ejecutada bajo protocolos del DIH, cuando uno de los propósitos del DIH es la protección de la vida de la población civil que se encuentra en medio de las confrontaciones. Y como si lo anterior fuera poco, el 6 de abril se conoció un comunicado de la Fiscalía sobre esos hechos que dice, entre otras, lo siguiente: “El componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de ese tipo”.

Mientras la justicia avanza en la determinación de las responsabilidades penales de estos gravísimos hechos, lo mínimo en un Estado democrático es que se asuman responsabilidades políticas. En ese orden de ideas, el ministro Diego Molano debería renunciar.