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Así se titula el capítulo tercero de las recomendaciones contenidas en el volumen de “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Argumenta básicamente que “la democracia amplia, plural y garantista de derechos es una de las principales herramientas para lograr la paz” y que “la persistencia del conflicto armado y su relación con la exclusión política han restringido la posibilidad de avance” hacia la concreción de instituciones y actitudes sólidamente democráticas en el Estado y en la sociedad. Ello ha generado deficiencias de legitimidad y desconfianza frente a las autoridades. Para superarlas, propone acciones en seis campos.
Por lo pronto, hacer realidad el Pacto Nacional de rechazo a la violencia, previsto en el Acuerdo de Paz, y el compromiso de excluir las armas de la política. Para ello se requieren múltiples diálogos locales (como lo está haciendo el Gobierno).
Además, reformar la regulación política y electoral, “para la búsqueda de consensos alrededor de las garantías para un régimen pluralista, democrático y deliberativo”, que garantice la diversidad regional ajustando el sistema de representación en el Congreso, la permanencia y el desarrollo de las Circunscripciones Especiales Transitorias para la Paz, la democracia interna de los partidos y su financiación estatal, así como su código de sanciones. También se debe garantizar la participación ciudadana en la vigilancia de recursos electorales, la independencia de las autoridades electorales y la equidad de género (mediante las “listas cremallera”).
En tercer lugar, es fundamental promover la participación ciudadana a través de espacios de diálogo que se traduzcan en un estatuto de garantías para las organizaciones y movimientos sociales y también para la participación de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, y en el cumplimiento de compromisos estatales.
La protesta y la movilización social deben verse como dinámicas legítimas de la democracia, y tratarse primordialmente a través del diálogo. Esto implica que la Policía cumpla el rol de garante de la protesta pacífica, reducir a cero las violaciones de derechos humanos por sus miembros, eliminar el ESMAD y prohibir la intervención militar al respecto.
Debe garantizarse la seguridad de líderes y lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos, excombatientes y miembros de la oposición, a través del fortalecimiento de las capacidades del Sistema de Alertas Tempranas, de la Unidad Especial de Investigación, de la Unidad Nacional de Protección, del Programa de Protección Colectiva de Comunidades Rurales, del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, agregaría yo).
En sexto lugar, hay que generar medidas eficaces para incluir a los grupos históricamente excluidos: campesinos, mujeres, comunidad LGBTIQ+ y pueblos étnicos (indígenas, afros, raizales, palenqueros y rom).
El derecho de todas las personas a participar como iguales en la vida política y en la reclamación social debe hacerse realidad en Colombia y ser asumido sin violencia. Es una condición elemental para vivir en paz. ¡Evidente!
Gracias, Comisión de la Verdad.
*Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra
