LAS DOS NUEVAS DETENCIONES POR parapolítica y el escándalo que se avecina por la cumbre de la finca La 21 van a encender la guerra de declaraciones entre el Gobierno y la oposición.
Lo malo del recalentamiento del debate sobre la parapolítica es que las declaraciones de unos y otros diluyen cuestiones de fondo que el país tiene que afrontar más temprano que tarde.
El argumento del Presidente es casi justificatorio. En vez de condenar a los miembros de la coalición de gobierno cuando son detenidos por la justicia, le sugiere al país que la Corte Suprema está enfrascada en una persecución en su contra y que es cómplice de la guerrilla por no haber iniciado la farcpolítica. La parapolítica se justifica entonces porque el país se dividió en dos: en aquellos que hacían campaña junto a las Farc y aquellos que estaban con los paramilitares. Y el Presidente queda exculpado porque arrinconó a la guerrilla y desmovilizó a los paramilitares; ahora reina el Estado de derecho con la seguridad democrática.
El argumento de la oposición es pobre por moralista y simplista. El país también se presenta en blanco y negro, entre aquellos políticos que hacen alianzas con grupos armados irregulares y aquellos que no. En el caso de ciertos sectores del Polo el argumento es todavía más ambiguo porque son reacios a condenar a las Farc y reducen el espectro aún más al equiparar a los paramilitares al Estado.
La verdad es más cruda y menos maleable a como quieren presentarla las partes. Es cierto que durante la pasada década en Colombia las elecciones regionales se hicieron a punta de dineros del narcotráfico y de la coerción de los ejércitos paramilitares. En vez de preguntar por dónde hubo parapolítica, uno debería hacer la pregunta al revés: ¿Dónde no la hubo? Y encuentra dos tipos de lugares. Uno, grandes ciudades, no más de tres o cuatro, donde existe un margen de votos de opinión capaz de competir con los recursos y las amenazas de grupos ilegales. Dos, las zonas de frontera agraria, donde masas de colonos cultivadores de coca están sujetas a la voluntad política de las Farc.
La división política del país es entonces más compleja. Existe una clase política regional que está involucrada en casi su totalidad con drogas y armas. Y que para ser justos hay que reconocer que no es un problema de voluntades. Simplemente si se quiere participar en una elección hay que comprometerse con los poderes reales de las regiones. Existe una clase política nacional, que puede hacer campaña sin involucrarse directamente con las drogas y las armas, pero que si quiere reunir las mayorías debe aliarse con la clase política regional que está comprometida. Y están por último algunos miembros de izquierda e incluso de derecha que hacen alianzas electorales con las Farc en Caquetá, Putumayo y algunos departamentos de los antiguos territorios nacionales. Pero las votaciones que manejan son escasas y poco pesan en el agregado nacional.
Ante esas circunstancias, lo prioritario no son las mutuas acusaciones de quién es más limpio que el otro, sino de las posibilidades reales que tiene la sociedad de transformar una realidad evidente en el plano regional. Sólo dejará de haber parapolítica, o como se le quiera llamar a futuro, cuando sea posible hacer campaña en un pequeño municipio sin necesidad de apelar a las armas y al dinero de las drogas.
