Así se titula el cuarto capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad, dedicado al análisis de las relaciones de las guerrillas con la población civil.
Tanto las Farc como el Eln muestran un ciclo que se inicia por una pretensión de defensa de poblaciones vulnerables y termina en un grave distanciamiento. El proceso es distinto en cada caso, pero el principio y el final son muy semejantes: protección y repudio.
De ser “una guerrilla partisana, defensiva en lo militar, confinada en los territorios de colonización armada” en 1964, el grupo de las Farc pasó a una fase ofensiva hacia 1978, con miras a la toma del poder. Para ello, se insertó gradualmente en la coca y en la política. El genocidio contra la UP radicalizó su guerrerismo, pero también le hizo ver la posibilidad de desarrollar fuerza política propia en sus territorios.
La práctica política, subordinada al objetivo militar de derrota del adversario, estuvo presente en los diálogos del Caguán y después de su ruptura. En diciembre de 2002 Marulanda propuso “ejercer el gobierno de las Farc en las zonas que estaban bajo su dominio, en la lógica de acumular fuerzas para la toma generalizada del poder y la construcción de un nuevo Estado”. Militarmente, perspicaz. Políticamente, desastroso, porque terminó haciendo inviable para las comunidades su reclamación de presencia del Estado Social de Derecho en sus territorios. A cambio de ello terminaron sometidas al mando de la guerrilla. “La forma de insertarse inicialmente fue a través de la preocupación por temas de la gente, luego imposición de las órdenes sociales con fusil en mano y la imposición militar obligando a la población a hacer tareas funcionales a su guerra, exponiendo a la gente frente a sus contrarios”.
La trayectoria del Eln ha sido semejante, aunque con mayor inserción política, de tipo clientelista, en regiones como Saravena. Luego de un radical abstencionismo electoral en sus inicios, “los comandantes guerrilleros obtuvieron acceso a los presupuestos municipales a cambio de los votos que suministraban gracias a su control de las juntas de acción comunal en el piedemonte”. Por otra parte, de tanto intentar controlar las agendas de los movimientos sociales se produjo un quiebre con no pocos de ellos.
En ambos casos, las graves infracciones al derecho humanitario (secuestros, reclutamiento forzado, “ajusticiamientos”) nutrieron el divorcio. “La inicial simpatía e incluso apoyo de algunas organizaciones sociales y estudiantiles y partidos de izquierda legal hacia la lucha armada, resultado de la exclusión social y política, y la identidad de algunas comunidades campesinas con los grupos insurgentes, se fueron transformando en distanciamiento, reclamo de autonomía y abierta crítica a las armas conforme se intensificó la confrontación”.
Por la vía de la guerra, el reclamo de democracia para las comunidades a las que las guerrillas pretendían defender se convirtió en la imposición de prácticas dictatoriales y autoritarias sobre ellas.
Siquiera las Farc pararon por fin esa espiral delirante. El Eln y los demás grupos armados deberían hacer ya lo mismo. Gracias, Comisión de la Verdad.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).