El Gobierno se equivocó profundamente al recusar a cuatro jueces de la Corte Interamericana en el caso de la periodista Jineth Bedoya, violó la obligación de comportarse éticamente en los procesos judiciales y actuó en contra de la población colombiana.
La recusación fue cantinflesca: el Gobierno alegó que los jueces “adoptaron comportamientos que generaron dudas razonables sobre su imparcialidad” por sus preguntas y comentarios a Jineth Bedoya. Tales comportamientos habrían sido sus manifestaciones de solidaridad por el secuestro y las violaciones sexuales que ella padeció. Pero el Gobierno manifestó asimismo que rechazaba “absolutamente todo lo que le sucedió a Jineth Bedoya” y que, por el dolor que había tenido que revivir, “no le hará preguntas a la víctima”. Los jueces y los Estados no hablan de “víctima” sino de “presunta víctima”, antes de que haya sentencia. ¿Comprometieron por ello su imparcialidad los agentes del Gobierno?
La respuesta de la Corte fue contundente: “No se desprende atisbo de parcialidad” por las preguntas, y los comentarios hechos son los apropiados para que las víctimas de violencia sexual declaren “en un ambiente cómodo y seguro”. La Corte agregó que cuestionar su capacidad para interrogar es “un intento fallido” para “debilitar al Tribunal Interamericano y obstaculizar el acceso a la justicia de las presuntas víctimas”. También consideró que “afectaría seriamente la independencia y autonomía de la Corte” someter la decisión del asunto a la Asamblea de la OEA, como lo solicitó de manera delirante el Gobierno. Y le recordó que, en vez de retirarse de la audiencia, lo correcto es continuar compareciendo “en todos los actos procesales subsiguientes a la respectiva resolución” que desestime los cuestionamientos sobre imparcialidad. Así lo hizo Venezuela entre 2010 y 2013, en ocho casos que le citó la Corte.
El Gobierno también actuó indebidamente al proponerle a Jineth Bedoya una solución amistosa. Primero, porque si el Estado está de acuerdo con las pretensiones de la víctima, lo que procede durante el juicio es manifestarle a la Corte su conformidad al respecto. Segundo, porque esas propuestas no pueden dirigirse a la víctima sino a sus abogados. En Colombia es una falta al Código Disciplinario “negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de esta”.
Además, el Gobierno no actuó en defensa de la Nación. En la práctica, su recusación favorecería a los paramilitares y a los agentes estatales responsables del secuestro, las torturas y las violaciones sexuales padecidos por Jineth Bedoya, de la falta de protección a su vida y la de su madre, de la impunidad, y de la pavorosa podredumbre que corroe al país, a juzgar por la oficina del crimen que las autoridades han permitido funcionar en La Modelo. Lo que se intentó con esta recusación fue impedirle a la Corte estudiar la enorme responsabilidad del Estado en estos males, que ha debido corregir durante los más de 20 largos años que ha tenido para hacerlo. Motivado por lo mismo, el gobierno de Chávez y de Maduro se retiró de la Convención Americana desde 2013. No pensará el Gobierno colombiano seguir sus pasos. ¿O sí?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El Gobierno se equivocó profundamente al recusar a cuatro jueces de la Corte Interamericana en el caso de la periodista Jineth Bedoya, violó la obligación de comportarse éticamente en los procesos judiciales y actuó en contra de la población colombiana.
La recusación fue cantinflesca: el Gobierno alegó que los jueces “adoptaron comportamientos que generaron dudas razonables sobre su imparcialidad” por sus preguntas y comentarios a Jineth Bedoya. Tales comportamientos habrían sido sus manifestaciones de solidaridad por el secuestro y las violaciones sexuales que ella padeció. Pero el Gobierno manifestó asimismo que rechazaba “absolutamente todo lo que le sucedió a Jineth Bedoya” y que, por el dolor que había tenido que revivir, “no le hará preguntas a la víctima”. Los jueces y los Estados no hablan de “víctima” sino de “presunta víctima”, antes de que haya sentencia. ¿Comprometieron por ello su imparcialidad los agentes del Gobierno?
La respuesta de la Corte fue contundente: “No se desprende atisbo de parcialidad” por las preguntas, y los comentarios hechos son los apropiados para que las víctimas de violencia sexual declaren “en un ambiente cómodo y seguro”. La Corte agregó que cuestionar su capacidad para interrogar es “un intento fallido” para “debilitar al Tribunal Interamericano y obstaculizar el acceso a la justicia de las presuntas víctimas”. También consideró que “afectaría seriamente la independencia y autonomía de la Corte” someter la decisión del asunto a la Asamblea de la OEA, como lo solicitó de manera delirante el Gobierno. Y le recordó que, en vez de retirarse de la audiencia, lo correcto es continuar compareciendo “en todos los actos procesales subsiguientes a la respectiva resolución” que desestime los cuestionamientos sobre imparcialidad. Así lo hizo Venezuela entre 2010 y 2013, en ocho casos que le citó la Corte.
El Gobierno también actuó indebidamente al proponerle a Jineth Bedoya una solución amistosa. Primero, porque si el Estado está de acuerdo con las pretensiones de la víctima, lo que procede durante el juicio es manifestarle a la Corte su conformidad al respecto. Segundo, porque esas propuestas no pueden dirigirse a la víctima sino a sus abogados. En Colombia es una falta al Código Disciplinario “negociar directa o indirectamente con la contraparte, sin la intervención o autorización del abogado de esta”.
Además, el Gobierno no actuó en defensa de la Nación. En la práctica, su recusación favorecería a los paramilitares y a los agentes estatales responsables del secuestro, las torturas y las violaciones sexuales padecidos por Jineth Bedoya, de la falta de protección a su vida y la de su madre, de la impunidad, y de la pavorosa podredumbre que corroe al país, a juzgar por la oficina del crimen que las autoridades han permitido funcionar en La Modelo. Lo que se intentó con esta recusación fue impedirle a la Corte estudiar la enorme responsabilidad del Estado en estos males, que ha debido corregir durante los más de 20 largos años que ha tenido para hacerlo. Motivado por lo mismo, el gobierno de Chávez y de Maduro se retiró de la Convención Americana desde 2013. No pensará el Gobierno colombiano seguir sus pasos. ¿O sí?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).