3 Jun 2021 - 3:00 a. m.

Asistencia militar: militarización camuflada

Gustavo Gallón

Gustavo Gallón

Columnista

El Gobierno está militarizando el manejo de las protestas que se desarrollan en el país, lo cual no contribuye a su solución, además de ser inconstitucional y contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Así lo dirán en su momento la Corte Constitucional, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, al igual que los órganos de supervisión de Naciones Unidas. Pero mucho se avanzaría en materia de bienestar y democracia si en vez de dar un tratamiento de guerra a las reclamaciones ciudadanas, se las atendiera con un criterio político y civilista.

El presidente ordenó a 8 gobernadores y a 13 alcaldes, mediante el Decreto 575 del 28 de mayo, que actúen militarmente para levantar e impedir los bloqueos de vías. Los amenazó además con imponerles sanciones si no lo hacían. Dichas acciones estarían autorizadas como “asistencia militar” para disponer de soldados “cuando hechos de grave alteración de la seguridad y la convivencia lo exijan, o ante riesgo o peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública”, según el artículo 170 del Código de Policía.

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