Un valioso instrumento que puede ayudar a las autoridades a hacer frente al grave fenómeno de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y a superar la crisis de gobernabilidad que ha dado lugar al paro es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS). Su función central consiste en diseñar y supervisar el cumplimiento de un plan de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y similares que asesinan a defensores de derechos humanos, líderes sociales y activistas de paz. Para ello, la Comisión tiene importantes atribuciones como revisar las hojas de vida de servidores públicos, proponer ajustes legislativos y construir estrategias para identificar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, entre otras.
Está encabezada por el presidente de la República e integrada por los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, el procurador, el defensor del Pueblo, el fiscal general, la directora de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, tres expertos nombrados de común acuerdo por el Gobierno y el partido FARC (actualmente hay dos), y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.
Esta Comisión se creó mediante el decreto con fuerza de ley número 154 de 2017 (febrero 3). Se inspiró en una comisión creada por el presidente Barco mediante el decreto 813 de 1989, luego de la masacre de La Rochela, perpetrada contra una comisión judicial. Estaba integrada solamente por los tres ministros y los jefes de los organismos de seguridad, incluido el extinto DAS. Lamentablemente no funcionó. Por eso, al incluir en ella al presidente, los jefes de los organismos de control y cinco miembros de la sociedad civil, se quiso hacerla más operativa. Sus posibilidades de acción son vigorosas para enfrentar el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores, que constituye uno de los principales problemas actuales de derechos humanos en el país.
El Gobierno la ha ignorado, lo cual constituye una torpeza, y también es un acto de ilegalidad que contradice el discurso de legalidad que pregona el presidente. Debería citarla mensualmente y la ha reunido apenas dos veces: en enero y en agosto de 2019, sin mayores resultados, porque entre una reunión y otra la Comisión no funciona. En vez de ello, creó, mediante el decreto ordinario 2137 de 2018 (noviembre 19), una “Comisión del Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”. Su composición es semejante a la de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pero sin sociedad civil. Y parece que tampoco funciona: 460 líderes sociales y defensores han perdido la vida desde la firma del Acuerdo de Paz el 1° de diciembre de 2016, 227 desde el inicio del actual Gobierno hasta el 4 de noviembre de 2019, 134 en lo corrido del año hasta la misma fecha (más de tres cada semana, en promedio, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas).
La falta de sintonía del Gobierno con los reclamos del actual paro podría comenzar a superarse poniendo en marcha la CNGS. Es una venturosa posibilidad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Un valioso instrumento que puede ayudar a las autoridades a hacer frente al grave fenómeno de las agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos y a superar la crisis de gobernabilidad que ha dado lugar al paro es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS). Su función central consiste en diseñar y supervisar el cumplimiento de un plan de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y similares que asesinan a defensores de derechos humanos, líderes sociales y activistas de paz. Para ello, la Comisión tiene importantes atribuciones como revisar las hojas de vida de servidores públicos, proponer ajustes legislativos y construir estrategias para identificar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, entre otras.
Está encabezada por el presidente de la República e integrada por los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el director de la Policía, el procurador, el defensor del Pueblo, el fiscal general, la directora de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, tres expertos nombrados de común acuerdo por el Gobierno y el partido FARC (actualmente hay dos), y dos delegados de las plataformas de derechos humanos.
Esta Comisión se creó mediante el decreto con fuerza de ley número 154 de 2017 (febrero 3). Se inspiró en una comisión creada por el presidente Barco mediante el decreto 813 de 1989, luego de la masacre de La Rochela, perpetrada contra una comisión judicial. Estaba integrada solamente por los tres ministros y los jefes de los organismos de seguridad, incluido el extinto DAS. Lamentablemente no funcionó. Por eso, al incluir en ella al presidente, los jefes de los organismos de control y cinco miembros de la sociedad civil, se quiso hacerla más operativa. Sus posibilidades de acción son vigorosas para enfrentar el asesinato sistemático de líderes sociales y defensores, que constituye uno de los principales problemas actuales de derechos humanos en el país.
El Gobierno la ha ignorado, lo cual constituye una torpeza, y también es un acto de ilegalidad que contradice el discurso de legalidad que pregona el presidente. Debería citarla mensualmente y la ha reunido apenas dos veces: en enero y en agosto de 2019, sin mayores resultados, porque entre una reunión y otra la Comisión no funciona. En vez de ello, creó, mediante el decreto ordinario 2137 de 2018 (noviembre 19), una “Comisión del Plan de Acción Oportuna para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”. Su composición es semejante a la de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pero sin sociedad civil. Y parece que tampoco funciona: 460 líderes sociales y defensores han perdido la vida desde la firma del Acuerdo de Paz el 1° de diciembre de 2016, 227 desde el inicio del actual Gobierno hasta el 4 de noviembre de 2019, 134 en lo corrido del año hasta la misma fecha (más de tres cada semana, en promedio, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas).
La falta de sintonía del Gobierno con los reclamos del actual paro podría comenzar a superarse poniendo en marcha la CNGS. Es una venturosa posibilidad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).