La Corte Interamericana de Derechos Humanos denegó la petición del Gobierno de revisar la sentencia sobre la masacre de Mapiripán. En medio del ruido producido por la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés, el asunto pasó medio desapercibido. Sin embargo, ilustra el desacierto del enfoque gubernamental sobre las actuaciones de los tribunales internacionales.
En efecto, el Gobierno pretendió, como parece que lo pretende también ahora en relación con Nicaragua, que la Corte Interamericana “revisara” la sentencia que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, en la cual fueron asesinadas y desaparecidas medio centenar de personas. El episodio fue atroz: desde Apartadó, el Ejército y los paramilitares enviaron dos aviones con 200 combatientes que llegaron al aeropuerto militarizado de San José de Guaviare para seguir luego hacia Mapiripán a cumplir su macabro encargo.
Una de las víctimas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana, la señora Mariela Contreras, reveló que había presentado falsamente como víctimas de esa masacre a miembros de su familia que habían sido ultrajados en otros eventos: su esposo, asesinado un año antes, un hijo reclutado por la guerrilla a los 12 años y otro hijo desaparecido por los paramilitares cuando también era adolescente. La Corte reconoció que estos tres casos, y otros más, no deberían ser indemnizados en cumplimiento de la sentencia de Mapiripán, pero que esta sentencia se mantenía en firme y que debería ser cumplida en su totalidad, pues tales casos eran un accidente menor que no afectaba los fundamentos de la sentencia.
La Corte amonestó al Gobierno colombiano porque estas víctimas habían sido reconocidas por el propio Gobierno en el proceso internacional. Más aun, ese reconocimiento oficial fue el que permitió que organizaciones no gubernamentales asumieran la representación de tales víctimas. Por eso, la Corte denegó también la petición del Gobierno de que tales organizaciones devolvieran los dineros recibidos “por concepto de costas y gastos con ocasión de la representación de los familiares”. Cabe advertir que, previamente a la decisión de la Corte, los abogados de las víctimas devolvieron al Gobierno colombiano las sumas recibidas por concepto de indemnizaciones en relación con tales víctimas.
Es decir, que el Gobierno colombiano se embarcó ridículamente en una pelea internacional para desprestigiar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Dieciséis funcionarios llevó desde Bogotá a Costa Rica para el efecto, encabezados por la canciller y el ministro de Justicia. Esa pelea la perdió totalmente ante la Corte, que decidió que “no corresponde disponer lo solicitado por el Estado”.
Más aun, la Corte le recordó al Gobierno que “los hechos probados de la Sentencia fueron establecidos con base en el propio reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado” y “revelaron graves faltas a la debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales para la plena identificación de las víctimas de la masacre”. ¿Será que el Gobierno se va a hacer regañar de nuevo por la Corte Internacional de Justicia al plantear otro recurso de revisión sin fundamento?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos denegó la petición del Gobierno de revisar la sentencia sobre la masacre de Mapiripán. En medio del ruido producido por la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre San Andrés, el asunto pasó medio desapercibido. Sin embargo, ilustra el desacierto del enfoque gubernamental sobre las actuaciones de los tribunales internacionales.
En efecto, el Gobierno pretendió, como parece que lo pretende también ahora en relación con Nicaragua, que la Corte Interamericana “revisara” la sentencia que declaró la responsabilidad del Estado colombiano por la masacre de Mapiripán, en la cual fueron asesinadas y desaparecidas medio centenar de personas. El episodio fue atroz: desde Apartadó, el Ejército y los paramilitares enviaron dos aviones con 200 combatientes que llegaron al aeropuerto militarizado de San José de Guaviare para seguir luego hacia Mapiripán a cumplir su macabro encargo.
Una de las víctimas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana, la señora Mariela Contreras, reveló que había presentado falsamente como víctimas de esa masacre a miembros de su familia que habían sido ultrajados en otros eventos: su esposo, asesinado un año antes, un hijo reclutado por la guerrilla a los 12 años y otro hijo desaparecido por los paramilitares cuando también era adolescente. La Corte reconoció que estos tres casos, y otros más, no deberían ser indemnizados en cumplimiento de la sentencia de Mapiripán, pero que esta sentencia se mantenía en firme y que debería ser cumplida en su totalidad, pues tales casos eran un accidente menor que no afectaba los fundamentos de la sentencia.
La Corte amonestó al Gobierno colombiano porque estas víctimas habían sido reconocidas por el propio Gobierno en el proceso internacional. Más aun, ese reconocimiento oficial fue el que permitió que organizaciones no gubernamentales asumieran la representación de tales víctimas. Por eso, la Corte denegó también la petición del Gobierno de que tales organizaciones devolvieran los dineros recibidos “por concepto de costas y gastos con ocasión de la representación de los familiares”. Cabe advertir que, previamente a la decisión de la Corte, los abogados de las víctimas devolvieron al Gobierno colombiano las sumas recibidas por concepto de indemnizaciones en relación con tales víctimas.
Es decir, que el Gobierno colombiano se embarcó ridículamente en una pelea internacional para desprestigiar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Dieciséis funcionarios llevó desde Bogotá a Costa Rica para el efecto, encabezados por la canciller y el ministro de Justicia. Esa pelea la perdió totalmente ante la Corte, que decidió que “no corresponde disponer lo solicitado por el Estado”.
Más aun, la Corte le recordó al Gobierno que “los hechos probados de la Sentencia fueron establecidos con base en el propio reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado” y “revelaron graves faltas a la debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales para la plena identificación de las víctimas de la masacre”. ¿Será que el Gobierno se va a hacer regañar de nuevo por la Corte Internacional de Justicia al plantear otro recurso de revisión sin fundamento?