LA COSECHA DE ESCÁNDALOS DEL gobierno Uribe se ha reactivado en las últimas semanas.
Y de nuevo la estrategia frente a los cuestionamientos de la opinión ha sido la de pasar por alto las explicaciones y atacar a quienes exigen respuestas a hechos tan graves.
No se entiende por qué José Obdulio arremetió contra la revista Semana, su director y el Fiscal, por qué le parece que raya en el delito que almorzaran y por qué se deja en el ambiente que el problema más que se intercepten ilegalmente las comunicaciones es que los medios divulguen grabaciones comprometedoras. Tampoco se entiende por qué el Gobierno fue tan laxo con los funcionarios del DAS, cuando ha sido implacable a la hora de destituir altos oficiales del Ejército y la Policía. Muchas preguntas quedan en el aire y hacen sospechar que el escándalo no va a acabar esta semana.
Lo primero que uno se pregunta es la razón para que ciertos miembros del DAS decidieran contar la historia de las interceptaciones a Semana. Algún tipo de descontento o desacuerdo muy grande debió haber explotado entre detectives, funcionarios y demás implicados para que se dieran las delaciones a la prensa. No ha debido ser un asunto menor toda vez que cualquiera que esté implicado en la red de interceptación sabe muy bien que cualquier desconfianza se puede pagar con la vida. Acaso, ¿esa no es la forma como las ‘redes mafiosas’, tal como la llamó el Gobierno, resuelven sus disputas?
Lo segundo que uno se pregunta es qué teme el Gobierno que se sepa. Si bien las revelaciones de Semana hablan de venta de información a cualquiera que pagara por ella, desde narcotraficantes a guerrilleros y paramilitares, la revista también revela que varios de los principales clientes eran funcionarios de la Casa de Nariño. No se entiende qué interés tendría El Loco Barrera o el Mono Jojoy en ‘chuzar’ el teléfono de Iván Velásquez, Gustavo Petro o Ramiro Bejarano. Si alguien tenía razones para chuzarlos a ellos, y a muchos otros de la lista, era exclusivamente el Gobierno. No creo, además, que las interceptaciones sean una acción espontánea de miembros del DAS por el talante o el estilo presidencial al estigmatizar como terroristas a cualquiera que se interponga en sus planes. Eso puede contribuir a legitimar lo que hicieron, pero no es suficiente. A quién chuzar y qué información se requiere recolectar debió haber partido de órdenes expresas y directas de los interesados.
La última pregunta que queda en el aire es qué va a pasar con las implicaciones que tiene el caso en el tema de libertad de prensa. El trabajo de reportería se hace principalmente a través de fuentes que deben ser protegidas por el anonimato. En adelante las diferentes fuentes van a ser reacias para surtir de información a los periodistas dado el riesgo de ser identificados en una llamada telefónica o un correo electrónico. Toda la infraestructura para producir noticias que denuncien la corrupción y la violencia política, que tanto daño le hacen al país, corre el riesgo de desmantelarse. Por eso no se entiende por qué José Obdulio acusa a Semana de vender a sus fuentes cuando lo que debería defender son los principios elementales de la libertad de prensa.
Adenda: inaceptable la versión del sindicalista Juan Efraín Mendoza para explicar su presencia en el campamento de las Farc. Si la izquierda no la rechaza, está legitimando la inocencia de media clase parapolítica.
