El Gobierno está militarizando el manejo de las protestas que se desarrollan en el país, lo cual no contribuye a su solución, además de ser inconstitucional y contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Así lo dirán en su momento la Corte Constitucional, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, al igual que los órganos de supervisión de Naciones Unidas. Pero mucho se avanzaría en materia de bienestar y democracia si en vez de dar un tratamiento de guerra a las reclamaciones ciudadanas, se las atendiera con un criterio político y civilista.
El presidente ordenó a 8 gobernadores y a 13 alcaldes,...
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