El capítulo octavo de la sección de recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad está dedicado a las acciones culturales necesarias para consolidar la paz. Su título es el de esta columna y su mensaje es que el sistema educativo, los medios de comunicación y las prácticas de la fe religiosa son decisivos para superar las herencias culturales contrarias a la paz y a los derechos humanos arraigadas de generación en generación en el país, tras décadas de conflicto armado, como “las lógicas de odio, miedo, estigmatización, venganza”, deshumanización, poder asociado al narcotráfico, racismo y patriarcado.
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En relación con el sistema educativo, la Comisión invita a revisar los currículos, definir indicadores de evaluación y organizar programas de actualización profesional docente en esta dirección. Todo lo anterior debería implicar participación de las comunidades y especial atención a su ejecución en los territorios, con la debida consideración a las poblaciones más discriminadas. El informe no propone una cátedra de derechos humanos, lo cual sería inocuo ante la magnitud de este reto. Pero sí debería introducirse, creo, una perspectiva de derechos humanos en materias del pensum que lo permitan, como las cátedras sociales. También puede y debe hacerse en otras, como biología, donde cabe evidenciar la relación con los derechos ambientales, e incluso en las de matemáticas, física y química, que tienen relación estrecha con peligros nucleares que afronta la humanidad, y con sus posibles soluciones.
En relación con los medios de comunicación, la Comisión propone “llevar a cabo un diálogo nacional para definir estrategias que permitan fortalecer” su papel “y el oficio periodístico en la construcción de una cultura para la paz”. Fundamental.
Y en relación con las prácticas de fe, recomienda a las “comunidades religiosas promover el valor de la dignidad de las personas, el respeto de los derechos humanos, el diálogo y el reconocimiento y respeto de la diversidad, con especial énfasis en la transformación de las percepciones y el trato hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+, que contribuyan a desinstalar las narrativas de odio que legitiman y aceptan la eliminación física de las personas”. Ojalá.
Para actuar en los tres campos antes mencionados, el informe sugiere “crear una instancia encabezada por el Ministerio para la Paz y la Reconciliación (…) que se encargue (…) de estructurar, implementar y evaluar una estrategia de largo plazo con alcance nacional, regional y local para la consolidación de una cultura para la paz”.
También sugiere “la asesoría de personas expertas, nacionales e internacionales”. Allí, sería de inmensa utilidad el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, así como del Consejo de Derechos Humanos y de los órganos y agencias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano relacionados con el tema.
La cultura no es un tema menor, o de simple entretenimiento. Colombia requiere reorientarse culturalmente a fondo para lograr la paz y la convivencia civilizada. Urge una política robusta y contundente que ponga en práctica estas valiosas recomendaciones.
Gracias, Comisión de la Verdad.
*Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra
