Se ha vuelto normal criticar la detención domiciliaria del senador Uribe ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Lo sano sería dejar que los jueces decidan sin presiones. Además, la mayoría de quienes están opinando sobre ese tema no conocen el fallo. Recurren entonces a argumentos que no tienen nada que ver con el asunto, improcedentes todos, y algunos que desafían la legalidad.
El más común es el que recuerda la decisión que dejó en libertad a Santrich y concluye que la detención de Uribe es injusta. Pero esa decisión no la tomó la Sala de Instrucción sino la Sala Penal. Además, se fundamentó en la falta de pruebas y el incumplimiento de los procedimientos legales por la Fiscalía. No es un raciocinio adecuado comparar los dos casos, cada uno de los cuales tiene sus propias particularidades.
Otro argumento manido es que los exguerrilleros no están pagando pena, luego el senador tampoco debería. Es entendible que los opositores del Acuerdo de Paz persistan en estar en desacuerdo con el mismo. Pero ese no es un argumento válido para no procesar a quien eventualmente haya transgredido la ley penal.
Hay quienes, como Salud Hernández, descalifican la providencia por la extensión y el tiempo que se tomó para adoptarla: “Necesitaron nueve meses y emplear más de 1.000 páginas en una providencia. (…) La necesidad de rellenar con ríos de tinta la falta de argumentos”. En eso la acompaña María Isabel Rueda, quien agrega: “También es sospechosa la unanimidad de los cinco magistrados de la Sala”. Ahora resulta que una decisión extensa no debe suponerse que está bien fundamentada, sino que debe mirarse con sospecha, y más si es adoptada por unanimidad. El mundo al revés.
Pero estos son pecados menores comparados con lo que ha dicho Vicky Dávila: “Uribe llegó al poder en 2002 cuando íbamos directo a ser un Estado fallido y de facto nos devolvió la esperanza. (…) Uribe cambió a Colombia y debilitó a las Farc. Eso no se lo perdonan ni los terroristas ni sus aliados”. O, peor aún, lo que escribió Claudia Palacios: “Que la justicia eventualmente llegue a probar que Álvaro Uribe es culpable no solo de determinar el soborno a unos testigos, sino masacres y conformación de grupos paramilitares (sic), jamás lo despojará de ser quien les devolvió la seguridad a miles de colombianos de todas las clases, que llevaban años a merced de un Estado incapaz de contener y castigar la barbarie a la que los tenían sometidos las guerrillas”.
Estas ya son palabras mayores, con tufillo a apología del delito, así a renglón seguido trate de matizarlas diciendo: “No obstante, el reconocimiento de esto no debe impedir tomar distancia de los eventuales delitos que este haya cometido, incluso si se consideran necesarios para el logro de la seguridad esperada. (…) En otras palabras, aceptar que así fue porque así tocó no justifica promover que así deba seguir siendo”.
Resulta muy ilustrador de la mentalidad de un sector de la sociedad colombiana al que no le preocupan los medios que se hayan empleado con el fin de enfrentar a la guerrilla. Muy esclarecedor, pero también estremecedor. Con razón persisten los paramilitares en Colombia, se niega su existencia y no se les enfrenta como se debería.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Se ha vuelto normal criticar la detención domiciliaria del senador Uribe ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Lo sano sería dejar que los jueces decidan sin presiones. Además, la mayoría de quienes están opinando sobre ese tema no conocen el fallo. Recurren entonces a argumentos que no tienen nada que ver con el asunto, improcedentes todos, y algunos que desafían la legalidad.
El más común es el que recuerda la decisión que dejó en libertad a Santrich y concluye que la detención de Uribe es injusta. Pero esa decisión no la tomó la Sala de Instrucción sino la Sala Penal. Además, se fundamentó en la falta de pruebas y el incumplimiento de los procedimientos legales por la Fiscalía. No es un raciocinio adecuado comparar los dos casos, cada uno de los cuales tiene sus propias particularidades.
Otro argumento manido es que los exguerrilleros no están pagando pena, luego el senador tampoco debería. Es entendible que los opositores del Acuerdo de Paz persistan en estar en desacuerdo con el mismo. Pero ese no es un argumento válido para no procesar a quien eventualmente haya transgredido la ley penal.
Hay quienes, como Salud Hernández, descalifican la providencia por la extensión y el tiempo que se tomó para adoptarla: “Necesitaron nueve meses y emplear más de 1.000 páginas en una providencia. (…) La necesidad de rellenar con ríos de tinta la falta de argumentos”. En eso la acompaña María Isabel Rueda, quien agrega: “También es sospechosa la unanimidad de los cinco magistrados de la Sala”. Ahora resulta que una decisión extensa no debe suponerse que está bien fundamentada, sino que debe mirarse con sospecha, y más si es adoptada por unanimidad. El mundo al revés.
Pero estos son pecados menores comparados con lo que ha dicho Vicky Dávila: “Uribe llegó al poder en 2002 cuando íbamos directo a ser un Estado fallido y de facto nos devolvió la esperanza. (…) Uribe cambió a Colombia y debilitó a las Farc. Eso no se lo perdonan ni los terroristas ni sus aliados”. O, peor aún, lo que escribió Claudia Palacios: “Que la justicia eventualmente llegue a probar que Álvaro Uribe es culpable no solo de determinar el soborno a unos testigos, sino masacres y conformación de grupos paramilitares (sic), jamás lo despojará de ser quien les devolvió la seguridad a miles de colombianos de todas las clases, que llevaban años a merced de un Estado incapaz de contener y castigar la barbarie a la que los tenían sometidos las guerrillas”.
Estas ya son palabras mayores, con tufillo a apología del delito, así a renglón seguido trate de matizarlas diciendo: “No obstante, el reconocimiento de esto no debe impedir tomar distancia de los eventuales delitos que este haya cometido, incluso si se consideran necesarios para el logro de la seguridad esperada. (…) En otras palabras, aceptar que así fue porque así tocó no justifica promover que así deba seguir siendo”.
Resulta muy ilustrador de la mentalidad de un sector de la sociedad colombiana al que no le preocupan los medios que se hayan empleado con el fin de enfrentar a la guerrilla. Muy esclarecedor, pero también estremecedor. Con razón persisten los paramilitares en Colombia, se niega su existencia y no se les enfrenta como se debería.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).