El origen del conflicto armado en Colombia, para Vicente Torrijos, se explicaría por la ambición de poder del Partido Comunista, so pretexto de abolir la opresión de la población por una casta privilegiada, asociada al capital financiero norteamericano y global.
En su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas señala que ese pretexto riñe con la realidad, porque el Estado no es homogéneo, y en cambio existen “élites regionales no inextricablemente articuladas”, en un país dividido en cinco regiones, que menciona dos veces, sin indicar cuáles son.
Niega también la existencia de opresión, aunque admite que, al terminar la Segunda Guerra, la teoría de la contención, de Kennan, fue falseada y “la dirigencia colombiana asoció apresuradamente esta teoría con la prescripción de ‘contener el comunismo’, cayendo así en la falacia de percibir como amenaza a todo aquel que profesase el marxismo”. También admite que, en consecuencia, agentes del Estado, con “desórdenes mentales” y en forma individual, han atentado contra organizaciones políticas de izquierda y se han asociado con grupos terroristas (su texto no usa la palabra “paramilitares”) que se lucraron y menoscabaron la autoridad del Estado combatiendo a las guerrillas.
Si bien esas desviaciones sirvieron a los grupos insurgentes para justificar sus prácticas, para Torrijos las Fuerzas Armadas entendieron la diferencia entre “contención del comunismo” y “contención del terrorismo” y se mantuvieron en un “proceso de depuración y perfeccionamiento sistémico”, especialmente con la “Seguridad Democrática” (2002-2010).
Iniciado, pues, sin causas sociales reconocidas, el conflicto se habría prolongado por múltiples razones, entre ellas cuatro. Primero, la inclinación de “ciertas élites temerosas o dubitativas a entablar negociaciones con los insurrectos”, a veces por ingobernabilidad, otras por creer prematuramente que se habría logrado el punto de victoria, y algunas más por indebida intermediación de terceros “parcializados hacia la subversión” (así califica a la ONU en 2003 en Colombia). Paradójica valoración para un miembro de la Comisión Histórica.
Segundo, el supuesto apoyo del Movimiento Continental Bolivariano y de los Estados que se agrupan alrededor del mismo. Tercero, los traumas que debilitan al Estado colombiano, como la corrupción, las prácticas capitalistas salvajes, “las autoridades nacionales negligentes que menosprecian la realidad campesina en general y, en particular, el arco geocultural orinoco-amazónico-pacífico”, los “militares o policías que incurren por su cuenta en abusos de autoridad”, y los propios insurgentes que aquejan al sistema. Y, cuarto, “el conflicto se prolonga porque las fuerzas rebeldes no respetan la normativa humanitaria”, mientras que la fuerza pública sí debe hacerlo.
Su bibliografía consta de 58 obras, todas menos una de autores extranjeros, y ninguna sobre la situación colombiana. Difícil discutir así, sin referencia al despojo de tierras ni a las políticas estatales contrarias a derechos humanos, pero es valioso conocer la visión sobre este tema de un asesor del Comando General de las Fuerzas Militares. Gracias, profesor Torrijos.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
El origen del conflicto armado en Colombia, para Vicente Torrijos, se explicaría por la ambición de poder del Partido Comunista, so pretexto de abolir la opresión de la población por una casta privilegiada, asociada al capital financiero norteamericano y global.
En su informe para la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas señala que ese pretexto riñe con la realidad, porque el Estado no es homogéneo, y en cambio existen “élites regionales no inextricablemente articuladas”, en un país dividido en cinco regiones, que menciona dos veces, sin indicar cuáles son.
Niega también la existencia de opresión, aunque admite que, al terminar la Segunda Guerra, la teoría de la contención, de Kennan, fue falseada y “la dirigencia colombiana asoció apresuradamente esta teoría con la prescripción de ‘contener el comunismo’, cayendo así en la falacia de percibir como amenaza a todo aquel que profesase el marxismo”. También admite que, en consecuencia, agentes del Estado, con “desórdenes mentales” y en forma individual, han atentado contra organizaciones políticas de izquierda y se han asociado con grupos terroristas (su texto no usa la palabra “paramilitares”) que se lucraron y menoscabaron la autoridad del Estado combatiendo a las guerrillas.
Si bien esas desviaciones sirvieron a los grupos insurgentes para justificar sus prácticas, para Torrijos las Fuerzas Armadas entendieron la diferencia entre “contención del comunismo” y “contención del terrorismo” y se mantuvieron en un “proceso de depuración y perfeccionamiento sistémico”, especialmente con la “Seguridad Democrática” (2002-2010).
Iniciado, pues, sin causas sociales reconocidas, el conflicto se habría prolongado por múltiples razones, entre ellas cuatro. Primero, la inclinación de “ciertas élites temerosas o dubitativas a entablar negociaciones con los insurrectos”, a veces por ingobernabilidad, otras por creer prematuramente que se habría logrado el punto de victoria, y algunas más por indebida intermediación de terceros “parcializados hacia la subversión” (así califica a la ONU en 2003 en Colombia). Paradójica valoración para un miembro de la Comisión Histórica.
Segundo, el supuesto apoyo del Movimiento Continental Bolivariano y de los Estados que se agrupan alrededor del mismo. Tercero, los traumas que debilitan al Estado colombiano, como la corrupción, las prácticas capitalistas salvajes, “las autoridades nacionales negligentes que menosprecian la realidad campesina en general y, en particular, el arco geocultural orinoco-amazónico-pacífico”, los “militares o policías que incurren por su cuenta en abusos de autoridad”, y los propios insurgentes que aquejan al sistema. Y, cuarto, “el conflicto se prolonga porque las fuerzas rebeldes no respetan la normativa humanitaria”, mientras que la fuerza pública sí debe hacerlo.
Su bibliografía consta de 58 obras, todas menos una de autores extranjeros, y ninguna sobre la situación colombiana. Difícil discutir así, sin referencia al despojo de tierras ni a las políticas estatales contrarias a derechos humanos, pero es valioso conocer la visión sobre este tema de un asesor del Comando General de las Fuerzas Militares. Gracias, profesor Torrijos.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)