Mientras que Standard & Poor's le subió la nota a la deuda colombiana en abril, pasándola de BBB- (triple B menos) a BBB, el Comité de Derechos Humanos acaba de darle al gobierno de Colombia la peor calificación posible, al pasarlo de B2 a E.
Así calificó el cumplimiento de la recomendación de tomar medidas para enfrentar la impunidad por los mal llamados “falsos positivos”. No solamente ha advertido que esa recomendación no se ha cumplido (calificación C, según los criterios del Comité), sino que el Gobierno ha tomado medidas contrarias a ella (calificación E, la última de todas, donde la A corresponde al cumplimiento satisfactorio). Es decir, para expresarlo en términos escolares, la nota recibida es cero.
El Comité, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, había formulado esa recomendación en julio de 2010. En concreto, el Comité, integrado por 18 expertos de diferentes regiones del mundo, pidió suspender recompensas que pudieran conducir a graves violaciones, reclamó mayor eficacia en los más de 1.200 casos judiciales y urgió a “asegurar que estos crímenes queden claramente fuera de la jurisdicción militar en la práctica”. Por la particular gravedad del tema, el Comité le pidió al Gobierno que le informara en el término de un año sobre el cumplimiento de esa recomendación, sin esperarse al informe periódico que debe presentarle cada cuatro años. La respuesta del Gobierno, entregada en agosto de 2011, fue analizada en marzo de 2012 por el Comité, que expresó “su inquietud por los debates en curso en el Congreso para establecer la presunción de competencia de la justicia militar para investigar los casos en que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. La norma general debería consagrar la competencia de la justicia penal ordinaria”. En consecuencia, el Comité solicitó información adicional, que es la que acaba de analizar en sus sesiones de marzo de 2013.
Sus conclusiones, que fueron comunicadas al Gobierno por los mismos días de la nota de Standard & Poor’s, dicen que “las medidas adoptadas por el Estado van en contra de la recomendación del Comité: la reforma de la justicia penal militar adoptada el 27 de diciembre de 2012 menoscaba los progresos que el Estado parte había realizado (…). El Comité reitera que la regla general debe consagrar la competencia de la justicia penal ordinaria para investigar los casos implicando a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En este sentido, invita al Estado parte a revisar las reformas introducidas por la ley (sic) del 27 de diciembre de 2012”. Solicita entonces que se le informe sobre el cumplimiento de esta recomendación a más tardar el 1º de abril de 2014.
Cabe advertir que la calificación E no existía: el Comité la creó a propósito de este porfiado desafío. “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”, decía sabiamente Lincoln, y también Kennedy. Tal parece que se está agotando el tiempo de engañar a todos en relación con este escabroso tema.
Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org. /
Mientras que Standard & Poor's le subió la nota a la deuda colombiana en abril, pasándola de BBB- (triple B menos) a BBB, el Comité de Derechos Humanos acaba de darle al gobierno de Colombia la peor calificación posible, al pasarlo de B2 a E.
Así calificó el cumplimiento de la recomendación de tomar medidas para enfrentar la impunidad por los mal llamados “falsos positivos”. No solamente ha advertido que esa recomendación no se ha cumplido (calificación C, según los criterios del Comité), sino que el Gobierno ha tomado medidas contrarias a ella (calificación E, la última de todas, donde la A corresponde al cumplimiento satisfactorio). Es decir, para expresarlo en términos escolares, la nota recibida es cero.
El Comité, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, había formulado esa recomendación en julio de 2010. En concreto, el Comité, integrado por 18 expertos de diferentes regiones del mundo, pidió suspender recompensas que pudieran conducir a graves violaciones, reclamó mayor eficacia en los más de 1.200 casos judiciales y urgió a “asegurar que estos crímenes queden claramente fuera de la jurisdicción militar en la práctica”. Por la particular gravedad del tema, el Comité le pidió al Gobierno que le informara en el término de un año sobre el cumplimiento de esa recomendación, sin esperarse al informe periódico que debe presentarle cada cuatro años. La respuesta del Gobierno, entregada en agosto de 2011, fue analizada en marzo de 2012 por el Comité, que expresó “su inquietud por los debates en curso en el Congreso para establecer la presunción de competencia de la justicia militar para investigar los casos en que están implicados miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. La norma general debería consagrar la competencia de la justicia penal ordinaria”. En consecuencia, el Comité solicitó información adicional, que es la que acaba de analizar en sus sesiones de marzo de 2013.
Sus conclusiones, que fueron comunicadas al Gobierno por los mismos días de la nota de Standard & Poor’s, dicen que “las medidas adoptadas por el Estado van en contra de la recomendación del Comité: la reforma de la justicia penal militar adoptada el 27 de diciembre de 2012 menoscaba los progresos que el Estado parte había realizado (…). El Comité reitera que la regla general debe consagrar la competencia de la justicia penal ordinaria para investigar los casos implicando a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. En este sentido, invita al Estado parte a revisar las reformas introducidas por la ley (sic) del 27 de diciembre de 2012”. Solicita entonces que se le informe sobre el cumplimiento de esta recomendación a más tardar el 1º de abril de 2014.
Cabe advertir que la calificación E no existía: el Comité la creó a propósito de este porfiado desafío. “Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”, decía sabiamente Lincoln, y también Kennedy. Tal parece que se está agotando el tiempo de engañar a todos en relación con este escabroso tema.
Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org. /