Así se titula el capítulo séptimo de las recomendaciones contenidas en el volumen de “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Las desigualdades existentes en el campo son enormes: en 2017 “el 2,27 % de los propietarios tendría en su poder el 52,62 % de las hectáreas de propiedad privada (o 15.38 millones) ubicadas dentro de la frontera agraria, mientras que el 62,22 % de los propietarios tendría apenas el 4,53 % de ese mismo territorio (o 1.3 millones de hectáreas)”, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Para la Comisión, “las grandes desigualdades del campo, y aquellas que existen entre las zonas urbanas y las rurales, han incidido directamente en el surgimiento y la prolongación del conflicto armado interno”. En consecuencia, propone, en mis palabras, un rediseño sustancial de la ruralidad en el país, del cual destaco tres aspectos:
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Primero, una nueva estrategia de desarrollo territorial. Esa estrategia debe orientarse a revertir las grandes desigualdades ya mencionadas, y a construir una relación equitativa entre el país urbano y el rural. La implementación de la reforma rural integral y de la sustitución de cultivos de uso ilícito, tal como se convino en el Acuerdo de Paz, es urgente para ello, junto con la revisión de los procesos de restitución de tierras, para que favorezcan efectivamente a las víctimas de despojos y se cumplan las sentencias. La estrategia también debe garantizar a los habitantes del campo sus servicios públicos, como el agua y las vías, y sus derechos, como la educación, la salud, la vivienda y el acceso a la tierra, entre otros. Igualmente, debe prestar especial atención a las actividades extractivas, como la minería, los hidrocarburos y la ganadería extensiva, para garantizar un uso adecuado de los territorios y prevenir conflictos socioambientales.
Segundo, una reforma de la gobernanza territorial. La Comisión de Ordenamiento Territorial, del DNP, tiene valiosa información e importantes análisis y propuestas al respecto. La Comisión de la Verdad recomienda “profundizar el proceso de descentralización y la autonomía territorial, y reconsiderar la organización político-administrativa del país para que se dé efectivamente un debate en torno a la equidad territorial y al bienestar a nivel local y regional”. Esto implica valorar las autoridades territoriales, incluidas las étnicas, y las comunidades locales, en la concertación de determinadas políticas públicas, así como en el mantenimiento de espacios de diálogo y en el cumplimiento de obligaciones como la consulta previa.
Tercero, una política a favor de las poblaciones de los territorios más abandonados, con medidas de discriminación positiva, tales como la implementación de las hojas de ruta para las 16 subregiones PDET, y para los 17 macroterritorios étnicos más afectados por el conflicto armado, así como para atender las necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes rurales, de tal manera que se garanticen sus derechos y se capaciten para desarrollar sus planes de vida en paz y no a través de la guerra, entre otras medidas. Una Colombia más igualitaria, sin duda, es necesaria y posible. Campo para todos es lo que hay en este país.
Gracias, Comisión de la Verdad.
*Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra
