En la campaña de hace cuatro años, el candidato Duque vendió con éxito el miedo a que nos convirtiéramos en Venezuela. Hoy Federico Gutiérrez pretende aplicar la misma dosis sin mencionar tanto a Venezuela, pero repitiendo como loro mojado que hay que defender la democracia y las libertades.
Bajo la sombrilla de ese relato, asevera que uno de sus competidores expropiará pensiones, tierras y que se reelegirá indefinidamente si llegara a ganar. Parece como si Gutiérrez desconociera que nuestra Constitución establece que el Estado respetará los derechos adquiridos en materia pensional. También, que el Estado está obligado a promover el acceso a la propiedad, incluida la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios, y que la prohibición de la reelección solo puede ser derogada mediante referendo de iniciativa ciudadana o a través de una asamblea constituyente. No se trata de la Constitución bolivariana, se trata de la Constitución colombiana.
Cuando lo oigo o lo leo me pregunto: ¿cuál es la democracia y cuáles las libertades que defiende? ¿Acaso considera suficientemente democrática una sociedad en la que la educación de alta calidad es un privilegio de unos pocos en algunos centros urbanos?, ¿en la que las tierras más productivas están en manos de unos pocos?, ¿en la que un significativo número de colombianos están por fuera del sistema pensional?, ¿en la que la libertad de expresión es un detonante de estigmatización y en no pocas ocasiones de la muerte?
Quizás en el fondo lo que Federico Gutiérrez señala que está en riesgo es un régimen de privilegios. Lo que él debería saber es que democratizar la tierra no es quitársela a sus propietarios, sino que significa la imposición de tributos proporcionales a quienes tienen grandes extensiones de tierra para, entre otras cosas, financiar la ampliación de la oferta estatal de tierras productivas que facilite el acceso de los trabajadores agrarios a ellas. También debería saber que no es acabando la oferta educativa privada de calidad como se construye igualdad de oportunidades, sino haciendo de igual o mejor calidad la oferta educativa pública. Y que no es dejando intacto sino modificando el actual régimen de pensiones como se les va a garantizar una pensión a quienes no la tienen o a los jóvenes que algún día esperan tenerla.
Creo que, más que defender lo que tenemos de democracia y libertades, hay es que pensar cómo podemos profundizar nuestra democracia y establecer unas verdaderas garantías para el ejercicio pleno de nuestras libertades.
Hacer caso omiso, como lo hizo Duque, a los anhelos de cambio y garantías de derechos de millones de colombianos puede resultar más costoso que hacer reformas.
Nuestra Constitución es progresista en su carta de derechos, pero infortunadamente su desarrollo legislativo es aún incompleto. Desarrollarla integralmente debería ser la prioridad de cualquier candidato que sea auténticamente demócrata. Proponer defender lo que tenemos es claudicar ante la desigualdad y la injusticia.
P. D. En buena hora la Corte Constitucional declaró inexequible la modificación a la Ley de Garantías con efectos retroactivos.
En la campaña de hace cuatro años, el candidato Duque vendió con éxito el miedo a que nos convirtiéramos en Venezuela. Hoy Federico Gutiérrez pretende aplicar la misma dosis sin mencionar tanto a Venezuela, pero repitiendo como loro mojado que hay que defender la democracia y las libertades.
Bajo la sombrilla de ese relato, asevera que uno de sus competidores expropiará pensiones, tierras y que se reelegirá indefinidamente si llegara a ganar. Parece como si Gutiérrez desconociera que nuestra Constitución establece que el Estado respetará los derechos adquiridos en materia pensional. También, que el Estado está obligado a promover el acceso a la propiedad, incluida la propiedad de la tierra a los trabajadores agrarios, y que la prohibición de la reelección solo puede ser derogada mediante referendo de iniciativa ciudadana o a través de una asamblea constituyente. No se trata de la Constitución bolivariana, se trata de la Constitución colombiana.
Cuando lo oigo o lo leo me pregunto: ¿cuál es la democracia y cuáles las libertades que defiende? ¿Acaso considera suficientemente democrática una sociedad en la que la educación de alta calidad es un privilegio de unos pocos en algunos centros urbanos?, ¿en la que las tierras más productivas están en manos de unos pocos?, ¿en la que un significativo número de colombianos están por fuera del sistema pensional?, ¿en la que la libertad de expresión es un detonante de estigmatización y en no pocas ocasiones de la muerte?
Quizás en el fondo lo que Federico Gutiérrez señala que está en riesgo es un régimen de privilegios. Lo que él debería saber es que democratizar la tierra no es quitársela a sus propietarios, sino que significa la imposición de tributos proporcionales a quienes tienen grandes extensiones de tierra para, entre otras cosas, financiar la ampliación de la oferta estatal de tierras productivas que facilite el acceso de los trabajadores agrarios a ellas. También debería saber que no es acabando la oferta educativa privada de calidad como se construye igualdad de oportunidades, sino haciendo de igual o mejor calidad la oferta educativa pública. Y que no es dejando intacto sino modificando el actual régimen de pensiones como se les va a garantizar una pensión a quienes no la tienen o a los jóvenes que algún día esperan tenerla.
Creo que, más que defender lo que tenemos de democracia y libertades, hay es que pensar cómo podemos profundizar nuestra democracia y establecer unas verdaderas garantías para el ejercicio pleno de nuestras libertades.
Hacer caso omiso, como lo hizo Duque, a los anhelos de cambio y garantías de derechos de millones de colombianos puede resultar más costoso que hacer reformas.
Nuestra Constitución es progresista en su carta de derechos, pero infortunadamente su desarrollo legislativo es aún incompleto. Desarrollarla integralmente debería ser la prioridad de cualquier candidato que sea auténticamente demócrata. Proponer defender lo que tenemos es claudicar ante la desigualdad y la injusticia.
P. D. En buena hora la Corte Constitucional declaró inexequible la modificación a la Ley de Garantías con efectos retroactivos.