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8 Oct 2020 - 3:00 a. m.

El mundo al revés, que quizá nos ponga al derecho

La inoperancia de la justicia en Colombia ha sido ostensible. Desde el asesinato de Sucre, en Berruecos en 1830, graves magnicidios han ocurrido sin ser esclarecidos, como los perpetrados contra dirigentes políticos como Uribe Uribe, Gaitán, Lara Bonilla, Pardo Leal, Antequera, Galán, Jaramillo, Pizarro o Gómez Hurtado, u otras destacadas personalidades como Guillermo Cano, monseñor Isaías Duarte o Jaime Garzón. Aquí la impunidad ha sido total. En relación con delitos corrientes, los índices son menos drásticos, pero altos. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, en la mayoría de los departamentos oscilan entre el 40 y el 67 %. En violaciones de derechos humanos la impunidad es mayor: el 99,5 %. Según el Movice (Hacemos memoria, 2019), de 80.000 casos reportados de desaparición forzada a 2018, solo se habían investigado 7.700 y, de estos, apenas 337 tuvieron sentencia condenatoria.

Colombia tiene, entonces, un enorme problema por resolver en materia de justicia. El conflicto armado ha impedido de múltiples formas que se imparta justicia. Pero también el Estado —es decir, el Gobierno, el Congreso, la Rama Judicial y los organismos de control— habría debido hacer más esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional en materia de administración de justicia, tanto a través de recursos presupuestales como de voluntad política para proteger los derechos del conjunto de la población y repararlos adecuadamente cuando fueran vulnerados.

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