LA ESTIGMATIZACIÓN DE PERIODIStas y de quienes opinan distinto al Presidente, la creación de un grupo especial de espionaje y persecución contra ellos dentro del DAS...
LA ESTIGMATIZACIÓN DE PERIODIStas y de quienes opinan distinto al Presidente, la creación de un grupo especial de espionaje y persecución contra ellos dentro del DAS, y el asesinato y la impunidad de crímenes contra periodistas en el país son tres vulneraciones graves a la libertad de expresión. Así se reseñan en el capítulo sobre Colombia del informe anual sobre el año 2009 de la Relatora sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, difundido el pasado mes de abril.
Ya en 2009 la Relatora había expedido un comunicado expresando su preocupación por declaraciones del Presidente que calificaban a Hollman Morris y Jorge Enrique Botero como "amigos del terrorismo que fungen como periodistas". La Relatora reiteró ahora dicha preocupación y advirtió que las autoridades, "en tanto servidores públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos". De manera semejante se había pronunciado la Corte Constitucional en 2004, al decir que "las alocuciones públicas del Presidente de la República no son absolutamente libres y que (…) en todo caso su comunicación con la Nación debe contribuir a la defensa de los derechos fundamentales de las personas" (Sentencia T-1191).
Según el ex subdirector de operaciones de inteligencia del DAS, llamado a juicio por la Fiscalía el pasado 26 de abril, declaraciones del presidente Uribe en ese sentido estimularon el desarrollo de planes desde el DAS contra periodistas críticos del Gobierno y organizaciones defensoras de derechos humanos. Más aún, condujeron a otras violaciones, como fue la de hacer pasar a "funcionarios como si fueran periodistas (...). Van los muchachos con una cámara y con chalecos para hacer operaciones de inteligencia". Por todo lo anterior, y mucho más, la Relatora advierte que "la medida más importante para evitar estas actuaciones criminales por parte de agentes del Estado es el reconocimiento público de la legitimidad de las actividades de los periodistas críticos".
Un tercer motivo de preocupación de la Relatora es el asesinato de periodistas y su impunidad. Dos periodistas asesinados se registran en el informe de 2009. En lo corrido de 2010 han sido asesinados dos periodistas más. La impunidad al respecto es casi total, aunque la Relatora destaca avances importantes durante 2009 en relación con la investigación de algunos asesinatos de años anteriores.
Para el próximo informe cabría considerar otra seria vulneración a la libertad de expresión: la censura impuesta a las versiones libres de los paramilitares procesados conforme a la llamada ley de "justicia y paz". La humanidad se está privando de conocer los detalles de esas revelaciones para controvertirlas, o para debatirlas, como ocurrió en Sudáfrica. Es una afrenta grave al derecho a la información y al derecho a la verdad.
Ojalá algún candidato presidencial contribuya a honrar estas recomendaciones, así sea con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebró este 3 de mayo.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas. Las fuentes de esta columna pueden verse en www.coljuristas.org.
