La rebelión de los narcos

TODO CRIMINAL ES UN REBELDE por definición: se ha rebelado contra las leyes del Estado que regulan el orden de la sociedad. Al despojar a unos ciudadanos de su propiedad, incumplir las normativas legales o al apropiarse de rentas ilícitas, los criminales están cuestionando las estructuras de producción y distribución de riqueza dictadas por un Estado.

Pero el crimen visto desde la perspectiva de la rebelión contra el orden establecido no representa mayor problema para las autoridades si involucra sólo a unos cuantos individuos que de manera clandestina y directa se benefician de algún delito.

El problema está cuando los beneficios del crimen se distribuyen mucho más allá de los actores involucrados directamente en su ejecución. En ciertos casos la reivindicación económica y simbólica que se desprende de una forma específica de delito alcanza suficiente aceptación social para cuestionar los fundamentos de la autoridad y el orden. El crimen como una manifestación de rebeldía frente al Estado se convierte entonces en un problema político. Y las autoridades deben elegir entre la permisividad frente a las estructuras sociales que se forman alrededor de una actividad delictiva o las estrategias represivas que afectan a grandes capas de la población.

El narcotráfico en Colombia es un ejemplo claro de cuando el crimen se convierte en un problema de rebelión política debido a su difusión social. Contrario a la lógica que dictaba que lo mejor para el éxito del negocio era la clandestinidad, algunos de los primeros narcotraficantes del país se dedicaron a ostentar sus nuevas fortunas. La exhibición de un consumo inédito en sociedades aisladas de los mercados nacionales e internacionales, y por supuesto la repartición de dinero entre la población, permitió a estos narcos convertirse en los ‘patrones’ de las redes sociales que conformaban sus comunidades. Actuaron de ese modo porque detrás de los intereses económicos estaba un ansia reivindicativa frente a su comunidad de origen.

El resultado sería explosivo durante las siguientes tres décadas de nuestra historia. Como era de esperarse, la vistosidad de los primeros capos hizo que fueran eliminados por las autoridades, pero la difusión del negocio como actividad que estructura el poder político y económico en muchas comunidades del país quedó garantizada.

En un principio el problema se limitaba a las redes sociales de algunos mafiosos de origen humilde en Antioquia y en las áreas de influencia de los esmeralderos. Ya a finales de los ochenta el asunto involucraba a miles de colonos sin tierra que en los territorios de las Farc se convirtieron en sembradores de coca. En los noventa los narcotraficantes armaron sus propios ejércitos y construyeron pequeños estados autónomos a lo largo de las regiones del país. Al día de hoy es difícil encontrar en Colombia zonas distintas a unas cuantas ciudades o municipios muy aislados en que el narcotráfico no afecte de manera significativa el orden social y el poder político.

Puede que nunca se haya logrado construir una ideología coherente alrededor del narcotráfico, pero para efectos prácticos su aceptación y difusión social lo han convertido en un problema de rebelión política que poco sentido tiene continuar negando.