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“…de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”. Así se titula el capítulo quinto de recomendaciones del informe de “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Propone cuatro iniciativas novedosas:
La principal es la creación de “una comisión transitoria de esclarecimiento e investigación independiente e internacional o mixta (nacional e internacional)” sobre “los hechos del narcotráfico y de la criminalidad organizada asociada a este”. Investigaría delitos de carácter sistemático y casos de corrupción. Contribuiría al desmantelamiento de organizaciones criminales, en alianza con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, y en sintonía con la política de ‘Paz Total’.
La Comisión también recomienda a la Fiscalía concentrar sus investigaciones en las violaciones e infracciones sistemáticas e identificar los patrones y grados de responsabilidad de quienes participen en entramados complejos de criminalidad. Así, se afrontaría el núcleo del problema en vez de desgastarse en investigaciones inconexas, como sucede hoy. Recomienda asimismo actuar sobre los terceros civiles y agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública, que la Corte Constitucional excluyó de la jurisdicción obligatoria de la JEP (Sentencia C-674/17). Hay más de quince mil compulsas de copias sobre estos perpetradores, que nadie investiga. Sería deseable, pienso, que la Comisión transitoria internacional o mixta las asumiera.
Una tercera recomendación es la creación de una comisión asesora sobre la cooptación de fiscales y jueces por parte de las organizaciones criminales, pues la corrupción es un problema que incide gravemente en la impunidad.
La cuarta propuesta novedosa aspira a mejorar el acceso ciudadano a la justicia, especialmente en zonas rurales, con la creación de la jurisdicción agraria y de instituciones municipales y departamentales sobre métodos alternativos de resolución de conflictos, justicia comunitaria y justicia restaurativa, articulación de la jurisdicción ordinaria con las justicias de los pueblos étnicos, y resolución de conflictos territoriales entre pueblos étnicos y comunidades campesinas.
El informe sugiere además modificar la forma de elección del Fiscal para garantizar su independencia, la participación de la academia y el control ciudadano; lograr que los aforados constitucionales implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados; priorizar el procesamiento en Colombia frente a solicitudes de extradición; y ubicar en la jurisdicción ordinaria la competencia sobre violaciones de derechos humanos por miembros de la fuerza pública. Aunque no son novedosas, estas propuestas son pertinentes. El procesamiento de los militares y policías en la justicia ordinaria ya está establecido en la ley y en la jurisprudencia: hay que hacer que se cumpla.
El orden de los factores no altera el producto, dicen. Estas recomendaciones están presentadas en el informe en un orden diferente. Pero todas son apropiadas, valiosas, necesarias y urgentes. El Consejo Superior de Política Criminal, recientemente reintegrado, es clave para hacerlas realidad.
Gracias, Comisión de la Verdad.
*Embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra.
